Acuerdo mundial para prohibir el vertido de residuos radiactivos e industriales al mar

Efectuar vertidos radiactivos e industriales al mar ha quedado definitivamente prohibido a escala internacional. Así lo decidieron ayer, por amplia mayoría, los 45 países que han participado esta semana en las negociaciones destinadas a modificar la Convención de Londres, el tratado que regula el lanzamiento de residuos contaminantes al medio marino. El Reino Unido, Francia, Bélgica, Rusia y China se abstuvieron en la votación final. La prohibición entrará en vigor dentro de 100 días a partir del 1 de enero de 1994. Hasta entonces continuará aplicándose la moratoria vigente.

La cita de Londres agotó hasta el último minuto para alcanzar un acuerdo claro. Antes del escrutinio fue rechazada una propuesta conjunta presentada por británicos y franceses, que pretendían dar por concluida la prohibición dentro de un quinquenio.Precisamente en el año 2008 expira el acuerdo sobre el Atlántico noreste (desde Gibraltar hasta el Ártico), suscrito por ambos y que les impide lanzar allí sus desechos peligrosos.

Londres y París apoyaron su postura asegurando que es preferible "no cerrar la puerta del mar para dejar allí basuras que contaminan. A largo plazo, sus aguas pueden constituir un medio más seguro que la tierra para almacenarlas".

La delegación británica señaló, además, que la mezcla de aguas superficiales y corrientes profundas es muy lenta. "Ello, unido a la lenta disolución de productos radiactivos en el volumen del océano, hace que la entrada de los mismos en la cadena alimentaria sea insignificante".

Bélgica explicó que necesita el mar para deshacerse de los residuos de sus centrales nucleares. En cuanto a China, defendió sólo la aplicación de criterios científicos a la hora de escoger el mar.

El caso ruso

El caso ruso es distinto. Sometida a grandes tensiones políticas, la Federación Rusa asegura que desea sumarse a la prohibición permanente. Dado el elevado número de sus restos nucleares, procedentes sobre todo de su flota de submarinos, solicitó un plazo hasta 1995 para seguir dejándolos en las aguas. También fue rechazado. A cambio será constituido un comité de expertos que explorará el territorio ruso en busca de un lugar seguro para almacenarlos o destruirlos.

Estas abstenciones crean una situación ambigua acerca del grado de vinculación a la Convención de Londres por parte de París, Moscú, Bruselas, Pekín y Londres.

De todos modos, la presión política y ciudadana sobre estas capitales será ahora enorme. "Van a verse aisladas con un asunto muy delicado para la opinión pública".

A la larga tendrán que elegir entre sumarse a la prohibición o abandonar incluso el tratado", han señalado fuentes de la organización ecologista Greenpeace.

El encuentro de Londres ha servido además para impedir la incineración de residuos contaminantes en el mar. Para España, que votó a favor de las prohibiciones, la relativa al material radiactivo supone un alivio, así como la confirmación de sus peticiones desde los años ochenta.

Dos de las fosas oceánicas susceptibles de recibir basuras peligrosas están cerca de las costas gallegas y de Canarias. Para Domingo Jiménez Beltrán, director general de Política Medioambiental, las difíciles negociaciones de esta semana evidencian Ia importancia de la concienciación social y política en este campo".

Sin salidas fáciles

"Esta prohibición total supone además limitar salidas fáciles como el mar", continuó Jiménez. "Sólo cerrando esta válvula de escape podrá avanzarse en el terreno científico y buscar un destino más adecuado para los residuos molestos".

La Convención de Londres ahora modificada reúne a 70 países. Fue adoptada en 1972 y entró en vigor en 1975. Incluía una moratoria de 10 años que expirará en 1994. Además de proteger el entorno marino trata de favorecer la colaboración entre los países para que investiguen y eviten su destrucción.

El pasado octubre, un buque de guerra ruso fue sorprendido por Greenpeace arrojando 900 metros cúbicos de residuos líquidos de baja radiactividad a unos 550 kilómetros de la costa japonesa. "Las protestas derivadas de dicho acto ilegal han logrado modificar la postura de países como EE UU y el propio Japón. Ambos han apoyado la prohibición definitiva, y éste es un ejemplo del poder de ciudadanos y Gobiernos en este campo. Ahora sólo hay que transformar los discursos en realidad", concluyó ayer la organización ecologista.