La jubilación de los catedráticos
UNO DE los hechos más notables de la vida social española de los últimos años ha sido el progresivo deterioro de la Universidad. La masificación de la misma ha provocado una caída en la calidad de las enseñanzas, que amenaza a plazo con ser un freno al propio crecimiento y desarrollo de la sociedad española. La proliferación de institutos y escuelas que imparten enseñanzas de posgrado y el elevado coste de las mismas testimonian la existencia de inmensas lagunas en la enseñanza universitaria española.A este deterioro no han sido ajenos los principales protagonistas del quehacer universitario, es decir, los catedráticos. El espíritu corporativo ha prevalecido durante largos años sobre cualquier otra consideración, y así se ha mantenido contra viento y marea un sistema de selección que poco o nada tenía que ver con las necesidades objetivas de la producción y la difusión del saber. Una vez alcanzada la cátedra, el titular de la misma no respondía de hecho ante autoridad o instancia alguna, quedando confiado el cumplimiento de sus obligaciones docentes al dictado de su conciencia.
No tiene nada de extraño que en estas condiciones el absentismo y la falta de renovación pedagógica hiciesen su aparición en el sistema; por su parte, la congelación de los sueldos de los catedráticos contribuyó poderosamente a acelerar todos estos fenómenos. Puede decirse que el mantenimiento de la calidad de las enseñanzas en algunas de nuestras universidades se debió más a la voluntad y a la determinación de una parte de sus miembros que a unas condiciones de organización mínimamente racionales.
La ley de Reforma Universitaria (LRU) debería haberse enfrentado con algunos de estos problemas para por lo menos sentar las bases de la renovación de la Universidad. Pero en vez de ello, y con el evidente objeto de calmar las aprensiones de un colectivo desasosegado pero muy influyente en la formación de las expectativas sociales, la LRU prefirió congelar el sistema y hacer titulares a decenas de miles de profesores no numerarios, extendiendo de esta forma los problemas del colectivo de los catedráticos al conjunto de la comunidad universitaria y fijando así por muchos años una de las estructuras más rígidas de nuestra sociedad.
Como no podía ser menos, esta misma rigidez en el funcionamiento del sistema se aplica ahora a los catedráticos en el momento de su jubilación. Al llegar los 65 años cae de manera inexorable sobre ellos la guillotina académica, y la Universidad pierde de la noche a la mañana un capital de investigación y docencia acumulado durante largos años. Y aunque en teoría es posible recuperar a algunos de estos enseñantes mediante la figura del profesor emérito, en la práctica el sistema funciona con bastantes dificultades. Los catedráticos que han obtenido un reconocimiento extrauniversitario prefieren a menudo instalarse en esa actividad a la hora de su jubilación, y los que han dedicado su vida a la Universidad temen los riesgos y las incertidumbres que implica el trámite burocrático para la concesión de la categoría de emérito.
La rigidez en las normas de jubilación no es sino una más de las muchas rigideces que afectan al colectivo universitario. La discusión de la reforma de los planes de estudio constituye un ejemplo más de este tipo de problemas: en vez de reducir la duración de las carreras y adaptarlas a las necesidades del empleo, se ha preferido, en las primeras propuestas, adecuarlas a las necesidades del propio colectivo universitario, multiplicando las asignaturas comunes en la definición de las carreras con el evidente propósito de salvaguardar el empleo de quienes las imparten. Los perdedores en este peligroso juego son en primer lugar los estudiantes, que tendrán que realizar su especialización fuera de la Universidad al término de sus estudios, pero también los profesores, cada vez más desligados de la realidad de un país que se transforma rápidamente a sus espaldas.
