Pacto industrial

QUE LA mejor política industrial es la no existente constituye una afirmación que, junto a su simplicidad y provocación, incorpora una doble constatación: la limitada capacidad de las administraciones públicas para incidir de forma significativa en la dinámica industrial de un país y la facilidad con que esas intervenciones pueden originar efectos desfavorables derivados de la sustitución del libre funcionamiento del mercado.La creciente integración e interdependencia de las economías, su sujeción a un marco normativo de carácter supranacional como el de la CE, restringe igualmente esa discrecionalidad de las autoridades nacionales para asignar recursos públicos a la industria. La realidad pone de manifiesto, sin embargo, que no pocos Gobiernos tratan de superar esas dificultades e, independientemente de los enunciados más o menos liberales en que se amparen sus acciones, asignan importantes recursos públicos al fortalecimiento de la industria nacional y a la mejora de las condiciones competitivas de la misma. La propia discusión académica al respecto, más identificada antes con esa proposición liberal, admite ahora como un hecho la existencia de economías externas en la acción de la política industrial y la necesidad de propiciarlas (especialmente en los niveles de gobierno regional) mediante la aplicación de políticas industriales activas, en absoluto equivalentes a la protección a ultranza de sectores en declive o a la preservación de la competencia exterior.

En España, las manifestaciones de la actual crisis económica son especialmente severas en el sector industrial y ponen de manifiesto la vulnerabilidad con que el sistema económico en su conjunto afronta el inmediato inicio del mercado único. La irreversibilidad de algunos procesos de desindustrialización, condicionados por el envejecimiento de determinados sectores industriales, aporta un cuadro de consecuencias sociales tanto más negativo cuanto menores son las posibilidades presupuestarias para conseguir neutralizarlas.

En un contexto tal, la convergencia de esfuerzos de los agentes económicos y sociales constituye una condición necesaria para garantizar la eficacia de cualquier actuación pública destinada al fomento de la inversión industrial por mínima que ésta sea. En igual medida deberían evitarse las innecesarias provocaciones o globos sonda que ahonden más aún las diferencias entre Gobierno y trabajadores como las realizadas el pasado viernes por el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, sobre el despido libre.

En ese escenario, el pacto industrial suscrito la pasada semana en Castilla-La Mancha, una de las regiones más atrasadas de Europa, constituye un hecho importante y significativo por la amplitud del espectro de instituciones y organizaciones empresariales y sindicales que han comprometido su esfuerzo. El propio ministro de Industria, Claudio Aranzadi, ha reconocido como algo insólito ese acuerdo, que, en su modesta escala y consciente de las limitaciones antes señaladas, pretende crear las condiciones que estimulen el crecimiento industrial de la región.

Tan importante como el enunciado de los diferentes programas de actuación en que se, descomponen los objetivos del desarrollo industrial (mejora de la estructura industrial existente, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas de la región, e incentivación de la inversión en la zona) es la constatación de su limitada eficacia si no se ampara en la complicidad de todos los sectores afectados y, en especial, en la iniciativa de las empresas regionales.

La creación de ese clima de diálogo y de corresponsabilización con los objetivos del plan es por sí sola un valioso precedente para el conjunto del país. De la seriedad con que los responsables administrativos de la citada comunidad autónoma lleven a cabo el seguimiento de esos programas, en estrecha conjunción con el resto de los firmantes, dependerá la validez de esa experiencia y, en última instancia, la eliminación del escepticismo de los ciudadanos acerca de la asignación de esos 120.000 millones de pesetas previstos hasta 1995 en que se apoyan esas actuaciones.