Los 100.000 'parados' del Inem

El instituto puede dar trabajo sin contrato en la Administración

Madrid - 05 abr 1993 - 00:00CEST

La ley prohíbe que un parado trabaje sin contrato en una empresa; excepto en el caso de la Administración. Dos leyes y varios decretos han posibilitado que, desde 1982, más de 100.000 desempleados, según datos del Inem, hayan trabajado en organismos públicos y cobrado del Inem a la vez, a cambio de complementos en la prestación de desempleo. Trabajo es tajante: "Los parados con cobertura están a disposición de la comunidad y su patrón es el Inern". Para UGT, "por muy legal que sea, es un tremendo fraude". Y para CC OO "se puede tratar de sustituir la oferta pública de empleo por colaboración social".

Esperanza Romero, de 41 años, es una trabajadora del textil en paro que trabaja sin contrato de ordenanza en la Universidad Complutense. A cambio, esta institución le complementa el subsidio hasta 87.000 pesetas al mes.El de Esperanza Romero es un ejemplo de adscripción en colaboración social, que significa que un parado que cobra del Inem el subsidio de desempleo puede trabajar en las administraciones públicas a cambio de un complemento salarial para realizar "trabajos de carácter temporal, que sean de utilidad social y redunden en beneficio de la Comunidad", según la ley.

Los afectados "no figuran como parados pero sí como demandantes de empleo", dice la portavoz del Inem. Si se rechaza el trabajo se pierde la prestación. Los afectados denuncian que ocupan puestos que deberían corresponder a una persona fija o contratada.

La Universidad Complutense es una de las instituciones usuaria de este sistema y reconoce sinceramente que recurre a esta vía "por un problema estrictamente económico". Su gerente, Jesús Calvo, explica que si no, "no podríamos contratar a nadie y tendríamos que cerrar servicios o disminuir la calidad de los misinos". En la Complutense hay más de medio centenar de parados trabajando y cobrando el paro.

Comparaciones

"A un parado de adscripción a colaboración social le pagamos una media de 25.000 pesetas al mes mientras que el contrato más bajo cuesta 2,5 millones de pesetas al año", comenta Jesús Calvo, quien añade posteriormente, que "es la única manera que permite solventar el déficit de personal que existe en la actualidad.

"¿Por qué la Inspección de Trabajo puede armar la marimorena si una empresa privada da trabajo a un parado sin contrato y, en cambio, sí lo puede hacer la Administración", se interroga Josefa Rodriguez, de 36 años, otra parada que ha trabajado. para la Administración por este sistema.

El portavoz del Ministerio de Trabajo responde que "la validez de un contrato se mide en que el trabajador esté dado de alta en la Seguridad Social. Y el Inem cotiza a la Seguridad Social por los parados que cobran la prestación o el subsidio".

Por lo tanto, según el Ministerio de Trabajo "sí hay relación contractual". "En este caso", prosiguen sus representantes, "el patrón de estas personas es el Inem". Por su parte, los responsables del Inem opinan al respecto que "la naturaleza jurídica es una relación no contractual dimanante del régimen de desempleo".

¿Empleado o parado?

Salce Elvira, secretaria de empleo del sindicato CC OO, denuncia que "el trabajador está gastando su paro en un sitio donde no tiene relación laboral y si trabaja ocho horas al día no le da tiempo a buscarse un empleo".La sindicalista llama la atención sobre el hecho de que "se puede estar sustituyendo la Oferta de Empleo Público por parados de colaboración social y el Inem ayudando a amortizar el déficit de ayuntamientos y otros organismos".

Esperanza y Josefa sienten que "por ser paradas estamos a disposición de la Administración". Y, efectivamente, así es. El portavoz de Trabajo explica que "cualquier persona que cobra la prestación o el subsidio por desempleo está a disposición de la comunidad. Y supone un ahorro de gasto público".

"Parece ser que es legal. Y lo será. ¿Pero es normal?", se interroga Esperanza Romero. Ella trabajaría encantada para un proyecto de colaboración social "si consistiera en hacer paquetes de supervivencia para los bosnios". "¡Pero Dios niío!", exclama, "si estoy haciendo un trabajo normal".

Emilio Castro, secretario de acción institucional de UGT, coincide plenamente con ellas. "Estamos radicalmente en contra porque se paga a alguien que está en activo con fondos del desempleo y se niega que existe un contrato de trabajo. Todo esto significa que es un fraude", explica el representante de la Unión General de Trabajadores. Para él es "un abuso más hacia el desempleado que no sabe si es parado o no".

Esperanza ha presentado un escrito al Defensor del Pueblo explicando que la hacen cubrir un puesto "que correspondería a una plaza fija o a un contratado, pero nunca a un parado".

El sindicato CC OO ya recurrió a este organismo que elaboró, en junio del año 1991, un dictamen en el que pedía explicaciones al Ministerio de Trabajo.