El fiscal pide seis meses por desórdenes públicos a dos 'ultras' que mataron a un anarquista

El próximo día 25 de marzo se celebrará la vista oral por la muerte de Jorge Caballero, de 21 años y miembro de la CNT, que el 28 de marzo de 1980, a la salida de un cine de Madrid con su novia, fue atacado por un grupo de ultraderechistas, uno de los cuales le dio una puñalada, como consecuencia de la cual falleció días después. El fiscal pide seis meses de cárcel para José Miguel Gómez González, el Masa, y para José María Vargas Villalba, el Jerezano, como autores de desórdenes públicos, mientras la acusación particular pide 17 años para cada uno por asesinato.

La abogada María Ángeles López Álvarez, acusadora particular en nombre de la familia del joven Caballero, ofrece una versión de los hechos que explica su calificación de los mismos como asesinato. Según esta versión, José Juan Llobregat, el Loco, en unión de otros 10 jóvenes, entre los que se encontraban Vargas y Gómez, todos ellos simpatizantes de Fuerza Joven, rama juvenil de la asociación Fuerza Nueva, se reunieron para realizar pintadas conmemorativas del inminente 1 de abril, día de la victoria franquista en la guerra civil. Llobregat llevaba una navaja tipo machete y los otros procesados palos de kárate.Pasadas las diez de la noche, al llegar a la altura del cine Azul, en la madrileña Gran Vía, vieron salir a Jorge Caballero, acompañado de su novia y llevando en la chaqueta una insignia con la letra A dentro de un círculo, por lo que le identificaron como persona de ideología anarquista y le insultaron y golpearon, sin que pudiera repeler la agresión. De acuerdo con esta versión, una vez Caballero en el suelo, Llobregat sacó el machete y le produjo una herida en el abdomen que atravesó el hígado e interesó el pulmón derecho y determinó su muerte a los pocos días, a pesar de ser intervenido quirúrgicamente de inmediato.

Puñalada mortal

El informe del médico forense señala que existió "una relación prácticamente única de causa a efecto entre la agresión, la grave lesión abdominotorácica producida y la muerte". Por su parte, el fiscal coincide sustancialmente con el relato de los hechos realizado por la acusación particular, si bien atribuye la autoría de la muerte de Caballero a Llobregat, declarado en rebeldía, mientras que, respecto a Vargas y Gómez, califica lo ocurrido como desórdenes públicos, por los que solicita penas de seis meses de arresto para cada uno.La acusación particular se ha quejado a la Audiencia Provincial de Madrid de la forma en que se está tramitando esta causa y por no haber sido informada de la existencia de unos télex de la Interpol, solicitando datos sobre la situación del procesado rebelde. En concreto, se refiere a un télex de 13 de junio de 1986 procedente de la Interpol de Viena, que pedía que la respuesta sobre la orden de busca y captura de Juan José Llobregat se realizara por radio, en razón de la urgencia del caso. Sin embargo, la sala no contestó hasta casi un mes después, sin preguntar a la policía austriaca si tenía localizado al rebelde.

Seguir la investigación

Por otra parte, uno de los procesados, el apodado el Masa, declaró en noviembre de 1981 al semanario Cambio 16 que desde Fuerza Nueva se seguían las investigaciones que realizaba la policía y "gracias a eso", declaró José Miguel Gómez, "poco antes de que se presentaran en casa de José Llobregat, alias el Loco, para detenerle, Ricardo Alba, subjefe nacional del partido, se había encargado de buscarle un billete de avión y sacarle del país". Este extremo no ha podido ser verificado judicialmente, ya que, según informa la abogada López Álvarez, no ha sido aceptada la petición de que declare Ricardo Alba, que figura en la lista de testigos propuestos para la vista oral del próximo miércoles.La abogada de la acusación particular señala que, de los cuatro jóvenes inicialmente procesados por el juez Luis Lerga, la sala levantó el procesamiento a Fernando Saliquet de la Torre y a Felipe Queipo Zimmerman, y a los dos restantes les concedió libertad provisional bajo fianza de 25.000 pesetas. Cuando los representantes de varios sindicatos y partidos de izquierda trataron de ejercer la acción popular, el tribunal exigió una fianza de 3.400.000 pesetas, que lo impidió.

Ante la protesta dirigida al Consejo General del Poder Judicial, en junio de 1981 la sección disciplinaria del mismo pidió a la sala las circunstancias de tan elevada fianza, por si mediante ella se podía "incidir en la privación de un derecho reconocido por la ley". El tribunal contestó que había aceptado la petición fiscal de solicitar 100.000 pesetas por cada uno de los 34 querellantos.