Osos y escombros
Villanúa es un pequeño pueblo oscense de 265 habitantes que vive del turismo. Estaba muy ilusionado con el túnel, pues en él veía la prosperidad. Pero la decepción ha llegado cuando sus vecinos se han enterado de que el proyecto contempla que los escombros -más de 600.000 metros cúbicos- vayan a terrenos agrícolas expropiados de este pueblo, situado a unos siete kilómetros de la boca del túnel. Villanúa propone que, con esos escombros, se hagan escolleras en el río Alagón.¿Qué opinan en Villanúa?
En la alcaldía, el alcalde socialista, Javier Gracia: "El Ayuntamiento está a favor del túnel, por unanimidad".
En el hotel Roca Nevada, su propietario: "Es una opinión muy bonita la del oso. ¿Cuántos han visto el oso? Nunca el progreso ha estado a la misma altura que la belleza. A todos nos gustaría llevar una vida contemplativa, pero hay que ser realistas".
En el supermercado Compaire Izuel, el joven que lo atiende: "A mi padre le van a expropiar por los escombros. Eso es lo que me importa".
En la tienda de muebles Daniel Fuertes, la señora que la atiende: "Es bueno para la zona, vendrá más gente. Además, los animales son muy sabios; y, si ven que hay un sitio que no es propio para ellos, se buscan otro. Ojo, y respeto mucho a los animales".
El alcalde de Canfranc, José Marraco, también tiene su opinión de los osos: " Quienes vienen a decirnos lo que tenemos que hacer prefieren vivir en las ciudades, usar ascensores y tener a la vez un sitio para respirar. Es humano, pero no es justo".
Delicadeza española
El oso ha sembrado la discordia. La paralización de las obras llegó por una sentencia del Tribunal Administrativo de Pau -del 3 de diciembre- que anulaba la declaración de utilidad pública del túnel proyectado para unir las comarcas pirenaicas de Pau y Jaca. La sentencia se basaba en un defecto de procedimiento del estudio de impacto ambiental, por no haber considerado los efectos del volumen de tráfico que acarreará el túnel. El paso ahora de los Pirineos por esta zona sólo puede hacerse por una estrecha carretera de montaña, llena de curvas.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, no esperó mucho. Una semana después de la sentencia dijo que se había reunido con el Gobierno francés, el cual había prometido hacer una nueva declaración de impacto ambiental. Su conclusión: "Las obras se retrasarán ocho meses como mucho en el lado francés, y ni un solo día en el lado español".
Casi todos, menos los ecologistas, creen que se hará. Consideran también como una medida de prudencia que el Gobierno español no haya adjudicado definitivamente las obras. Cuestión de delicadeza, dicen.
