Culpa y perdón
MÁS PREOCUPANTE que el posible cinismo de los dirigentes del PSOE respecto a los escándalos supuestamente relacionados con su financiación paralela sería que no hubieran entendido lo que les ha pasado. A veces parece que sí lo entienden, al menos algunos de ellos, y es cuando, con la pretensión de ser perdonados, adelantan detalles que podrían, si no justificar, explicar, desde un punto de vista psicológico, el origen de ciertos malos pasos.Lo de que Filesa obedece a la sugerencia de un banquero para dar cobertura a una donación, si no fuera cierto, está bien traído. Efectivamente, lo que convertiría en ilegales las donaciones -enmascaradas con los supuestos informes redactados por Filesa- es la ley de financiación de partidos políticos, que establece una serie de condiciones y unos topes máximos para cada aportación privada. De haber actuado con reflejos en el primer momento, reconociendo la evidencia, los dirigentes socialistas habrían tenido que responder de esa irregularidad, pero se habrían ahorrado el desgaste de un proceso que puede prolongarse hasta las elecciones y, sobre todo, habrían evitado al sistema un deterioro del que ahora culpan a otros.
Al hacerlo dan la impresión de no haber comprendido su verdadera situación. Pocas dudas hay de que los conservadores llevan anteojeras cuando ven la viga ajena y no la propia, o de que algunos medios de comunicación manipulan o exageran. Pero nada de eso basta para borrar las evidencias del caso Filesa. Los implicados pueden tener derecho a negarlas, pero no a esperar que la gente informada les crea.
La nota hecha pública el miércoles por la ejecutiva socialista culpa al PP de haber creado un clima de sospecha sobre las instituciones y los gestores públicos, y afirma que, pese a las continuas acusaciones, ningún miembro del PSOE ha sido condenado por los tribunales, mientras que tres alcaldes populares lo han sido por prevaricación. Lo del clima de sospecha es bastante cierto, pero esos intentos de descrédito ya se prod9Jeron en el pasado y caían en el vacío, mientras que ahora, y a la vista de las evidencias reveladas por escándalos como el de Juan Guerra, Ollero, etcétera, hasta los incondicionales se tientan la ropa antes de negar. En cuanto a la inexistencia de condenas, es un argumento de doble filo: si de lo que se habla es de la financiación irregular, el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya convalidado las presentadas por el PSOE, pese a las facturas de Filesa y demás, no disipa las sospechas, sino que extiende éstas a una institución cuyo fundamento es la neutralidad política.
Es cierto que algunas decisiones del juez Barbero resultan discutibles; pero para aceptar la pretensión de los socialistas de ser víctimas de la persecución de un juez poco ecuánime habría sido necesario que el PSOE mostrase disposición a aclarar el asunto: no es coherente pedir celeridad, incluso con alusiones irónicas al procedimiento abreviado, y a la vez obstruir la investigación. Y, sobre todo, es difícil olvidar cuando distan de haber desaparecido las sombras sobre métodos irregulares de financiación: las comisiones en obras públicas, sin ir más lejos.
