Operaciones sospechosas en San Sebastián de los Reyes

El caso Renfe, que ha culminado en la dimisión del ministro de Sanidad, Julián García Valverde, fue dado a conocer a la opinión pública por EL PAIS el 7 de octubre de 1991. En aquella fecha se hizo pública una respuesta parlamentaria del ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, a una pregunta, planteada en términos similares por Izquierda Unida (IU) y el Partido Popular, sobre la compra de unos terrenos por parte de Renfe en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.En la respuesta, Borrell confirmaba que existían indicios de presuntas irregularidades cometidas en la operación, y aseguraba que había dado traslado a los Ministerios de Economía y Hacienda, Justicia y, a la propia Renfe, de la información que obraba en su poder. El MOPT instaba a los mencionados organismos a que investigasen los hechos.

En la misma respuesta, el MOPT afirmaba que "las operaciones bajo sospecha consisten en adquisiciones de terrenos realizados por Equidesa -filial 100% de Renfe- a precios muy superiores a los de transacciones previas sobre los mismos terrenos, realizados en intervalos de tiempo muy reducidos, en algunos casos el mismo día y en la misma notaría".

Nuevas irregularidades

Sin embargo, esta primera versión se vio desbordada día a día por una sucesión de nuevas de irregularidades, cada vez más graves, de las que han venido dando cuenta los medios informativos.Las investigaciones han puesto de relieve numerosas. irregularidades en una operación en la que Renfe invirtió 1.350 millones de pesetas en la compra de unos 200.000 metros cuadrados, a principios de 1900, la mayor parte de los cuales fueron cobrados por las sociedades de los hermanos Serrano Alberca, uno de los cuales había sido jefe de García Valverde en el Ministerio de Industria hace unos diez años.

Después se fue descubriendo la intensa conexión de este escándalo con el fraude del IVA, al aparecer numerosas personas y empresas implicadas en los mismos casos.

Los datos conocidos revelan el enriquecimiento de los principales intermediarios, que en ocasiones multiplicaron varias veces los precios de las parcelas vendidas a Renfe; el uso de información privilegiada; el cobro de 400 millones de pesetas en indemnizaciones por contratos de arrendamientos ficticios, y que toda la operación se hizo a espaldas del consejo de administración de Renfe.

Finalmente, la presentación por parte de Renfe de una denuncia contra el asesor de García Valverde, José Luis Pinedo, y contra el que fue responsable de las filiales de la compañía, José María Rodes, con nuevos datos de las vinculaciones de la operación con el fraude del IVA, ha sido determinante para la dimisión del ministro.