Jueces y fiscales aprovechan la sentencia sobre la 'ley Corcuera' para volver a descalificarla

Asociaciones de jueces y fiscales salieron ayer en apoyo de la primera sentencia que ha anulado un registro en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la decisión M fiscal jefe de Madrid de no recurrirla. Portavoces de la mayoría de las asociaciones consultadas señalaron que el fallo confirma la inutilidad e inviabilidad de la ley. El Ministerio del Interior insiste en que se trata sólo de la anulación de un caso de aplicación incorrecta.

El portavoz de Jueces para la Democracia, de tendencia progresista, Cándido Conde-Pumpido, considera "muy razoble" la decisión del fiscal jefe de Madrid de ratificar la anulación del registro domiciliario sin mandamiento judicial. Para Conde-Purripido, demuestra "la falta de efectividad de la ley, que ha resultado contraproducente porque perjudica más que beneficia la seguridad ciudadana al quedar absueltas personas por problemas de forma", informa Charo Nogueira.El portavoz de la conservadora Asociación Profesional de Magistrados, Ángel Calderón, calificó de "congruente" la medida de la fiscalía madrileña aunque estima que "la Audiencia Provincial debió plantear de oficio la cuestión de inconstitucionalidad, porque así saldríamos de la incertidumbre". Para Calderón "no es ninguna sorpresa que el estreno de la ley haya sido un fracaso, porque no se ajusta a la Constitución".

La Asociación de Fiscales juzga el fallo y la decisión del responsable de Madrid "correcta y bien argumentada", según su portavoz, Juan Ortiz. "El respeto a los derechos fundamentales debe prevalecer", afirma Ortiz, y "en el caso de leyes que los bordean, debe hacerse una interpretación restrictiva".

"Ni Alonso Vega"

La actitud del ministro del Interior, José Luis Corcuera, cuando se felicitó porque gracias al registro ilícito "hay 50 gramos menos de heroína en el mercado", ha sido comentada por una alta autoridad judicial, que rogó fuera silenciada su identidad, como una "atrocidad que no se le hubiera ocurrido ni a Camilo Alonso Vega" (ministro de la Gobernación franquista) informa Bonifacio de la Cuadra.Tomás Iglesias, portavoz de la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas (FAJP) -que agrupa 13 colectivos con más de 2.300 miembros-, manifestó que la sentencia demuestra "la inutilidad de la ley Corcuera, junto a su carácter reaccionario". Consideró también esperanzadora "la excelente reacción del fiscal jefe de Madrid al valorar positivamente la resolución judicial".

El magistrado José Antonio Alonso, titular del Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid, consideró que el precepto aplicado por la policía "es inconstitucional, por lo que lo mejor sería expulsarlo del ordenamiento jurídico". Para ello, estimó que el cauce más adecuado es cuestionar la constitucionalidad del, precepto, mientras que la actuación de la fiscalía de Madrid "puede ser un arma de doble filo", porque el artículo 21 sigue vigente.

En cambio, el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, se mostró ayer muy satisfecho por la actuación del fiscal jefe (le Madrid e incluso se planteó, según fuentes de la fiscalía, la posibilidad de dar instrucciones con carácter general a todos los fiscales.

"Uso adecuado"

El razonamiento de la fiscalía es que tal instrucción "no cuestionaría la ley Córcuera -ya que la policía, en realidad, no la ha aplicado en este caso- sino que potenciaría su uso adecuado, al tiempo que se restablecería la necesidad de mandamiento judicial para los casos no previstos en la misma".En sintonía con el razonamiento del fiscal general del Estado, Interior insiste en que el fallo avalado por la fiscalía sólo "anula un registro incorrecto porque no se ajusta a las finalidades del artículo 21 ", señaló ayer un portavoz. Dicho artículo autoriza losa registros sin orden judicial para evitar la consumación del delito, la desaparición de los efectos del mismo o la huida del delincuente, informa Victorino Ruiz de Azúa.

Ninguna de estos objetivos justificaba la urgencia en el caso juzgado por la Audiencia Provincial, según admite Interior. El departamento "mantiene la confianza" en que la inmensa mayoría de los registros realizados en aplicación de la ley "se han ajustado a los requisitos" y han cumplido la función de la ley "que es impedir la impunidad en la venta de droga".