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lunes, 25 de julio de 1994

Ocho de cada diez inmobiliarias inspeccionadas este año por la Comunidad incumplen la ley

Las estafas conocidas de algunos promotores de viviendas no han escarmentado ni los consumidores ni a los empresarios. as inspecciones de la Comunidad de Madrid revelan que en el último año se ha duplicado el número de inmobiliarias que incumplen la ley: ocho de cada diez carecen de garantías suficientes para que el dinero de los compradores se destine realmente a la construcción de sus casas. Mientras, la Organización de Consumidores y Usuarios no ha recibido ni una sola queja por este asunto. Para la Comunidad, las cifras son "preocupantes".

Los inspectores de Consumo descubrieron que de las 48 promotoras inspeccionadas el pasado año, 22 carecían de avales. Estos avales garantizan que, en el caso de que la vivienda no se construya en el tiempo y condiciones pactadas, los compradores recuperarán el dinero invertido.El 46% incumplía este requisito. Pero este año los inspectores se han encontrado con una realidad más desalentadora: de 41 empresas analizadas, 33 (el 80,51%) carecían de estos avales.

1 A la vista de los resultados; el último informe de la Dirección General de Comercio y Consumo concluye: "En la actualidad, las personas que adquieren viviendas sin terminar, entregando una cantidad anticipada, se encuentran, en gran proporción, en una situación de desprotección evidente". Y continúa: "Aún más, puede decirse que dicha desprotección ha aumentado de manera alarmante en el último año".

"Estos datos", añade la Dirección General de Consumo, "ponen de manifiesto una situación que, cuando menos, puede considerarse preocupante, dado que tan sólo siete de las empresas cumplían en su totalidad este primer y fundamental requisito".

Las promotoras tienen, según la ley, dos opciones para garantizar que si la construcción de las viviendas no se lleva a término tal y como estaba convenido los compradores recuperen el dinero que han ido entregando a la empresa suscribir avales bancarios o pólizas de seguros.

Las empresas inspeccionadas que carecían de ambos requisitos alegaron que las compañías de seguros ponen "muchos obstáculos", para asumir el riesgo. Además del escaso número de aseguradoras que suscriben este tipo de pólizas, las altas tarifas que exigen son el principal problema que desanima a las promotoras.,

El encarecimiento de las operaciones y las innumerables garantías que exigen las entidades financieras ocasiona que el promotor renuncie y deje al descubierto el dinero de sus clientes.

Cuentas especiales

La normativa obliga a suscribir la póliza y a abrir una cuenta especial antes de que comience la venta de las viviendas. La ley establece como requisito que en la publicidad para la venta se consignen los números de la póliza y la cuenta y el nombre de las entidades contratadas.

Con la cuenta especial se garantiza al comprador que el dinero que va depositando no se destina por la promotora a otros fines que no sea la construcción de la vivienda.

De las 41 empresas inspeccionadas, 30 tenían cuentas de depósito, aunque Consumo ha encontrado muchas dificultades que le han impedido com-, probar si esas cuentas eran realmente "especiales", es decir, si cada cuenta es "exclusiva de una promoción concreta, sin que se toquen en ningún caso". Demostrar esto "requeriría una colaboración por parte de bancos y cajas", revela en un informe la Comunidad de Madrid.

Mientras tanto, los consumidores siguen entregando importantes cantidades a las promotoras sin exigirles los mínimos legales. Es el "desconocimiento de la ley" lo que, una vez más, obstaculiza que los ciudadanos exijan su cumplimiento, según la OCU. A esto hay que unir el "carácter" de los españoles, que son poco aficionados a reclamar formalmente o a denunciar los atropellos, asegura Alberto Ullá, responsable de los asuntos relacionados con seguros y viviendas de la Organización de Consumidores y Usuarios.

Consultas por el 'caso PSV'

Según Ullá, las consultas sobre asuntos de promotoras de viviendas aumentaron cuando, surgió el escándalo de la cooperativa ugetista PSV. Sin embargo, a pesar de que en muchos -casos era evidente qué existía indefensión para el comprador, ninguno formalizó una queja ni una reclamación. "Muchas veces la gente no lo hace por miedo a perder la posibilidad de adquirir la vivienda; si ponen pegas a las promotoras, pues no los admiten como clientes y se quedan sin la posibilidad de acceder a la vivienda".

Otro de los datos preocupantes es la publicidad: tanto en la campaña de inspección del pasado año como en éste se concluyó que toda la publicidad recogida en prensa y folletos incumplía la legislación.

En la campaña de 1993, Consumo propuso inspecciones periódicas. Un año después, reconoce el fracaso: "La situación no ha hecho más que empeorar, y no parece muy satisfactoria de cara a la protección del consumidor.

Ahorros en un pozo sin fondo

Los incumplimientos de las promotoras inmobiliarias se han cobrado miles de víctimas en Madrid. Esta plaga enterró los ahorros de muchos en un pozo sin fondo. La reputación de unos pocos también ha resultado tocada.Ahí está José Luis Gómez Pinto, nacido Pinto Fontán, explicando en los juzgados qué ha pasado con los 40 millones de pesetas entregados por cada uno de los 220 compradores de las viviendas de lujo que les prometió. Las Terrazas de Aravaca, en este municipio madrileño, iba a ser una urbanización con squash, piscinas, saunas y gimnasios, y ahora es un saco de obras inacabadas y problemas financieros. Una presunta estafa en- la que, a pesar de que existía aval bancario, este dinero no se empleó en la construcción de las. viviendas, sino en otros negocios del promotor.

Los jueces también están pidiendo explicaciones a Juan José I. R.,, administrador único de la sociedad Procosal promotora de la cooperativa de viviendas Los Altos de Orgaz. Está acusado de estafar 400 millones de pesetas a 47 clientes que entregaron esta cantidad para la construcción. de sus viviendas. Las casas no se han levantado aún.

Esta plaga, que según la última inspección de la Dirección de Consumo de la Comunidad de Madrid se está extendiendo con una rapidez "preocupante" ocho de cada diez promotoras incumplen la ley, el doble que en 1993, no se acaba de descubrir. Ya en 1963 la sociedad Nueva Esperanza prometió duros a cuatro pesetas.

Fueron 10.000 incautos los que cayeron en uno de los escándalos más sonados de la época, De estos, 5.500 eran madrileños que entregaron sus ahorros a cambio de un piso que al final fue nada. Diez años después se celebró el juicio, y hasta 1992 -25 años después- no cobraron la indemnización fijada por el juez. Algunos de los afectados pudieron, por fin, cobrar el dinero. Otros no lo vieron en vida: cobraron sus herederos.

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