El juez Garzón recibe amplios poderes para investigar las cartas de los mercenarios de los GAL
La Audiencia Nacional ha concedido amplios poderes al juez Baltasar Garzón, instructor en el caso Amedo y auténtico impulsor de los avances del sumario, para que investigue, con las diligencias que considere pertinentes, todas las circunstancias que concurrieron en las declaraciones de los tres mercenarios portugueses de los GAL Rogerio Carvalbo da Silva, Antonio Ferreira Cisneros y Mario Correia da Cunha, ante los jueces portugueses, en las que acusaban a los policías José Amedo y Michel Domínguez de haberles reclutado para la realización de atentados contra miembros de ETA en Francia, a cambio de importantes cantidades de dinero.
Los mercenarios identificaron entre 33 fotografías, las de Amedo y Domínguez como pertenecientes a Ricardo y Eduardo, nombres por los que conocían a los españoles que les habían contratado, pero posteriormente, en cartas enviadas al Ministerio de Justicia se retractaron alegando haber sido presionados.El tribunal delega ampliamente en el juez instructor para que esclarezca la controversia y todo aquello que pueda incidir en la credibilidad de unas u otras manifestaciones de los pistoleros portugueses. Los magistrados han ordenado que se traduzcan las cartas de los mercenarios y se han opuesto a decretar el secreto sumarial parcial sobre la investigación del juez en Portugal.
La decisión de la sala, que responde a la petición formulada por el fiscal, ha sido considerada como "lógica" en medios jurídicos consultados. Las mismas fuentes consideraron que por muy rápido que se tramite la comisión rogatoria (petición de investigación) a las autoridades portuguesas, el tribunal acordará antes, previsiblemente la próxima semana, el procesamiento de Amedo y Domínguez.
Ayer, Gonzalo Casado, abogado defensor de los dos policías, presentó las alegaciones en contra de los procesamientos solicitados por el fiscal y las acusaciones. El letrado pide el sobreseimiento de la causa y la libertad de los agentes por tres razones: que el tribunal no es competente para juzgar a Amedo y Domínguez, que los testimonios de los mercenarios de los GAL en el extranjero son ilegales desde el punto de vista jurídico, y que no existen pruebas en el sumario para montar una acusación contra los dos policías.
Casado afirmó que tiene la firme esperanza de que no se va a procesar a Amedo y Domínguez. Al hacerle ver que hasta el fiscal general del Estado, que postulaba la importancia de las cartas portuguesas, ha admitido que el tribunal ha avanzado en el auto de prisión el procesamiento de los policías, Casado puntualizó: El fiscal del Estado no ha tenido la oportunidad de conocer la causa durante 15 días, como he tenido yo, para poder opinar como yo lo hago en este momento".
No pedir pruebas
Casado reconoció que el abogado anterior, Jorge Argote, no ha pedido ni una sola prueba para demostrar la inocencia de sus defendidos a lo largo de la investigación. Además admitió que no ha aportado nuevos datos para destruir las acusaciones, sino que se ha limitado a desvirtuar los datos que contra ellos existen en el sumario.
En un complejo estudio técnico jurídico, Casado asegura que el tribunal no tiene competencia para conocer de los delitos presuntamente cometidos por Amedo y Domínguez por que no constituyen delito de terrorismo. El letrado considera que el reclutar mercenarios y encargar asesinatos, posterior mente reivindicados por los GAL, no son terrorismo por que la finalidad de estos crímenes no es atentar contra la seguridad interior del Estado, ni contra la independencia o integridad del territorio nacional, ni contra la destrucción del orden constitucional. Al no constituir terrorismo, según Casado, el tribunal no tiene competencia para conocer unos hechos ocurridos en el extranjero.
Casado arremete también contra la legalidad de las declaraciones de los mercenarios franceses y portugueses, ya que la defensa no pudo estar presente y, por tanto, intentar contrarrestar las inculpaciones de los pistoleros contra los dos policías. Se da la circunstancia de que el juez había invitado a la defensa [en aquel momento el abogado de Amedo era Jorge Argotel a acudir a las pesquisas judiciales en Francia, pero ésta declinó la invitación. Respecto a las investigaciones en Portugal, el convenio bilateral data de 1867, y no prevé la presencia de abogados. Según la legislación portuguesa, es el juez portugués el que formula las preguntas y quién dirige la investigación. Los jueces españoles no pueden intervenir, sino simplemente estar presentes.
