Autobús y seguridad
UN AUTOBÚS de pasajeros perdió hace un año la carretera en Torreblanca, volcó y, al aplastarse, causó 46 muertos. Como siempre, el golpe del acontecimiento produjo en el acto una serie de medidas que debían haberse cumplido desde entonces, y, como es también habitual, están sin cumplir aún.Una se refería a ciertas condiciones de la carrocería que aumenten la sujeción entre el techo y el cuerpo del vehículo para evitar este efecto de acordeón: es obligatorio para los vehículos fabricados con posterioridad al 1 de abril pasado, y lo será para los matriculados con posterioridad a junio del año próximo, independientemente de la fecha de su fabricación. Fuera de campo queda la flota de los autobuses matriculados con anterioridad, los más viejos. Se denunció también la cuestión de la piratería de la carretera, que tiene importancia decisiva en la seguridad: al huir de la burocracia cara y fiscal, se rehúyen también las inspecciones técnicas sobre los elementos esenciales para la estabilidad y manejabilidad del vehículo, incluso de las capacidades del personal que lo conduce., La posibilidad de separar Fiscalidad de seguridad, de forma que una cosa fuese la inspección técnica y otra la fiscal, no convence a los recaudadores.
Las investigaciones sobre piratería suelen ser también escasas: hay una enorme flota de vehículos de servicio público que no siempre son investigados, y sólo se practica una mayor vigilancia en los momentos de acumulación en la carretera y de riesgo mayor: se dice que en estos días de relevo de vacaciones y de puente largo en algunas comunidades se ha pasado revista en la carretera a unos 5.000 vehículos: no hay noticia de que se hayan considerado piratas a más de cinco, aunque se hayan descubierto irregularidades burocráticas en muchos más. Es un porcentaje que no alienta la credibilidad.
Entre toda esta falta de aplicación de medidas nuevas y de premura en cumplir las que existen, la de la sanción y reparación es dolorosa. En este primer aniversario de la catástrofe, el caso se encuentra en lo que se llama fase de presentación de las calificaciones previas de las partes personadas. Es posible que la vista oral, en el Juzgado número 1 de Castellón, no comience en lo que queda de año. Hay grandes intereses en juego: las responsabilidades no se detienen en la circunstancia inmediata del accidente, sino que llegan a las difíciles cuestiones de la propiedad, la forma del seguro, la autorización de circular y la responsabilidad de quien dio o no dio esa autorización; incluso el hecho de que unos momentos antes del suceso el autobús fuese detenido por la policía de tráfico y autorizado a continuar su viaje ha podido ser interpretado por alguna de las partes interesadas como una responsabilidad estatal. Todo ello tiene una importancia a la hora de encontrar y conseguir el dinero para el pago de las indemnizaciones, y siempre se busca con más ahínco a quien tiene ese dinero que a quien tiene más responsabilidad. La cifra determinada por el fiscal es de 576 millones de pesetas.
El retraso endémico de la justicia española en resolver temas como éste está produciendo los daños acostumbrados: el desamparo de los herederos o supervivientes, la falta de ejemplaridad y, finalmente, una extensión de la duda en la verdadera culpabilidad del suceso. Por encima del castigo concreto está la aspiración a que la penalidad incite a la responsabilidad mayor de quienes trabajan en esos sectores y la necesidad de que las víctimas sean rápidamente compensadas. Sólo la corrupción moral que supone aceptar un vicio como una costumbre nos puede hacer creer que el año transcurrido sea aún poco tiempo: es, en realidad, un fiempo enorme entre el daño, su reparación y el estímulo a la prevención.
