Banca Catalana repartió 516 millones en dividendos entre 1974 y 1976 año en que ya tenía un déficit de mil milllones

Banca Catalana tenía, cuando Jordi Pujol abandonó la entidad en 1976 un déficit de 11.086 millones de pesetas, según aseguran los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena en el escrito de petición de procesamiento presentado ante el Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona el pasado 30 de junio. Pese a estos resultados, Jordi Pujol (actual presidente de la Generalitat) consiguió entonces, como administrador del banco, "la aprobación del reparto de dividendos cítricios entre los accionistas" y entre 1974 y 1976 se entregaron por este concepto un total de 516 millones de pesetas, afirma el ministerio público en el documento.

Según asegura el ministerio público, estas operaciones tenían como objetivo ocultar a la junta de accionistas y a las autoridades monetarias la situación real de la entidad.Los fiscales acusan a los administradores de Banca Catalana de falsear constantemente el balance oficial de la entidad y aseguran que ya en 1976 había en la entidad un déficit de 1.086 millones de pesetas. E$sta cifra es el resultado, según afirma el ministerio público, de sumar el resultado general oficial, los saldos negativos de la caja b y los balances también negativos de las 27 sociedades instrumentales.

Estos datos fueron ocultados a la junta de accionistas y, según afirman los fiscales, "se alteró el signo" de: los resultados de la contabilidad oculta. A modo de ejemplo, el ministerio fiscal explica en el documento de acusación que en 1974. la caja b tenía ya un saldo negativo de 174 millones de pesetas; y en 1975, de 67 millones. Por otra parte, entre 1974 y 1976 las sociedades instrumentales arrastraban también un déficit total de 106 millones de pesetas.

A pesar de estos; saldos negativos se repartieron dividendos entre los accionistas de Banca Catalana. Los fiscales acusan directamente a Pujol de ser el responsable, ya que "consiguió la aprobación del reparto de dividendos ficticios" entre los titulares de valores. Según se desprende del documento fiscal, a medida que se incrementaba la deuda real de Banca Catalana a los accionistas se les asignaban mayores beneficios. En 1974 se repartieron entre los accionistas 127 millones en concepto de intereses. Al año siguiente: se distribuyeron 176 millones; y en 1. 9715, el último año en que Pujol fue consejero de Banca Catalana, se adjudicaron 212 millones.

Los fiscales acusan también a Jordi Pujol de asignar, en los dos últimos años en que actuó como administrador de Banca Catalana, más de 76 millones de pesetas en concepto de sobresueldos a espaldas de la junta de accionistas y con fondos de la caja b. Mena y Villarejo en ningún momento especifican quiénes fueron los destinatarios de estos sobresueldos, pero, según se desprende de una frase situada al final de este apartado, los beneficiarios tal vez fueron los propios consejeros querellados. Con ello los fiscales desmienten las afirmaciones de Jordi Pujol cuando, en su declaración del 2 de octubre de 1984, aseguró que "la caja b no significó nunca un beneficio para accionistas y consejeros".

Jordi Pujol, según el ministerio público, es uno de los responsables de la compra de acciones de cinco bancos (EL PAÍS del 8 de agosto) y también de la compra irregular de valores; inmobiliarios, con fondos de la caja b. Algunos de los proyectos inmobiliarios en los que participó Banca Catalana quedaron paralizados posteriormente por diferentes problemas. Entre estos proyectos destacan el de la urbanización de Montigalá-Batllòria y el de Tabasa. Entre 1974 y 1976 promovió la adquisición de acciones por un valor total de 772 millones de pesetas. El propio Pujol "se prestó a figurar como titular de algunos valores inmobiliarios" y en otros casos lo fueron algunos de sus familiares.

Inversiones irregulares

Una de las inversiones irregulares más gravosas para la entidad realizadas a través de Banca Catalana entre 1974 y 1976 fue la adquisición de acciones de la urbanización de Montigalá-Batlloria, por un valor total de 195 millones. La mayor parte de estos títulos se adquirió a través del Banco de Alicante. Banca Catalana llegó a poseer el 45% de las acciones, que al producirse la crisis de la entidad pasó también al Fondo de Garantía de Depósitos.

Montigalá-Batlória ocupaba una extensión de 195 hectáreas, situada entre los municipios de Badalona y Santa Coloma de Gramenet, en el cinturón industrial de Barcelona. El proyecto, que contaba con el beneplácito del Ministerio de la Vivienda, significaba la construcción de 13.000 pisos, que alojarían a 50.000 personas. Se aseguró que se trataría de una ciudad modélica, tomando como referencia a Tapiola, ciudad residencial próxima a Helsinki (Finlandia), donde 10.000 habitantes ocupan 250 hectáreas. La oposición de los consistorios afectados por la urbanización y la crisis de Banca Catalana hicieron fracasar el proyecto.

En 1976, Pujol promovió la compra de 13 millones en acciones de Infraestructuras Sociedad Anónima. Esta empresa llegó a poseer el 58% de la firma Túneles y Autopistas de Barcelona, Sociedad Anónima, que se quedó con la concesión oficial de la construcción de los tres túneles que debían romper la muralla de la sierra de Collserola, permitiendo así el acceso directo de Barcelona con la comarca de El Vallés. Diferentes problemas económicos, sociales y estructurales provocaron la paralización del proyecto.

Promovió también la compra (le acciones de Sociedad Anónima Grupo Alimenticio, que en 1974 supuso un desembolso de 100 millones. En 1975 compró otros 100 millones de la sociedad Cervezas ole Barcelona Sociedad Anónima (CERBASA), que comercializaba los productos Moritz. Esta firma cerró antes de la crisis del banco, entre las protestas y encierros de sus trabajadores.

Captar capitales

También promovió la adquisición de otras acciones de Bolsa de la Vivienda -28 millones en 1974-, Asturiana de Valores -40 millones en 1974-, Sociedad Europea de Expansión Económica, - 102 millones entre 1974 y 1976-, Inversora del Duero - 12 millones en 1975- y FECSA (entre 1974 y 1976 compró acciones por un valor total de 179 millones).

Siempre según afirman los acusadores, Jordi Pujol, para alimentar la caja b, con cuyos fondos pudo materializar estas transacciones, realizó una serie de: operaciones destinadas a captarcapitales. Según el ministerio público, Jordi Pujol continuó ejerciendo esta actividad cuando ya no estaba en el consejo de Banca Catalana.

El documento de los fiscales asegura que algunos familiares colaboraron en estas tareas de captación de capitales, a las que ofrecían intereses por encima de los legales. En los años 1975 y 1976, sólo en cuentas a la vista, se recaudaron 1.135 millones de pesetas, y 1.765 millones en letras de cambio.

Asímismo, los fiscales Menay Villarejo aseguran que Jordi Pujol fue "beneficiario ficticio" de un préstamo de 1.950.000 pesetas, que le fue concedido por el Banco de Financiación Industrial y que, en realidad, fue a parar a la caja oculta.