Mueren dos policías al estallar una bomba enviada a una empresa vinculada a la autovia de Leizarán

El subinspector del Cuerpo Nacional de Policía Andrés Muñoz Pérez y el oficial Valentín Martín Sánchez, ambos artificieros, resultaron muertos ayer, cuando trataban de desactivar un paquete bomba localizado en un almacén de la empresa Servitrans, en el número 6 de la calle de San Toribio, en el barrio de Vallecas. Cuatro policías y otros dos ciudadanos sufrieron heridas. El artefacto procedía de Toledo, donde había sido facturado el martes, e iba destinado al presidente de una constructora relacionada con la autovía de Leizarán.

Sobre las 19.30, los empleados de la empresa Servitrans sospecharon del contenido de un paquete que un individuo había entregado el pasado martes en la sucursal de Toledo para que se hiciera llegar a Jesús Gallego, en el número 77 de la calle de Ortega y Gasset, en Madrid.Los empleados de Servitrans comunicaron a la policía sus temores acerca del extraño paquete, que pesaba entre tres y cuatro kilos. La empresa había intentado entregar el paquete durante toda la mañana de ayer, pero no pudo llevar a cabo su misión, debido a que no había nadie en la dirección a la que iba destinado.

Tras el aviso, un equipo de técnicos en desactivación de explosivos del Cuerpo Nacional de Policía (Tedax) fue enviado a la calle de San Toribio. El subinspector y el oficial recogieron el paquete y lo introdujeron en la furgoneta que ellos utilizan habitualmente para estudiar los artefactos sospechosos. En ese momento se produjo una explosión muy violenta que les causó la muerte en el acto. Anoche no había sido precisada la causa por la que los agentes no adoptaron mayores precauciones.

Otros dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana, y otros dos destinados en la comisaría de Vallecas sufrieron heridas de diversa consideración. Se trata del policía José Rubio Ríos, que tiene lesiones en la cara y hundimiento de macizo facial; Julián Ramírez Berbel, con traumatismo ocular; José Vicente Capel, que sufre heridas inciso-contusas en las piernas y el abdomen, y Salvador Pinel Morales, que padece una contusión en el muslo izquierdo.

Antonio Manuel Barrajón Buitrago, que sufre contusión dorso-lumbar, y Juan Mateo Peral Ocaña, vecinos de la zona, resultaron alcanzados por los hierros convertidos en metralla. Trozos de la carrocería de la furgoneta fueron localizados incluso en los tejados de las casas colindantes.

Manifestación policial

La muerte de los dos artificieros -con lo que ya se elevan a 13 los agentes del CNP, Guardia Civil y la Ertzaina fallecidos en acto de servicio desde 1978- ocurrió cuando unos 4.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía se manifestaban en el paseo de la Castellana de Madrid.

Cuando los manifestantes, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), supieron la noticia de la muerte de dos compañeros en Vallecas, el ambiente se enrareció. Los gritos de "asesinos" arreciaron, unidos a insultos dirigidos al ministro del Interior, José Luis Corcuera. Las noticias eran confusas. Algún manifestante aislado dio vivas al GAL. Los dirigentes del SUP pidieron un minuto de silencio por los dos policías asesinados, que fue seguido en tensión. Tras algunos minutos de desconcierto, un dirigente sindical pidió a través de un megáfono frialdad y serenidad, lo que fue contestado con abucheos.

El delegado del Gobierno en Madrid, Segismundo Crespo, manifestó que el paquete llegó ayer por la noche a Servitrans. Había sido entregado en Toledo por una persona de mediana estatura "muy nerviosa", según Crespo. La sucursal toledana de Servitrans está en el paseo de las Rosas, número 5, donde el paquete fue entregado a las 19.30 del martes.

El paquete estaba dirigido al número 77 de la calle de Ortega y Gasset, a nombre de Jesús Gallego y Gallego, presidente de Construcciones Atocha. Sin embargo, la dirección no era correcta, ya que la sede de dicha empresa fue trasladada a la calle de Núñez de Balboa en el pasado mes de diciembre, informa Jorge A. Rodríguez. El repartidor, que recogió el paquete a las 10 de la mañana, lo depositó de nuevo en Servitrans cuatro horas después.

Crespo aseguró que la empresa a la que iba dirigido el paquete no había recibido amenazas y apuntó una posible autoría de ETA, aunque no se aventuró a confirmarla.

Construcciones Atocha presentó suspensión de pagos el 21 de mayo y sus 600 trabadores llevan un mes y medio sin cobrar. Construcciones Atocha, constituida en 1976 con un capital de 25 millones de pesetas, adquirió la compañía Ramos Hidalgo, que es la adjudicataria del tramo guipuzcoano de la autovía de Leizarán, presupuestado en 7.000 millones.

Fuentes de Comisiones Obreras indicaron anoche que Ramos Hidalgo es una empresa participada en un 75% por Construcciones Atocha, aunque ésta niega cualquier relación entre ambas empresas.

Construcciones Hildalgo, según CC 00, tiene a medio hacer unas 43 obras en Coslada, Torrejón de Ardoz, Alcalá, Parla y Alcobendas.