La Unión para el Progreso prefiere que los comicios se puedan anticipar
La Unión para el Progreso de Cantabria, que encabeza el presidente autonómico Juan Hormaechea, es partidaria de reformar a medio plazo el estatuto de esa comunidad para que el jefe del Gobierno regional pueda disolver el Parlamento y convocar elecciones cuando esté en peligro la gobernabilidad de la región, según informaron ayer fuentes de ese partido. "En situaciones como la actual [la crisis desatada en el Partido Popular], se saldarían discusiones estériles con el pronunciamiento de los ciudadanos", explicaron estas fuentes. Actualmente, está en marcha ya la reforma del estatuto de Cantabria -y también los de otras seis comunidades- para que las próximas elecciones puedan celebrarse el 26 de mayo, y no en verano como correspondería.
Las fuentes de Unión para el Progreso insistieron ayer, como lo había hecho el día anterior el parlamentario Roberto Bedoya, en que este grupo es partidario de esa fecha, pese a las dificultades jurídicas que ello entraña y que Bedoya expuso a título personal, como jurista. Esas dificultades derivan de que siete estatutos de autonomía garantizan actualmente a sus parlamentarios un mandato de cuatro años; y la convocatoria de mayo (con disolución en marzo) reduciría ese periodo en 90 días, lo que puede ocasionar recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Tal recurso podría presentarlo cualquier diputado regional, individualmente, y si prosperase pondría en riesgo la validez de las elecciones en su comunidad.
Bedoya agregó también, en defensa de la postura favorable a la fecha del 26 de mayo para las elecciones, que el eventual recurso sería resuelto mucho después de celebrados esos comicios, "una vez que ya se haya expresado la soberanía popular; y eso", precisó, "puede entenderse como un acto jurídico superior, puesto que es el pueblo el que se ha expresado ya".
Otra interpretación
Fuentes de la Administración reiteraron ayer que otra interpretación viable es que las elecciones se han de celebrar cada cuatro años, orillando así la expresión textual de los estatutos (que garantizan expresamente que se cumpla el "mandato" de los parlamentarios, plazo que comienza al tomar posesión).Otros técnicos de grupos de la oposición regional han indicado a continuación que si se adopta ese criterio no se explica por qué han de reformarse los estatutos de la manera en que se ha empezado a hacer, y con la celeridad que se ha adoptado: los cuatro años se cumplirían entonces el 10 de junio, y la anticipación al 26 de mayo sería insignificante.
