La economía sumergida se encarece
ESPAÑA VA a tener que pagar un nuevo tributo por su ya costosa economía sumergida. La exigencia viene desde la Comunidad Europea (CE) y afectará a los demás países miembros, aunque en distinta medida. Es conocido el proyecto de sustituir antes de 1992 la principal fuente de financiación del presupuesto comunitario, el impuesto sobre el valor añadido (IVA), por unos pagos que se determinarán para cada país en función de su producto nacional bruto (PNB). Poco se puede objetar al proyecto: al ser el IVA un impuesto que recae sobre el consumo, grava relativamente más a los Estados -a los contribuyentes de éstos- que dedican una mayor parte de sus recursos al consumo. En otras palabras: inicialmente el cambio parece que favorecerá a los países pobres y servirá para una cierta redistribución. La propia CE asume así uno de los principios de justicia fiscal que, al menos sobre el papel, inspiran las normas de sus Estados miembros.Vincular esta necesaria armonización con la inclusión de la economía sumergida en la base del PNB no sólo resultará complicado y polémico, sino que podría quebrar el principio de capacidad económica. Basta echar una ojeada a las múltiples estimaciones de dicha economía para apreciar que generalmente afecta con mayor intensidad a los países menos desarrollados, donde actúa como una válvula de escape para diluir las tensiones socioeconómicas.
Será complicado estimar la economía oculta porque, por definición, es la que no se deja ver. Conviene matizar, de todas formas, que domina una gran confusión al respecto, fomentada generalmente desde los propios Gobiernos. Se suele hablar de economía irregular, golfa, negra, para referirse a realidades muy diversas. Por ejemplo, el que alguien trabaje sin estar registrado por la Seguridad Social, o incluso figurando en las estadísticas de paro, no tiene necesariamente por qué nutrir la economía sumergida; sus ingresos, aunque permanezcan sin ser declarados al fisco, han de servir para comprar bienes o para engrosar un ahorro que en la actualidad ya es estimado mediante métodos directos o indirectos por las cuentas nacionales. Desde esta perspectiva, el empeño de los técnicos de Bruselas en estimar la economía oculta española servirá por lo menos para subsanar muchos equívocos.
Será polémica esta labor porque difícilmente podrán aplicarse los mismos baremos a todos los países, debido a que tienen distintas estructuras económicas y sociales. Esta disparidad se extiende a aspectos tan distintos y tan proclives a la economía golfa como el paro y el turismo, por lo que resultan de difícil eficacia las ponderaciones homogéneas. España tiene casi un 20% de su población activa en desempleo, y Luxemburgo, el 1,4%, y Alemania, el 7,8%. En España se estima que hay varios millones de pisos y apartamentos no registrados que se alquilan a los turistas y veraneantes. Efectivamente, estas segundas o terceras residencias, cuando se alquilan, alimentan la economía sumergida, mucho más en España que en Alemania. ¿Pero acaso no hay muchos extranjeros que dejan las llaves al portero para que le alquile el apartamento o que ponen anuncios en la Prensa de su país? Sería paradójico que además de no cobrar impuestos sobre las rentas de los alquileres de esos extranjeros, el Estado español tuviera que pagar a la CE por ellos.
Pero sobre todo, las pretensiones de los técnicos de Bruselas quebrarían el principio de la capacidad económica, porque países como España o Italia, que no son de los más ricos, verían aumentadas sus contribuciones al presupuesto comunitario por el simple expediente de aflorar una economía sumergida. Ya se ven deteriorados suficientemente por la economía oculta los ingresos de sus respectivas Haciendas como para afrontar una nueva carga.
En cualquier caso, el asunto no es baladí. España, país al que se atribuye una de las mayores economías sumergidas de Europa (las estimaciones oscilan entre el 3% y el 30%), contribuye anualmente al presupuesto comunitario con cerca del 1% de su PNB. Para 1989, los primeros borradores del Presupuesto del Estado apuntan a elevar los pagos un 24%, hasta situarlos en 323.500 millones de pesetas. Y más del 51% del total saldrá del IVA, recurso que poco a poco habrá que sustituir por el del PNB, con economía oculta incluida. Un nuevo debate en materia económica está servido.
