Males crónicos
LA PRESENTACIÓN al Parlamento del informe anual del Defensor del Pueblo se ha convertido en uno de los ritos más singulares de la vida pública española.La entrega del informe simboliza la rendición de cuentas de quien tiene el especial encargo de las Cortes Generales, como "alto comisionado" de las mismas, de velar por la defensa de los derechos fundamentales de la persona ante las administraciones públicas y sus agentes. De ahí su proyección social: el informe del Defensor del Pueblo es uno de los pocos diagnósticos fiables sobre la forma de comportarse las administraciones públicas con los ciudadanos y las deficiencias que lastran su funcionamiento.
Pero a esto parece quedar reducido todo: entrega y recepción del informe y expectación ante su contenido. Después, el silencio y la pasividad del Parlamento. Pocas son las iniciativas que a continuación se ponen en marcha para subsanar las deficiencias legales o administrativas que hacen posibles las vulneraciones denunciadas por los ciudadanos. De ahí el contenido reiterativo de los informes del Defensor del Pueblo a lo largo de los años: el mismo tipo de quejas, los mismos fallos señalados, los mismos servicios públicos denunciados. Lo cual lleva a deducir que algunos comportamientos funcionariales y actuaciones administrativas han degenerado en males crónicos, ante los que el ciudadano no tiene otra salida que la resignación. ¿Se deberá a esta actitud estoica del ciudadano el ritmo decreciente de las quejas que se presentan desde hace dos años: de 29.396 en 1990 a 19.713 en 1992?
El problema de fondo es que, aunque se resuelva en muchos casos la queja particular, el mal funcionamiento del servicio y las prácticas funcionariales viciadas no se corrigen, provocando año tras año los mismos reproches ciudadanos, e incluso la desesperación del propio Defensor del Pueblo. Es el caso, entre otros, de las quejas por malos tratos formuladas contra agentes policiales, no sólo estatales, sino autonómicos y municipales. Su número ha descendido -38 en 1991 y'31 en 1992-, pero no se sabe si es porque estas prácticas tienden a desaparecer o porque su investigación resulta cada vez más imposible. Año tras año -éste también-, el Defensor del Pueblo no se cansa de pintar el mismo cuadro: desinterés, obstruccionismo y falta de colaboración de los responsables policiales en su esclarecimiento, no adopción de medidas de suspensión cautelar contra los agentes denunciados y maniobras paralizantes de los expedientes internos cuando existen procesos judiciales en curso. Y en el informe de este año, una pincelada nueva en dicho cuadro: la denuncia por primera vez de una de las prácticas policiales al uso más vejatorias y denigrantes: el desnudo total del detenido como paso previo a su cacheo en las comisarías.
Pero tal vez lo más inquietante del informe correspondiente a 1992 sea el aumento de los brotes racistas o xenófobos en la sociedad y en la Administración, de lo que sería muestra el gran número de quejas de extranjeros, que ocupan 100 de sus 2.500 páginas. Sin duda, la emigración económica es uno de los fenómenos más preocupantes del momento, pero ello no justifica el trato displicente o inhumano de quienes huyen de sus países acuciados por el hambre. Es justo lo que el Defensor del Pueblo afirma que se hace en aeropuertos y puertos españoles con no pocos emigrantes magrebíes e hispanoamericanos.
