Causas especiales
Un proceso a Jon Idigoras lleva seis años rebotando de juzgado en juzgado
Una sola frase despectiva del portavoz de Herri Batasuna, Jon Idígoras, que consiga excitar el celo del ministerio fiscal da trabajo a media docena de magistrados del Supremo, a 10 jueces de instrucción, otros tantos fiscales de variadas categorías, a una legión de mecanógrafas y además reparte juego al Congreso, al Tribunal Constitucional y al Parlamento vasco, entre otras instituciones. No es una exageración, es la causa especial 1690/90 del Tribunal Supremo, que antes fueron diligencias previas y antes aún sumarlo "de urgencia" de de instrucción 1 de San Sebastián. La justicia lleva seis años a vueltas para dilucidar si una frase de Idígoras fue injuriosa para el presidente de¡ Gobierno y el entonces ministro de¡ Interior José Barrionuevo.
Seis años de instrucción es un tiempo relativo para la maquinaria de la Justicia. En seis años se pueden recopilar los 250 folios de la causa especial contra Idígoras, o los 250.000 folios del sumario de la colza. En la misma causa, además de Idígoras, está procesado otro orate de HB, Txornin Ziluaga. Resulta así que en seis anos no se ha podido juzgar a dos procesados, cuando en un año escaso se pudo sentar en el banquillo a 33 militares del 23F, por delitos bastantes más graves y complejos.El 6 de agosto de 1986, en declaraciones al diario Egin, Txomin Ziluaga dijo que podía definir a Felipe González como "el presidente más corrupto de la historia conteniporánea". Al calificativo de "corrupto" para González, Idígoras añadió el de 'Tascista" para Barrionuevo. La causa nació cinco días después, el 11 de agosto de 1986, por denuncia del fiscal. En los meses siguientes declararon el director y a un periodista de Egin y el Parlamento Vasco informó que Ziluaga e Idígoras habían renunciado a sus cargos para incorporarse al Congreso en Madrid. Pasaron cinco meses antes de que se les tomase declaración.
En los primeros meses de 1987, las diligencias quedaron aparcadas a la espera de que el Congreso informase si Idígoras y Ziluaga eran diputados tras haber jurado la Constitución "por imperativo legal". Como el Congreso informó en sentido negativo, el juez Antonio Giménez Pericás decretó el procesamiento. Durante 1988, sólo se incorporaron al proceso los antecedentes penales de Idígoras, una condena a 1 año de prisión por apología del terrorismo. Idígoras no cumplió la pena al concedérsele la libertad condicional.
Tres años sin cargos
La causa estuvo paralizada desde mediados de 1987 hasta marzo de 1989, debido a la sentencia del Constitucional que dió lugar al procedimiento abreviado. Millares de sumarios en trámite fueron reconvertidos al nuevo procedimiento elaborado por Justicia, entre ellos el abierto a Ziluaga e Idígoras. Así, trancurrieron tres años antes de que el fiscal presentase sus cargos. Pidió dos meses de arresto y 50.000 pesetas de multa para Ziluaga y cuatro meses y 100.000 pesetas para Idígoras, a éste último por reincidente. La defensa, no sin razón, hizo constar su protesta por no haber tenido oportunidad de apelar el procesamiento ante la Audiencia, pese a haber transcurrido nada menos que... 22 meses.
Con el nuevo procedimiento abreviado, las actuaciones debían remitirse a un juez de lo penal. Pero como el juzgado de lo penal de San Sebastián no había sido creado aún, el juzgado de instrucción 1 lo envió al juzgado de instrucción 3. Dos meses después, al entrar en funcionamiento el juzgado de lo penal, el juzgado 3 lo devolvió al 1 y éste lo envió al juzgado de lo penal.
Finalmente, el 24 de abril de 1990- los dos acusados se sentaron en el banquillo ante el juez, A los cinco minutos se levantaron, después de que el juez accediese a la suspensión del juicio, solicitada por el fiscal.
La suspensión tuvo que acordarse porque se estaba a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre la fórmula de juramento de la Constitución -"por imperativo legal"- empleada de los parlamentarios de HB. Si prosperaba el recurso, adquirirían la condicíón de diputados y tendría que ser el Supremo quien les juzgase. El Constitucional concedió el amparo. Idígoras adquirió su plena condición de diputado y la causa fue remitida al Supremo en septiembre de 1990.
En noviembre del 90 fue nombrado ponente el magistrado Marino Barbero Santos. La causa sufrió un segundo parón y permaneció paralizada un año entero. En noviembre de 1991 se acordó dirigir un suplicatorio al Congreso para proceder contra Idígoras. Cinco meses después, el Congreso está a punto de concederlo. Pero aún falta que el Supremo les juzgue.
'Cliente' distinguido
Idígoras es el cliente más exclusivo de la Secretaría de Causas Especiales del Tribunal Supremo, segregada hace algún tiempo de las demás, y que trata de poner en orden los dos centenares de procesos actualmente en trámite contra aforados. Según fuentes del alto tribunal, el esfuerzo realizado en los tres últimos años por los magistrados de la Sala Segunda del Supremo ha conseguido poner virtualmente al día ousí recursos pendientes, que antes se contaban por miles. Pero el precio a pagar ha sido, según las mismas fuentes, el retraso que afecta a las "causas especiales" y algunas sentencias contradictorias en un tribunal que tiene que velar por unificar la doctrina.De entre la medía docena de 4,causas especiales" que Jon Idígoras tiene colgando en el Tribunal Supremo, la 1690/90 es la que va "más adelantada", según fuentes del alto tribunal. Por tanto, no es de extrañar que el portavoz de HB aún no haya sido llamado a declarar en la querella que presentó el fiscal del Estado contra él en 1991 por otras manifestaciones realizadas tras la muerte de dos etarras tras el atentado de Vic.
Aún después, queda la querella tan urgentemente presentada por el fiscal del Estado el pasado 11 de febrero, a instancias del presidente Felipe González, por amenazas al consejero vasco Juan María Atutxa y al juez Carlos Bueren.
Pero Idígoras tiene pendiente, por encima de todas, la considerada causa reina de entre las especiales. Se trata del juicio por los hechos de la Casa de Juntas de Guernica, cuya repetición orderió el Tribunal Constitucional al Supremo allá por 1986, al apreciar un defecto de forma que anuló las condenas. Desde entonces han pasado seis años y pese a varios amagos de señalamiento, el Supremo está aún pendiente de repetir el juicio.
