86 de los 100 acusados del fraude a la Seguridad Social asumen la culpa a cambio de penas míninas

En la justicia también hay rebajas, como se vio ayer en el juicio por el fraude de la Seguridad Social descubierto en Barcelona en 1983. Del centenar de ex cargos de la Inspección de Trabajo, intermediarios y empresarios acusados de una estafa de cerca de 4.000 millones, de pesetas, falsedad en documento y cohecho, 86 asumieron la culpa, pero con una sustancial rebaja en las penas que solicitaba el fiscal. Todos ellos se conformaron con penas que no superan el año de prisión. El fiscal retiró los cargos de otros cuatro, y sólo 10 estarán en el banquillo de la Audiencia de Barcelona.

La vista tuvo que ser suspendida temporalmente por una falsa amenaza de bomba. En el grupo de los 86 que ayer manifestaron su conformidad se encuentran los considerados cerebros del fraude, los ex altos cargos de Trabajo de hace más de una década Graciniano López Catón, Ramón Ballesteros y Francisco Gilabert. Para estos tres, el fiscal pedía en las conclusiones provisionales penas de 7 a 10 años de cárcel sólo por la imputación de estafa. Esa petición. quedó reducida ayer a un año de cárcel. Perecido caso es el del gestor de empresas Vicente Cardellach, que se conformó con nueve meses de prisión. Entre los empresarios, las penas que inicialmente se solicitaban, de hasta cuatro años de cárcel por el cargo de estafa, quedaron reducidas a un máximo de 11 meses de prisión para los que se conformaron. En este apartado se encuentran, entre otros, Javier Juncadella Salisachs, Josep Maria y Agustí Montal, y Rosendo Puigneró.Todos ellos, al conformarse, admitieron que participaron en el fraude a la Seguridad Social que partió de un acuerdo entre empresarios, funcionarios de Trabajo y gestores. El trato consistía en rebajar las cantidades de la cuota de la Seguridad Social que habían de ingresar las empresas. A cambio de reducir la deuda, muchas veces a la mitad, los funcionarios de la Inspección de Trabajo involucrados cobraban comisiones.

Muchos de los 100 inicialmente acusados estuvieron presos al inicio de la investigación. Con la rebaja de penas hecha por el fiscal, ninguno de ellos entrará de nuevo en la cárcel, y se da la circunstancia de que alguno estuvo en prisión preventiva más tiempo del que finalmente ha solicitado el fiscal.

Al iniciarse la vista, empezaron a contestar, uno a uno, las preguntas que les formuló el presidente del tribunal, el magistrado Josep Maria Pijoan: "¿Conoce los hechos que se le imputan? ¿Se reconoce culpable? ¿Está de acuerdo con las penas que le pide el fiscal?". A estas tres preguntas, los 86 que se conformaron contestaron que sí, aunque algunos de ellos lo hicieron con cara de evidente fastidio.

Entre los 86, hubo 15 que no estuvieron de acuerdo con la cantidad fijada por responsabilidad civil, aunque sí asumieron las acusaciones penales. Los 10 que se creen inocentes contestaron que no a las tres preguntas del tribunal y, por tanto, serán sometidos a juicio. Los interrogatorios se inician hoy.