El Gobierno extenderá a otras 400.000 personas las pensiones asistenciales desde el próximo año
Una ley elevará y extenderá a otras 400.000 personas las pensiones asistenciales desde el próximo año, según reveló ayer en Santander el secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez, quien señaló que tanto este asunto como las prioridades y la política de revalorizaciones serán sometidas en septiembre a una mesa específica de concertación social, con la perspectiva de dar soluciones a más de un año y de revisar también las pensiones mínimas. La ley garantizará el derecho a recetas médicas y la asistencia sanitaria gratuita a la población de 65 y más años, que hoy se encuentra todavía excluida por no haber contribuido mediante cotizaciones.
Tras señalar que en los últimos cinco años se han dado los primeros pasos para consolidar la Seguridad Social pública sin modificar la intensidad de la protección, incrementar la eficacia protectora, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, coordinar actuaciones con la política de empleo y racionalizar el sistema, Adolfo Jiménez dibujó el futuro esquema financiero de la Seguridad Social. Dijo que este deberá tender a que las pensiones no contributivas -las de quienes no han cotizado el tiempo suficiente-, así como la Sanidad, sean cubiertas por transferencias del Estado. Los ingresos por cuotas se aplicarían únicamente a las pensiones contributivas. Dentro de estas últimas se pretende también revisar los complementos necesarios para que todos los pensionistas alcancen el nivel mínimo que se fije cada año con el objetivo de que poco a poco se aproxime al salario mínimo interprofesional.Las prioridades de cara a 1989, según el secretario general de la Seguridad Social, se centran en la entrada en vigor de una ley que extienda las pensiones contributivas, el revisar los complementos por mínimos y el fijar el poder adquisitivo del conjunto de las pensiones contributivas. Todos estos temas serán llevados a una mesa específica de conversaciones para la concertación social.
"Se hablará de revalorización y de prioridades", señaló Giménez, "así como del ritmo que se puede seguir. Deberíamos hablar sobre un periodo de más de un año y fijar los objetivos para las pensiones mímmas".
Sin embargo, la Administración pretende poner mayor énfasis en el proyecto de ley de prestaciones no contributivas. En la actualidad reciben este tipo de prestaciones, aparte de los minusválidos y otros colectivos específicos, unos 400.000 ancianos de más de 68 años y que han podido demostrar que carecen de ingresos. Ahora se pretende ampliar la cobertura flexibilizando las condiciones de acceso. La cuantía de las pensiones asistenciales es de 17.200 pesetas mensuales. Sólo pueden recibirla quienes carezcan de ayudas familiares o de otros ingresos hasta un límite de 240.000 pesetas al año por lo que dentro de un matrimonio de ancianos sólo puede percibir pensión uno de ellos.
Asistencia sanitaria
El mismo proyecto de ley extenderá el derecho a recetas médicas y asistencia sanitaria a toda la población que hoy está excluida por tener más de 65 años y carecer de pensiones contributivas que en la actualidad cubren al 86% de las personas mayores de 65 años, en tanto que la asistencia sanitaria alcanza al 97%. Así la asistencia sanitaria en los últimos años ha sido extendida a dos millones de personas, en su mayoría marginados y jóvenes.
Adolfo Jiménez indicó que el coste económico de la nueva ley no podrá ser estimado hasta que se conozca el resultado de las negociaciones dentro de las mesas específicas de concertación social y se precise el momento de la entrada en vigor y se fije la renta máxima hasta la cual un persona anciana tendrá derecho a pensión no contributiva.
El objetivo social de los nuevos presupuestos del Estado podrá ser acentúado gracias a la reducción paulatina de los intereses de la deuda pública, las transferencias para la reconversión y el saneamiento del tejido empresarial y los subsidios de desempleo en la medida en que disminuya el paro, según dijo el secretario general de Planificación y Presupuestos, Antonio Zabalza, al resumir la jornada de ayer en el curso sobre saneamiento y reestructuración del Gasto público que se desarrolla en la UIMP.
Zabalza, quien se manifestó poco partidario de sustituir cotizaciones a la Seguridad Social con aumentos del IVA, advirtió que las grandes encesidades de infraestructura podrían frenar el aumento de los gastos sociales. Dijo que en la Comunidad Europea se dedica por término medio 10 puntos más del producto interior bruto que España a la producción social porque en la CEE se acometió antes que el esfuerzo infraestructual.
Tan dilatado diferencial social, principal explicación de que en España el gasto público ronde el 42% del PIB mientras que en la Comunidad Europea anda por el 50% fue apuntado por Adolfo Jiménez, quien criticó la idea de que el gasto social no genera empleo y puso como ejemplo que el turismo social beneficia a unas 250.000 personas al año y permite mantener o crear miles de puestos de trabajo.
