La vivienda tiene solución
Se le atribuye a Hernán Cortés la expresión de que "en circunstancias especiales, el hecho debe ser más rápido que el pensamiento". Eso es apropiado cuando hay que repeler el ataque de una serpiente en la jungla, pero dichas circunstancias especiales que invierten el proceso lógico de la conducta racional no deben darse nunca en lo público, y menos en materia de urbanismo, donde las decisiones crean derechos y obligaciones inmediatas, pero donde los hechos y sus efectos se miden antes por décadas que por años y afectan a todos los ciudadanos.Sin embargo, es de esa manera inapropiada como está actuando el Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid con su planteamiento de los grandes crecimientos de la ciudad (los famosos PAU). Desoyendo todos los criterios que no sean los suyos (resto de los partidos, asociaciones de vecinos, sindicatos, etcétera), y, eso sí, a lomos de la necesidad de vivienda", el gobierno municipal madrileño se ha embarcado sobre una propuesta de calificación masiva de suelo poco realista, urbanísticamente desastrosa y perjudicial para los intereses generales, ya que sólo beneficia a aquellos que pretenden materializar sus expectativas de plusvalías sobre los suelos en los que se han hecho oscuros convenios. El PP bajo una apariencia de construcción de viviendas, sencillamente hace una operación de especulación.
Afortunadamente, la cautela prevista en la ley, esto es, el control de la comunidad autónoma, ha paralizado dicha actuación. Y debería paralizarlo, en su forma actual, definitivamente. Independientemente de su contenido, altamente negativo en nuestro criterio, hay al menos dos razones básicas que determinan concluyentemente dicha postura:
1. Una propuesta que plantea la creación de un desarrollo equivalente a la ciudad de Alicante o a la de La Coruña, no es una modificación puntual del plan general como pretende el PP, sino que constituye de hecho la revisión de dicho plan, y eso lleva otro proceso más complejo y más completo.
2. No se puede plantear una propuesta de dicho calibre sin los lógicos estudios de impacto, de repercusión ambiental, Viabilidad... Eso, que se exige obligatoriamente para la apertura de un restaurante, no es necesario para el Partido Popular en una propuesta que contempla 70.000 viviendas y varios millones de metros cuadrados de comercios y oficinas.
Por cualquiera de estas dos razones, la propuesta debe ser remitida al proceso de revisión del plan general, que es el ámbito natural donde debatir el modelo futuro para la ciudad y las medidas a adoptar.
Pero ante ese planteamiento, el Partido Popular ha decidido convertir el tema no en un debate urbanístico ni en un análisis del contenido de la propuesta, sino en una batalla política donde, lógicamente, el, PSOE de la CAM es el malo, y el PP del Ayuntamiento, la víctima. Se llega así al extremo de afirmar que órganos como la Comisión de Urbanismo de la CAM o el Consejo de Gobierno de la misma no son competentes para desaprobar una propuesta aprobada en un órgano como el pleno municipal, formado por representantes electos.
Según esta tesis, el Tribunal Constitucional infirió un atentado a la democracia cuando anuló la ley Corcuera, aprobada por el Congreso de los Diputados.
No es el sitio éste para profundizar en el análisis de la propuesta del Partido Popular, pero hechos tales como colgar todos los desarrollos de la M-40, que no está ni hecha ni prevista para eso, y eliminar todos los espacios libres previstos en el plan vigente o plantear ordenaciones y densidades, que los propios promotores critican por la sobresaturación que originarían, no son precisamente cualidades de las que estar satisfecho. Por otra parte, la existencia actual de suelo calificado para decenas de miles de viviendas, la divergencia entre lo propuesto y el funcionamiento y la capacidad real del mercado, la carencia de vivienda en la propuesta para los sectores verdaderamente necesitados, la urgencia de su aprobación cuando los propios responsables del PP reconocen que el proceso se materializaría en más de 20 o 30 años y la firma de acuerdos y convenios a cuenta de los aprovechamientos antes de su aprobación definitiva, no hablan favorablemente de la sinceridad de los planteamientos del PP. Sí es el sitio, cualquiera lo es, para dejar claras algunas premisas con las que abordar el tema del alojamiento. El primer concepto que debe quedar claro es que el problema del alojamiento no es tanto una cuestión de producción de vivienda como de adecuación de la demanda a la oferta.
En lo referente al papel municipal, la delimitación y oportuno desarrollo de reservas de suelo para vivienda social, la agilización y control de la gestión urbanística que evite la retención especulativa del suelo por los privados, el impulso de la rehabilitación que evite nuevos desalojos por ruinas y recupere inmuebles obsoletos, la gestión productiva de su enorme patrimonio de viviendas municipales, la promoción directa de vivienda para chabolistas, la cesión en derecho de superficie para cooperativas, etcétera, todo ello con especial atención a los jóvenes y con utilización preferente del sistema de alquiler, representa el camino difícil pero auténtico y realista para abordar la resolución del problema del alojamiento.
No hay soluciones mágicas o radicales como nos quiere hacer creer el equipo de Álvarez del Manzano. Como decía Einstein: "Existen otros mundos, pero todos están en éste". Existen soluciones, fudamentalmente las expuestas arriba y que en gran parte estaban ya puestas en marcha. Todas ellas son arduas y su eficacia requiere su mantenimiento en el tiempo, garantizado sólo por el consenso y el fuerte y decidido compromiso con el objetivo. Lamentablemente, ambos conceptos son ajenos a la propuesta del PP.
José María de la Riva Amez es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid
