Reinserción y consenso

EL CONSENSO antiterrorista implica que la oposición otorga al Gobierno, en ese terreno, un margen de confianza que le niega en otros. Si el ministro del Interior tuviera que consultar con los partidos cada iniciativa que toma, ya no habría consenso, sino otra cosa. Pero ahora parece haberse roto la línea de con fianza que sostenía ese consenso, y recomponerla es prioritario. Y ello difícilmente se conseguirá intercambiando reproches sobre quién es el culpable de la rupitura. La reunión en septiembre de los firmantes de los pactos antiterroristas dará ocasión de discutir los argumentos de cada cual respecto. a lo que parece ser eje de la divergencia: las diferentes interpretaciones sobre el punto de los pactos antiterroristas relativo a la reinserción. Esa divergencia amenaza trasladarse a las relaciones entre el poder ejecutivo y el judicial. Lo fundamental de los pactos es la reafirmación de unos principios que ningún partido democrático puede rehusar, en particular la negativa a obtener beneficios políticos de la violencia y el rechazo de la guerra sucia para combatir a ETA. Pero, junto a ello, el Pacto de Ajuria Enea recoge una serie de acuerdos sobre cuestiones que, sin ser de principio, se consideran útiles para acabar con la violencia: una de ellas es el apoyo a "las vías de reinserción de las personas que decidan abandonar la violencia".

La expresión "vías de reinserción" proviene de los acuerdos de disolución de ETA Político-militar a comienzos de los años ochenta. Se refiere al conjunto de medidas puestas en juego entonces para hacer posible la salida de la cárcel, en un plazo dado, de los miembros de esa organización. Tales vías combinan medidas administrativas, como el cambio de grado penitenciario; judiciales, como la concesión de libertades condicionales, y políticas, como los indultos decididos por el Consejo de Ministros. Su aplicación requirió un delicado acuerdo entre el Gobierno y el poder judicial a fin de encajar el paquete de medidas en la legalidad, Posteriormente se vio conveniente abrir una vía similar en relación a los presos de ETA Militar, la única que ha seguido matando.

Su fundamento político es el intento de hacer frente a la explotación por parte del mundo de ETA de la identificación sentimental de sectores de la población vasca con los antiguos activistas presos. La importancia de ese factor en la reproducción generacional de ETA -por vía de parentesco-amistad o vecindad- es innegable, y, en general, se admite que los procesos de reinserción han perjudicado las expectativas de ETA. El objetivo, por tanto, es político, y aunque las medidas deban tener encaje en la legalidad, induce a confusión plantearlo como simple derivación del principio genérico de resocialización de los presos.

Parece seguro que la reinserción ha sido un potente factor de división del universo carcelario etarra y que ello ha afectado a la cohesión de todo el entramado terrorista. Así lo confirma la fuerte oposición de sus propagandistas y sectores especializados en agitar la bandera de las cárceles. Pero la duda es si ese efecto compensa otros: la eventual pérdida de contenido disuasorio de las condenas judiciales, en primer lugar; pero también, en el terreno político, la desvalorización del la libertad de los presos como única contrapartida posible al abandono colectivo de las armas. Mantener indefinidamente abierta, sin límite temporal o de tipo de delito, la oferta de reinserción ha sido interpretado por los estrategas etarras de la negociación política como la prueba de que la amnistía está dada por adelantado, sin necesidad de modificar su posición. Finalmente, el agravio que puede suponer para las víctimas, y su desmoralizador efecto social.

Esas dudas no sólo las ha tenido el PP, como lo demuestra el consenso que en un momento dado existió en tomo a una reforma del Código Penal que excluyera a los terroristas de los beneficios de, la redención de penas. Por ello, el error del PP no fue tanto expresar sus dudas respecto a la reinserción como ponerlas en relación con los últimos atentados de ETA y no haber sopesado el efecto de división del campo democrático -partidos e instituciones- de su desmarque.

Era casi inevitable que, una vez roto ese principio de prudencia, algunos jueces elevaran el tono de la discrepancia a cuestión institucional. Para evitar esa dinámica, que amenaza con garantizar un nuevo verano de publicidad gratuita a ETA -que esta semana ha vuelto a matar-, habría sido conveniente una mayor fluidez en las relaciones entre Interior y los partidos. Como mínimo, es exigible que de aquí a septiembre se reconstruyan esos canales y se busque un compromiso que permita reanudar el consenso.