Abogacía y servicio a la sociedad
Las juntas de gobierno que han dirigido el colegio no han querido adaptar sus estatutos al mandato constitucional de "funcionamiento democrático" para impedir no sólo la representación en los órganos directivos de abogados con diferentes criterios, sino tan siquiera el poder oír su voz en las juntas generales. Para dar lectura a una simple propuesta se exige que lleve la firma de un 7% de los colegiados, en un colegio con más de 30.000 colegiados, de los que casi la mitad son no ejercientes, convirtiéndose dichas juntas generales en un acto de autocomplacencia que se concedía la Junta de Gobierno.La necesidad de regirse por unas normas democráticas, donde se respete el derecho de las minorías, el sistema de elección proporcional o no se pongan trabas de antigüedad para ser elegible, por nombrar algunas, se hace imprescindible cuando la colegiación es obligatoria. Por eso el primer objetivo de nuestro programa es modificar los estatutos para a continuación dimitir y convocar nuevas elecciones auténticamente libres.
Esta forma autocrática y verticalista de entender el funcionamiento del colegio ha conseguido desmovilizar al colectivo de abogados de pequeños y medianos despachos, que somos la mayoría, que soportamos las esperas interminables en los pasillos de los juzgados, el recorte de los horarios, las dificultades, en resumen, para poder ejercer con dignidad el derecho de defensa, que es el objetivo de la abogacía.
En contraposición a aquellas candidaturas herederas del culto al personalismo impuesto por el larguísimo mandato de don Antonio Pedrol, nosotros hemos formado una candidatura en torno a un programa, que no hemos tenido que improvisar la ocasión, porque llevamos muchos años, tanto dentro como fuera del colegio, pero lejos de las juntas de gobierno, intentando cambiar el sistema, interviniendo en las juntas ordinarias pese a los impedimentos indicados, en el Congreso de la Abogacía celebrado en Mallorca, en el Grupo de Abogados Jóvenes, cuando por fin pudo existir después de un largo proceso judicial y en la Asociación Libre de Abogados.
Un terna que nos parece importante resaltar, aunque no nos favorezca electoralmente, es la necesidad de la supresión de la figura del abogado no ejerciente por la propia contradicción que supone el término, sin perjuicio de respetar los derechos de dicho colectivo en prestaciones asistenciales y de cobertura de riesgo, así como la necesidad de crear un estatuto especial para los abogados que causen baja por cese temporal, incompatibilidad o cualquier otra. El colegio debe ser para los abogados.
Defendemos la primacía del derecho de defensa frente a cualquier otra prioridad, ya que asumimos plenamente la función social de la abogacía, centrada en el derecho de defensa de los ciudadanos y grupos sociales ante cualquier violación de sus derechos y libertades, y por ende, la obligación colegial, hasta ahora permanentemente incumplida, de apoyar a los abogados frente a las obstrucciones de tal derecho, y especialmente de las provenientes de los poderes públicos.
Como consecuencia lógica de esta situación colegial de abandono de los abogados, los medios materiales que el colegio pone a disposición de los colegiados están anticuados y son insuficientes, sea la biblioteca, el boletín, los propios cursos de formación para Jóvenes y acceso a los turnos de oficio y asistencia, que son exclusivamente teóricos y por ello inútiles para los compañeros que empiezan, y además no son gratuitos para dicho colectivo.
El desinterés del colegio no puede ser más grande; nunca se ha convocado una asamblea para debatir los problemas que suponen los turnos de oficio cuando no se está garantizando el servicio público que se pretende hacer a la sociedad, lo que redunda en perjuicio del justiciable y del propio abogado que lo presta, el cual además lo cobra mal y tarde. Es necesario cambiar el colegio y que los abogados participen, se asocien, opinen y sea éste un centro de debate permanente donde se oigan y se defiendan las posiciones e intereses de todos.
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