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EL JUICIO SOBRE EL SÍNDROME TÓXICO

El banquillo

Ocho procesados se enfrentan a peticiones de condenas de más de 10.000 años de cárcel y el fiscal solicita la absolución para otros 11

Los 38 acusados en el juicio de la colza se sentarán en un banquillo especial: 38 cómodas sillas de color verde. En ellas pasarán las innumerables jornadas de un proceso que va a durar al menos hasta septiembre. Este banquillo acoge a procesados para los que se reclaman condenas muy diferentes: el fiscal pide para ocho acusados entre 10.000 y 100.000 años de cárcel y solicita la absolución para otros 11. Todos ellos se sentarán juntos a partir de esta mañana.

A continuación se ofrece la relación de personas procesadas y los supuestos hechos por los que figuran incluidos en este sumario, extraídos del relato del fiscal.Hermanos Juan Miguel y Fernando Bengoechea. Propietarios de Rapsa, de San Sebastián, importan de Francia 600.000 kilos de aceite de colza desnaturalizado, para usos industriales, y lo desvían al consumo humano para revenderlo a mayor precio. El aceite lo vendieron a Raelca en Alcorcón (Madrid) y a Enric Salomó, de Tarragona. El fiscal pide para ellos más de 10.000 años de cárcel. Les acusa de un delito contra la salud pública con resultado de muerte (15 años de prisión), de 583 delitos de homicidio (15 años por cada uno de ellos), y 24.396 delitos de lesiones (entre 15 días y 4 años).

Hermanos Ramón y Elías Ferrero. Dueños de Raelca, compran el aceite importado por los Bengoechea sabiendo que tiene exclusivamente usos industriales, y lo envían a dos refinerías para que le desprendan el desnaturalizante. Seguidamente, lo distribuyen entre varias empresas y vendedores ambulantes. El fiscal les acusa de los mismos delitos que a los hermanos Bengoechea, con más de 10.000 años de cárcel, y además añade un delito de estafa (9 años).

Cándido Hernández Galán. Era copropietario de la empresa Raelca, junto con los hermanos Ferrero. El fiscal solicita para él, como para los anteriores, más de 10.000 años de cárcel, por los mismos delitos.

Jorge Pich Garriga. Actúa como intermediario entre los Bengoechea y los Ferrero. Pidió a Ramón Ferrero una muestra del aceite envasado por Raelca, después de refinado, y la entregó a Juan Miguel Bengoechea para que comprobase que no presentaba apariencia distinta a cualquier otro aceite comestible. El 17 de junio de 1981 se reúne en Zaragoza con los Bengoechea y los también aceiteros Enric Salomó y Ramón Alabart, para comunicarles él resultado del refino del aceite de colza desnaturalizado y seguir suministrándolo para el consumo humano. El fiscal solicita para él más de 10.000 años de cárcel, por un delito contra la salud, 583 de homicidio y 24.396 de lesiones.

Enric Salomó. Compra aceite de colza desnaturalizado a los hermanos Bengoechea, dueños de Rapsa, y se lo vende a Aceites Valencia, que, como conoce Salomó, se dedica a comerciar aceite de consumo humano. El fiscal considera que es autor de 583 delitos de homicidio, 24.396 de lesiones graves, y uno contra la salud pública, por lo que pide más de 10.000 años.

Ramón Alabart. Compra aceite de uso industrial a Enric Salomó y lo desvía en dos direcciones: para el consumo humano y de nuevo. para la empresa Raelca, que adquiere así aceite de colza por dos vías distintas, y tal vez sin saber que esta segunda tenía la misma procedencia original que la primera (Rapsa, de los hermanos Bengoecheas). El fiscal solicita para él más de 10.000 años de prisión, por los mismos delitos que Salomó y además uno de estafa (9 años).

Hermanos Agustín y Tomás Baviera. Compran el aceite de colza a Enric Salomó sabiendo que es de uso industrial, y lo envían a refinar y mezclar a Aceites Tàrrega, propiedad de Francisco Tàrrega. El producto resultante tenía un fuerte color rojizo, por lo que procedieron a un nuevo refinado, este vez en su propia fábrica. A pesar de que ese color se mantuvo y aunque sabían que se trataba de aceite tóxico, decidieron comercializarlo, bajo las marcas Yumi y La Pista. Asimismo, venden parte del aceite mezclado a las empresas Aguado el Prado e Hijos de Jacinto Aguado, ambas de Cedillo del Condado (Toledo). El fiscal pide para los hermanos Baviera 776 años de reclusión (15 años por un delito contra la salud pública con resultado de muerte; 3 penas de 15 años por otros tantos delitos de homicidio; y 179 penas de 4 años por delitos de lesiones graves).

Fernando Bau Carpi. Gerente de Danesa Bau, de Madrid, empresa dedicada a la refinación de aceites. Refinó el aceite de colza desnaturalizado de Raelca. El fiscal pide la absolución.

Juan Moreno Anaya. Gerente de Industrias Trianeras de Hidrogenación (ITH), de Sevilla. Dejó su cargo antes de que se refinasen allí los aceites de Raelca. El ministerio público pide que se le absuelva.

Pedro Sans Xifré. Socio de la refinadora sevillana ITH que trató el aceite enviado por Raelca. Ignoraba que se tratase de aceite desnaturalizado. El fiscal reclama su absolución.

Ramón Surra Ochoa. Actúa como agente comercial en las transacciones de aceite entre Enric Salomó y Aceites Valencia. El fiscal pide la absolución.

Antonio Aguado. Era copropietario de aceites Aguado el Prado, que compró aceite tóxico a Aceites Valencia. Los afectados por la ingestión de su aceite fueron 179; y los fallecidos, cuatro. El fiscal pide la absolución, al suponer que ignoraba la toxicidad del producto.

Jesús Portillo. Copropietario de aceites Aguado el Prado. El fiscal-pide la absolución.

Juan Antonio Pastor Ruiz. Envasaba y comercializaba aceite comestible bajo la marca JAP, sita en Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). Alteraba la calidad de sus aceites y lo trasladaba a un almacén de Navalcarnero (Madrid) para su distribución en esa provincia. El fiscal reclama para él 9 años, por estafa.

Hermanos Juan Antonio y Mariano Pastor Muñoz. Hijos del anterior, regentaban el almacén de Navalcarnero al que su padre enviaba el aceite manipulado fraudulentamente. Cuando les faltaba suministro de su padre, adquirían aceite a otros proveedores y lo etiquetaban también con la marca JAP. Así fue como compraron aceite tóxico a Raelca (hermanos Ferrero), en envases de 5 y 25 litros sin etiqueta, y le colocaron las de JAP, pero ignorando que se tratase de un producto contaminado. El fiscal pide para ellos cuatro meses de cárcel por venta de objetos con sustitución de marca.

Florencio Feijoo. Adquirió 10.000 kilos de aceite de Ramón Alabart, quien a su vez se lo había comprado a Enric Salomó. Feijoo comercializó el aceite bajo las marcas El Olivo y El Jotero, ambas sin registrar. Este aceite, según el fiscal, produjo resultados lesivos a 43 personas. El ministerio público le considera culpable de estafa y de falsificación de sellos y marcas (13,años en total).

José Luis Garrote Rojas. Era representante en Madrid de Rapsa (hermanos Bengoechea), para el suministro de aceite industrial a empresas siderúrgicas, por lo que percibía una comisión. Así sirvió a Raelca (hermanos Ferrero) 300 kilos de aceite hidráulico para el mantenimiento de la maquinaria de la planta envasadora de Raelca; pero no intervino en el suministro de aceite de colza desnaturalizado. El fiscal pide su absolución.

Miguel Par Balcells. Cogerente de Lípidos Ibéricos. Importó clandestinamente aceite de colza crudo. Un empleado de su empresa, Alfonso Molina, vendió por su cuenta trioleínas (aceite de manteca de cerdo) y aceite de semillas a Juan Antonio Pastor Ruiz, de la empresa JAP. Par Balcells, después de conocer la infidelidad de su empleado, alteró diversos documentos, tras descubrirse el síndrome tóxico, para evitar que su empresa apareciese relacionada con JAP, distribuidora de aceite tóxico. El fiscal le acusa de delito continuado de falsedad en documento mercantil (seis años de cárcel).

Alfonso Molina. Empleado de Lípidos Ibéricos, vendió por su cuenta a Juan Antonio Pastor Ruiz (JAP) aceite importado ilegalmente por la empresa donde trabajaba. Está acusado de un delito continuado de falsedad en documento mercantil (seis años).

Salvador Alamar. Dueño de la Sociedad Mediterránea de Industrias y Comercio, compraba aceite importado ilegalmente por Lípidos Ibéricos. Después vendió aceite a Aguado el Prado. Al aparecer el síndrome tóxico, falseó documentos para evitar que se descubriese el intenso tráfico ilegal de aceite de colza. El fiscal le imputa falsedad en documento mercantil (seis años).

José María Abascal Romero. Intervino como agente en las operaciones realizadas por el anterior, y participó en la falsedad de documentos cometida para ocultar el comercio con las empresas implicadas en el aceite tóxico. Por su presunta falsedad en documento mercantil, el fiscal pide seis años de cárcel.

Emilio Gil Vidaurreta. Se dedicaba a la venta ambulante de aceite, y en su almacén ilegal de Lasarte (Guipúzcoa) mezclaba y trasvasaba el recibido de los proveedores sin las precauciones para evitar su contaminación. Incluso lo envasaba en bidones que habían contenido aceite mineral y combustible para motores, con lo cuál se convertía en no apto para el consumo humano. Este aceite no produjo víctimas ni lesionados. El fiscal pide cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública.

Juan Santacana Bayes. Gerente de Viuda de Juan Santacana, de Barcelona, dedicada a la fabricación de colorantes industriales. Consciente de la toxicidad de estos productos, vendió diferentes partidas a Producción y Consumo, de Tarazona (Zaragoza), que lo comercializó. El fiscal le considera culpable de un delito contra la salud pública (12 años de cárcel).

Adela Jarauta Martínez. Gerente de Producción y Consumo, de Tarazona (Zaragoza), mezcló los colorantes industriales con el aceite para el consumo humano, consciente de que el Código Alimentario lo prohibía. Comercializó así los aceites Pochi, (oliva), Prosol (girasol) y Eureka (semillas). Esta última marca no tiene ninguna relación con la empresa de chocolates del mismo nombre. Este aceite es supuestamente cancerígeno, y sus efectos no se conocen a corto plazo. Por delito contra la salud pública, el fiscal pide 4 años de cárcel.

Luis Beamonte Magaña. Antiguo empleado de Producción y Consumo, la empresa de Adela Jarauta, se independizó con una planta envasadora en Malón (Zaragoza) y realizó las mismas mezclas fraudulentas que efectuaba su empresa anterior. Su producto se denominó Beamonte. Este aceite es supuestamente cancerígeno, y sus efectos no se conocen a corto plazo. El fiscal Eduardo Fungairiño le acusa de un delito contra la salud pública (cuatro años de cárcel).

Ramón, Navarro Ponz. Socio constituyente de Oleo-Aragonesa, SA, de Zaragoza, envasaba aceite con la marca Ole-Ole que vendía como puro de oliva. Mezclaba un kilo de colorante artificial por cada 25 de aceite, a sabiendas de su prohibición. Se han encontrado en sus aceites sustancias cancerígenas. El fiscal le imputa un delito contra la salud pública (seis años de cárcel, y otro de estafa (12 años).

Víctor García García. Se ha comprobado la presencia de sustancias cancerígenas en sus aceites, comercializados en Logroño. Acusado de un delito contra la salud pública (cuatro años).

Francisco Alfonso Puchades. Envasaba y comercializaba en Burjasot (Valencia) aceite de girasol bajo la marca Noray, y a partir de 1981 lo mezcla en un

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viene de la página 14

10% con manteca de cerdo, con ánimo de lucro y a costa de la calidad del producto. Añade colorante artificial aunque sabe que está prohibido. Se han hallado en su producto sustancias cancerígenas. Vendió 4.400 kilos de esta mezcla. Acusado de un delito contra la salud pública (cuatro años) y otro de estafa (4 meses).

Ramón Carreras Clotet. Gerente de Aceites Carreras, de Manresa. Vendía como "puro de oliva" acete que llevaba dos tercios de girasol. También mezcló colorantes cancerígenos. El fiscal le responsabiliza de un delito contra la salud pública (cuatro años) y de un delito de estafa (nueve años).

José Lafuente Gil. Comercializaba aceite en Madrid y Humanes (Madrid) que hacía pasar corno puro de oliva, cuando llevaba al 50% o 75% aceite de semillas. El fiscal le imputa un delito de estafa (nueve años).

Antonio Gallego Jurado. Su empresa Giresa compró aceite de colza a Salomó, pero lo quemó al tener conocimiento de que se trataba de un producto tóxico. Una parte de ese aceite se lo vende a Eloy Muro. El fiscal, que pide su absolución, cree que al producirse la venta todavía ignoraba la toxicidad del aceite.

Eloy Muro Benayas. Gerente de Oleícola Toledana, de Cebolla (Toledo). En partidas envasadas por su empresa apareció aceite contaminado que había comprado a Antonio Gallego Jurado, pero, según el fiscal, no consta que fuese consciente de su toxicidad.

Manuel Franco Pellicer. Agente comercial, medió en el suministro de aceite de colza (apto para el consumo pero importado ilegalmente) y de trioleínas (aceite de grasa animal) entre Lípidos Ibéricos y Alabart Hermanos. El fiscal no le considera culpable.

Vicente Villalba Prats. Director técnico de la fábrica de refino perteneciente a Industrias Tàrrega, de Valencia, realizó la refinación para los hermanos Baviera (Aceites Valencia). Al percatarse del anómalo aspecto del aceite, les informó inmediatamente. El fiscal pide su absolución.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de marzo de 1987