La 'otra' versión del asalto a las cárceles de Lurigancho, El Frontón y El Callao

El Departamento Académico de Derecho Público y Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú) encargó a los catedráticos Enrique Soto, Rómulo González y Alfonso Banda una investigación sobre lo sucedido en el asalto a las cárceles limeñas de Lurigancho, El Frontón y El Callao, ocurrido el pasado 19 de junio, y en el que resultaron muertos varios centenares de presos, supuestos miembros de Sendero Luminoso. Tres de los detenidos en esas cárceles -José Alfredo Borja, David Guevara y Lidia Romero, alumnos de esa universidad peruana- habían sido defendidos ante los tribunales por profesores del citado departamento. En su informe, la comisión -además de referirse a estos tres casos- realiza una reconstrucción de los hechos ocurridos ese día en los tres penales, recogiendo "declaraciones, testimonios y documentos". Una síntesis de las conclusiones de ese informe se reproduce, por su valor documental. El presidente de Perú, Alan García, en su mensaje al Congreso afirmó al referirse a la matanza: "Estos hechos escandalosos deben hacemos meditar que la violencia se contagia a lbs instrumentos del Estado".

No es verdad que los presos políticos o terroristas se hayan levanta do simultáneamente en Lurigancho, El Frontón y la cárcel de mujeres de El Callao. En cada caso e posible establecer cómo fuero provocados y cómo se levantaron o incluso sometieron sin resistencia.En Lurigancho, la semana anterior a los sucesos se produjo una nueva clasificación de los internos. El personal entró en el pabellón sin encontrar resistencia y sin encontrar armas y se procedió a retirar a los delincuentes comunes que habían convivido con los terroristas con fines de provocación. Igualmente fueron retirados los presos políticos calificados como terroristas, pero que eran miembros de los partidos integrantes de la coalición Izquierda Unida. Finalmente se cortó el suministro de agua y alimentos.

Los terroristas presentaron un recurso de amparo ante el juez competente, sometiéndose expresamente al poder judicial. El juez declaró procedente fundado el recurso, y ordenó a la Administración penitenciaria poner fin a esas acciones de provocación. Empero, la notificación de la resolución sólo llegaría a Lurigancho una vez producida la matanza.

Dos días antes de los hechos, Antonio Díaz Martínez concurrió a una diligencia judicial y denunció cómo se venía preparando el genocidio. Parece que esa valiente denuncia le costó la vida. En un intento de salvarle, el dirigente aprista Armando Villanueva del Campo expresó aquella misma tarde que creía conveniente conversar con él. No obstante, Díaz Martínez prefirió seguir la suerte de sus compañeros.

Visita suspendida

El día de los hechos, el personal auxiliar penitenciario inició -diremos mejor reinició- una huelga. Una enorme multitud integrada por mujeres había ido integrando largas columnas piara visitar a sus familiares, presos comunes y políticos. A consecuencia de la huelga, la visita fue suspendida, lo que motivó una serie de airadas protestas por parte de las mujeres en la explanada exterior del penal. Fueron violentamente reprimidas, utilizándose carros rompe manifestaciones, varas y perros. Los presos se sumaron a la protesta y lanzaron piedras desde las zonas altas de los pabellones. Así comenzó el levantamiento de los presos del Pabellón Industrial.

No tomaron rehenes, simplemente impidieron la salida de algunos empleados penitenciarios que laboraban en ese pabellón y que no se habían sumado a la huelga de sus compañeros. Uno de ellos resultaría testigo de excepción de todo lo que había de ocurrir posteriormente.

Un vasto operativo militar-policial comenzó a desenvolverse. Entre 700 y 1.000 efectivos del Ejército y 200 de la Guardia Republicana se hicieron presentes bajo el mando de un general del Ejército (identificado como el general Rabanal). El alcaide, que conocía indudablemente el plan y que había servido a su preparación con las acciones detalladas anteriormente, advirtió sólo entonces que se trataba de una operación de exterminio, por lo que se negó a permitir el ingreso de los efectivos militares. El general Rabanal se identificó y afirmé, cumplir órdenes expresas del Comando Conjunto. El alcaide reteiró su negativa mientras consultaba a las autoridades del Ministerio de Justicia. Finalmente accedió, dejando constancia en acta de que disponía de los medios necesarios para sofocar cualquier acción de los internos del Pabellón Industrial y ratificando que ni siquiera se encontraban armados. Parece que su actitud valiente y humanitaria no fue avalada por las autoridades de su sector (la renuncia del ministro de Justicia parece estar determinada precisamente por la incapacidad del señor González Posada para respaldar a ese funcionario, que supo comprender qué estaba a punto de ocurrir en Lurigancho y que conocía perfectamente que los internos carecían de toda posibilidad de resistencia).

Los sublevados sólo atinaron a cerrar todas las puertas de acceso con mesas, camas y colchones y refugiarse en la zona central y en los extremos. Algunos destrozaron las camas y se armaron con pedazos de hierro, otros llegaron en su desesperación a preparar cerbatanas. Antonio Díaz Martínez y los rehenes que no lo eran fueron llevados a un pequeño ambiente ubicado en la zona más alejada de la entrada principal. Un equipo especializado Colocó cargas de demolición y luego de un intenso fuego de ametralladoras a través de los boquetes (perecieron entre 50 y 60 reclusos), un grupo selecto de la Guardia Republicana se introdujo para liberar a los rehenes sin encontrar resistencia. Uno de ellos, el testigo de excepción mencionado anteriormente, se convirtió en portavoz de Antonio Díaz Martínez y sus compañeros, informando de que éstos se entregarían y saldrían con las manos en la nuca. El oficial de la Guardia Republicana consultó a sus jefes, pero la orden del general Rabanal era defiriftiva: nadie podría salir vivo. Se aceptó entonces el ofrecimiento sólo para facilitar el exterminio: fueron saliendo uno a uno y obligados a tirarse ál suelo con los brazos en la nuca y comenzó la monstruosa cacería...

"Ordenes del Comando"

Nadie dejó de cumplir la orden criminal; los oficiales y efectivos de la Guardia Republicana se ensañaron con sus víctimas. El general Rabanal y los efectivos militares no intervinieron en esta etapa de la operación: ellos se habían limitado a ordenar y habían cumplido la parte militar del operativo. Todos estaban enterados de que las órdenes procedían del Comando Conjunto, y todos sabían además que el presidente de la República había dado su aprobación y que el Consejo de Ministros había vota.do unánimemente por esa solución final del problema senderista.

El ministro del Interior lo dijo por radio y televisión, y mientras se iniciaba el operativo, la decisión era definitiva. Más tarde, Abel Salinas haría un balance y felicitaría a las fuerzas a su mando (la policía depende de su ministerio).

Debe advertirse que algunas bombas de gaseslacrimógenos hubieran servido para poner fin a la rebelión. El pabellón era cerrado, pero sobre el techo existían aberturas que hubiesen permitido la introducción de las bombas (la policía peruana utiliza bombas lacrimógenas, vomitivas, diarreicas, paralizantes, etcétera, para reprimir manifestaciones).

La verdad en el caso Lurigancho se abrió paso rápidamente: el exterininio se había producido en un penal con miles de otros inculpados; la matanza se realizó a la luz del día. García Pérez, que concurrió al Congreso de la Intemacional Socialista, dijo que lo ocurrido era doloroso, pero estrictamente necesario, y dijo además que las fuerzas armadas y policiales habían cumplido estrictamente sus órdenes para restablecer el principio de autoridad; no obstante, al día siguiente tuvo que admitir que se habían producido excesos; luego, que aproximadarriente 30 reclusos habían sido ejecutiados; posteriormente, que el número de ejecuciones podría superar las 70; el día que visitó Lurigancho afirmó que los asesinados no eran menos de 100. En verdad, los asesinados allí no pueden en ningún caso ser menos de 169 (víctimas entre el personal militar y policial, ninguna).

En El Frontón el drama es mucho más increíble y sangriento:

Los presos políticos encerrados en el Pabellón Azul se enteraron de su sublevación en la noche inmediatamente anterior a los sucesos. En efecto, la isla, es decir, el promontorio rocoso conocido corno la isla de El Frontón, fue ocupada .por unidades de la Infantería de Marina, que procedieron a aislar el pabellón e impedir la salida de los sublevados de aquella ratonera. A la mañana siguiente llegarían los señores de la comisión de paz a solicitar su entrega sin condiciones y la libertad de los rehenes (en este caso parece Incluso que los rehenes nunca existieron, pero que al verse rodeados por un impresionante aparato naval desarmaron a dos efectivos de la Guardia Republicana y se apoderaron de dos metralletas).

Fracasa la comisión de paz

La comisión se retiró al fracasar su misión. Posteriormente se inició un prolongado fuego de ametralladoras sin objetivos precisos; hacia el anochecer se aproximó una pequeña lancha misilera y desde una distancia de 600 o 700 metros disparó dos pequeños misiles, que demolieron gran parte del pabellón, pero que intencionalmente dejaron intacta la parte derecha -de cara al mar- para obligar a los sobrevivientes a refugiarse allí o intentar huir hacia las viejas y clausuradas celdas de castigo del pasado (la Lobera, la Parada, la Siberia, etcétera). Allí entran en acción las unidades selectas de la Infantería de Marina para liquidar uno a uno a los sobrevivientes de la tremenda explosión y a perseguir y destrozar literalmente a quienes habían escapado (el balance jamás podrá ser exacto: los familiares de las víctimas que habían visitado la isla en las últimas semanas coinciden en cifras que van de 350 a 450 presos de Sendero Luminoso -los presos de Izquierda Unida nunca fueron llevados a El Frontón, o en todo caso terminaron por incorporarse al senderismo-, las cifras proporcionadas por las autoridades son ridículas: 60 u 80). En la resistencia final parece ser que murieron un guardia republicano, rehén o compañero de los presos -hasta el extremo de no haber sido mencionado ni ascendido póstumamente-; un oficial y dos infantes de Marina, alcanzados por los disparos de los senderistas que recibieron las metralletas, y un oficial de mar resultó gravemente herido por un dardo de cerbatana.

En la cárcel de mujeres de El Callao, la represión estuvo a cargo de unidades selectas de la Aeronáutica y de la Guardia Republicana. Las mujeres se entregaron sin resiste ncia. Fueron colocadas en columna y se las fue llamando para su traslado. Sólo quedaron algunas, que serían ultimadas por efectivos de la Republicana y en presencia de oficiales de la Aeronáutica....

Las jóvenes senderistas trasladadas ignoraban lo que había ocurrido y lo que venía ocurriendo con sus compañeros, hasta el extremo de que en algunos casos abandonaron el penal cantando consignas de victoria. Posteriormente desaparecerían varias de ellas. Debe anotarse que la viuda del insigne escritor peruano José María Arguedas ha sido efectivamente trasladada al penal de alta seguridad de Canto Grande, construido para criminales varones responsables de crímenes calificados.