Capitalismo impopular
EL PRORRATEO diseñado por los responsables de Repsol para hacer frente a una demanda de acciones cinco veces superior a la oferta ha levantado las protestas de intermediarios y medianos ahorradores. La primera compañía española decidió la colocación privada de un 26,58%. de su capital -un total de 135.575 millones de pesetas- y captó el interés de los ahorradores mediante una campaña de publicidad que ha costado 2.875 millones de pesetas. Se trataba a todas luces de una operación de capitalismo popular como las llevadas a cabo en las privatizaciones de empresas públicas en países como el Reino Unido o Francia.Sin embargo, la filosofía del reparto de acciones puesta en práctica por Repsol no puede ser más impopular. Mientras que las peticiones institucionales (bancos y otras entidades financieras) superiores a los 40 millones han sido respetadas en su integridad, se han aplicado severas restricciones a los ahorradores pequeños y medianos. De éstos, sólo los modestísimos aspirantes al mínimo de 14 acciones (23.800 pesetas) recibirán lo solicitado.
Las sociedades, cuando planifican la colocación privada de acciones, procuran pactar con las instituciones el aseguramiento de importantes paquetes, ya que ello garantiza un menor riesgo de movimientos especulativos. Pero en esta ocasion la estructuración de los tramos ha sido demasiado brutal. No es lo mismo -como ha sido la línea seguida por otras grandes empresas multinacionales- la fijación de un porcentaje sobre lo pedido, siempre en función del equilibrio oferta-demanda, que el hacer tabla rasa en un tramo tan amplio como el que va de uno a 40 millones de pesetas, al que sólo se le adjudican 413.100 pesetas per cápita. Para muchos ahorradores que han tenido que realizar desinversiones de otros valores para depositar los avales pertinentes en casa de los intermediarios, o que sencillamente han mantenido ocioso un dinero durante algún tiempo, la operación no puede ser más desafortunada. Contrasta esta visión del capitalismo popular de una empresa pública dependiente de un Gobierno socialista con la mucho menos discriminatoria, a favor de las grandes corporaciones, de Margaret Thatcher.
