El dislate sin fondo
Es difícil encontrar en la soporífera actualidad política nacional algo que comentar cada semana; pero es aún más difícil dar abasto para glosar en una columna el sinnúmero de dislates que semanalmente se producen en nuestro país.Esta semana se lleva la palma la actitud de los españoles ante la presencia y recomendaciones del FMI, reunido en Madrid para celebrar su cincuentenario. Si la actitud popular ha rayado en lo esperpéntico, la oficial, incluida claro está la oposición, no le ha ido a la zaga. Muy bien debe marchar la economía española cuando, pese a la imagen de los agentes de Greenpeace lanzando dólares falsos sobre el establishment económico mundial, no se ha derrumbado la peseta.
En efecto, la reacción española ante el Fondo ha ido de lo profético a lo castizo, sin salir nunca, por supuesto, de lo erróneo. Los sectores más varios de la sociedad española, desde los piadosos hasta los radicales, han condenado la inmoralidad del Fondo, descubriendo misteriosas conexiones entre los planes de ajuste, el hambre de los ruandeses y la destrucción de la capa de ozono. Y, en paralelo, las fuerzas políticas se han reafirmado en su voluntarismo para rechazar la ingrata realidad tildada de tecnocracia. Y tales posiciones nos remiten al ayer.
Hace 35 años, una misión del FMI vino a España, cuya economía se ahogaba bajo el peso de un modelo, con razón calificado de "castizo y popular" (Juan Velarde), caracterizado por la cerrazón, el intervencionismo y la inflación, frente al cual el Fondo, primero, y poco después el Banco Mundial en un famoso informe, propugnaron la apertura, la liberalización y la estabilidad. Es claro que entonces, como ahora, tales recomendaciones escandalizaron a los castizos pero, felizmente, sirvieron para que prosperaran las ideas de racionalidad económica defendidas por nuestros mejores economistas, desde Flores de Lemus a Fuentes Quintana, pasando por Sardá. El resultado fue el desarrollo de los años sesenta y la definitiva modernización de la economía española.
Hoy, para seguir por la senda entonces iniciada, es evidente que España, como acaba de reconocer el FMI, no puede permitirse alegrías con la inflación, ni soportar rigideces en el mercado de trabajo superiores a las de las economías de su entorno, ni asumir pesos cuyo exceso depende en último término de factores más demográficos que estrictamente económicos. La progresía española de hoy (la radical, la hereditaria y la conversa) reacciona ante el Fondo como los sectores más arcaizantes de anteayer, renegando de la modernidad y la racionalidad.
Pero sería más grave aún que la democracia, felizmente recuperada, sucumbiera a la demagogia y rehuyera comprometerse con tales valores. A veces la demagogia sirve para ganar elecciones; pero termina arruinando a las naciones.
El dislate no tiene fondo, y en campos diferentes hemos visto esta semana dos muestras dignas de un museo de los horrores (algo más que errores) jurídico-políticos.
El PP y, a sus rastras, el PSOE, han votado en el Congreso de los Diputados, a la vez que tramitan la autorización para ratificar la ampliación de la Unión Europea, la no ampliación de la misma, en tanto no se arregle el conflicto pesquero. Se olvidan así los acuerdos a que se había llegado con los eventuales nuevos miembros, por cierto en todo ajenos al conflicto. Se hace de la ratificación una especie de veto y se confunde éste con un instrumento de chantaje. ¡Y esto lo hacen los európatas! Algunos creemos en la soberanía nacional y en los permanentes intereses de los Estados, pero no dudamos de que los pactos deben ser cumplidos.
De otro lado, la opinión, debidamente desinformada, se escandaliza de que las Cortes Generales no investiguen los casinos catalanes y las tragaperras vascas, dos materias referidas a competencias transferidas a las respectivas autonomías. Es claro que el principio de competencia básico en cualquier sistema autonómico obliga a que tales materias transferidas se controlen en sus respectivos parlamentos y no en las Cortes Generales. Pretender lo contrario es como si se propusiese que los ejecutivos autonómicos fueran controlados, reprobados, censurados -¿y por qué no, elegidos?- en Madrid, en vez de en Barcelona y en Vitoria. ¡Y quien eso propone se precia de autonomismo!
De todo el corpus doctrinal marxista, una sola frase (la única que me parece certera) no ha calado en España. Aquella en que Marx decía: "Nunca a nadie ha sido de provecho la ignorancia".
