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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Recurso de choque

EL ANUNCIADO recurso del ministerio fiscal contra la sentencia del caso Nécora se ha convertido, en parte objetivamente, en parte intencionadamente, en una especie de terapia de choque ante la urgencia de atemperar la fuerte alarma social irradiada por ese fallo judicial. Objetivamente: la iniciativa del fiscal abre la esperanza de que el Tribunal Supremo revise la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, algo que es acorde con el sistema de recursos establecido en las leyes procesales. Intencionadamente: el apresura miento del Gobierno en interesar del fiscal general del Estado la interposición del recurso proyecta sobre la iniciativa un halo de conveniencia política que no empaña, en absoluto, su plena legalidad.Es posible que la sentencia del caso Nécora no haya aplicado correctamente los preceptos del Código Penal sobre el tráfico de drogas a algunos de los hechos declarados probados. El fiscal lo cree así en el caso de Ios capos del narcotráfico gallego que han sido absueltos y en el de algunos de sus subordinados que han sido condenados a penas consideradas benignas en relación con su delito. Y hasta sería posible, aunque no probable, que se pudiera apreciar algún defecto de forma que invalidara, en parte o en todo, la sentencia. No sería, en ese supuesto, la primera vez que el Tribunal Supremo propina fuertes correctivos a la Audiencia Nacional en procesos con impacto social: el de la colza, por ejemplo. Pero nada de extraño tiene que sea así, dada la complejidad y la gravedad de los asuntos delictivos que corresponde investigar y juzgar a la Audiencia Nacional en todo el territorio del Estado (terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada de todo tipo, delitos económicos...).

En la medida, pues, en que la esperanza de revisión de la sentencia del caso Nécora se asiente en las previsiones legales está plenamente justificada. Es el camino para dar satisfacción al hondo deseo de justicia que expresan, sin duda, la cólera y la decepción causadas por la sentencia en, los colectivos sociales más directamente afectados por la acción de los narcotraficantes. Pero esa esperanza no está justificada, además de ser ilusoria, si se alimenta del secreto deseo de que el Tribunal Supremo no respete la normativa penal y procesal vigente en la misma medida, al menos, en que lo ha hecho la Audiencia Nacional.

Los detractores de la sentencia del caso Nécora han puesto el énfasis de su crítica y descontento en el sistema de garantías. Han venido a lanzar el mensaje de que determinadas actuaciones delictivas sólo pueden ser perseguidas eficazmente si se relaja dicho sistema. Si se abriera ese boquete en el Estado de derecho, es más seguro que entrara por él la masa de la delincuencia menor que ya atiborra las cárceles españolas que la élite de la delincuencia organizada, siempre con mayores posibilidades de ser bien asesorada y defendida.

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La sentencia del caso Nécora sí cuestiona, en cambio, el tipo de organización, la escasez de medios y la vetustez de procedimientos de la justicia española frente al desafío de grupos delictivos perfectamente organizados y que disponen de los más modernos medios técnicos para realizar y camuflar sus operaciones. Las dosis de inoperancia que atenazan al sistema judicial se manifiestan más nítidamente ante este tipo de actuaciones delictivas, infinitamente más enrevesadas que el tirón callejero o, incluso, el crimen pasional. ¿Puede seriamente pensarse que los cinco jueces de instrucción y los otros tantos fiscales de la Audiencia Nacional se bastan para combatir eficazmente la delincuencia organizada de toda España?

La obligada lejanía, incluso geográfica, con que en esas condiciones debe llevarse a cabo la investigación judicial no se palia, ciertamente, con esporádicas y espectaculares visitas al lugar de los hechos. Tampoco la acusación del fiscal puede alcanzar plenamente su cometido si apenas se basa en otra cosa que en el atestado policial. Esa forma de actuar puede ser válida ante la delincuencia más corriente, pero hace aguas por todas partes ante la de más altos vuelos.

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