La junta argelina emprende la ilegalización del FIS y decreta el estado de excepción

Viene de la primera páginaPero ya nada de esto ha hecho frenar al Frente Islámico de Salvación (FIS), que ayer, antes de conocerse el decreto que instauraba el estado de excepción en Argelia, hizo público uno de sus más duros comunicados de su historia al llamar a los soldados a la rebelión y a conminarles a que desobedezcan a sus superiores en caso de que les ordenen disparar contra la población. Con esta llamada al desorden, el FIS intenta lograr la división del Ejército y volver a repetir la experiencia iraní, que permitió, con el apoyo de una parte de las fuerzas de seguridad, acabar con el mandato del sha.

El movimiento integrista asegura que existen ya importantes disensiones en las Fuerzas Armadas, y en un reciente comunicado ha hecho hincapié en la aparición de un grupo de "militares libres" opuestos a la junta y fieles defensores del islamismo. Pero, además, el frente islámico se ha reafirmado en su decisión de llevar a término una marcha el próximo viernes, día 14, en Argel para reivindicar la continuidad del proceso electoral y la libertad de todos los detenidos.

El decreto del directorio otorga al Ministerio del Interior y a los gobernadores civiles, en su mayoría funcionarios de confianza del ex partido único Frente de Liberación Nacional, amplias prerrogativas. Gracias a éstas se les permitirá, si lo creen conveniente, suspender las garantías constitucionales de los individuos y de las sociedades. Los funcionarios a sus órdenes tendrán potestad para efectuar registros y detenciones sin orden judicial y confinar a los ciudadanos en lugares de residencia vigilada creados a tal efecto. Es decir, resurgen de nuevo los campos de internamiento, que se utilizaron ya en Argelia durante el estado de sitio en junio de 1991 y que crearon una amplia y grave polémica en el país.

Pero las medidas más trascendentes políticamente se recogen en el punto octavo del decreto, que posibilita al ministro del Interior y al gobernador civil la suspensión y disolución de los ayuntamientos y de las demás instituciones locales o comunales, nombrando un sustituto hasta la celebración de las elecciones. Es una norma que permitirá a la Administración disparar contra la línea de flotación del aparato local, que se encuentra en manos del Frente Islámico de Salvación desde el mes de junio de 1990, al obtener una amplia mayoría en las elecciones municipales y regionales.

Falta de garantías

El decreto contempla también la posibilidad de llevar a los infractores de cualquier tipo ante la jurisdicción militar sin explicar el carácter de esas transgresiones ni sus garantías. El control judicial castrense continuará en aquellas causas ya instruidas, aunque se derogue o se levante el estado de sitio, según establece el propio decreto. En esta misma línea, el decreto recuerda a los gobernadores el derecho de pedir, en caso de necesidad, el apoyo del Ejército para resolver las cuestiones de orden público.

La junta cívico-militar ha adoptado estas medidas después de un día de consultas y negociaciones, y tras haber escuchado al Alto Consejo de Seguridad, una célula de reflexión política en la que coinciden las principales fuerzas institucionales del país, y en especial los representantes del Ejército.

El Alto Consejo de Seguridad es, sobre el papel, un órgano constitucional de carácter consultivo, pero en realidad es el verdadero impulsor de la nueva política que se dicta en el país. Fue este órgano el que gobernó Argelia tras la dimisión de Chadli Benyedid y del que partió y se organizó el directorio cívico-militar que administra la república.

Pocas horas antes de hacerse público este decreto, el responsable de la junta, Mohamed Budiaf, convocó a los representantes de los partidos democráticos -entre los que se encontraban el ex partido único Frente de Liberación Nacional, los socialistas del Frente de Fuerzas Socialistas y los integristas moderados de Hamas- para informarles de sus decisiones. A la cita, evidentemente, no se invitó al FIS, entre otras razones, porque a esta hora la policía había irrumpido en su sede principal, deteniendo a seis de sus militantes y desposeyéndoles de su aparato legal. Hubo asimismo en esta cita otra ausencia notable, la del líder socialista Ait Ahmed, que envió en su lugar a un miembro del partido de su confianza, eludiendo de esta manera el reconocimiento oficial del directorio y evitando encontrarse con Budiaf, con el que mantiene unas difíciles relaciones personales.

Protestas unánimes

El encuentro de Budiaf con los partidos constituía, desde un punto de vista político, un acontecimiento importante, ya que se trataba de la primera toma de contacto del presidente del directorio con las organizaciones democráticas, rompiendo así las críticas de determinados sectores que le acusaban de haberse encerrado en sí mismo y de apoyarse en el Ejército.