Taxistas de dos pueblos rivalizan por dar servicio en el aeropuerto Reina Sofía
Vecinos de dos municipios del sur de Tenerife, Granadilla (15.000 habitantes) y San Miguel (4.500 habitantes), participan desde hace una semana en un duro enfrentamiento, al que se conoce como guerra de los taxis, que se ha visto agravado en las últimas horas. El conflicto entre propietarios de taxis de las dos localidades, que se disputan el uso del aeropuerto Reina Sofía, del sur de Tenerife, ha registrado por último, la actuación violenta de familiares de las dos partes en litigio por la cobertura de dicho servicio.
Efectivos de antidisturbios de la Policía Nacional y miembros de la Guardia Civil se han visto obligados a abortar conatos de violencia. Los sucesos, que se originaron a raíz de una polémica orden dictada por la Consejería de Turismo y Transportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, han entorpecido sensiblemente la normal actividad del aeropuerto.Bloqueo de carreteras y espontáneas concentraciones de los manifestantes han provocado serios trastornos a los viajeros de diferentes nacionalidades que llegan a la isla. Los taxistas han llegado a realizar un paro. El transporte se ha reforzado mediante la utilización de autobuses.
La Guardia Civil ha presentado una denuncia en el Juzgado de Granadilla contra los autores de tales alteraciones del orden público. Un agente de este cuerpo a punto estuvo de perder, en una de las refriegas, su arma reglamentaria. Los alcaldes de los pueblos en tensión, de AP y de una agrupación independiente insularista, solicitaron el martes del gobernador civil de la provincia, Antonio Martilón, la presencia en el lugar de los hechos del delegado del Gobierno, Eligio Hernández.
A principio de mes, el boletín de la comunidad autónoma publicó una orden de la citada consejería por la que se autorizaba a cuatro taxistas de San Miguel, población limítrofe a la de Granadilla, a prestar servicio en el aeropuerto Reina Sofía. Dicha actividad había sido exclusiva, hasta esta fecha, de los taxis de Granadilla, localidad en la que está enclavado el aeropuerto citado, que disponía de la totalidad de taxis del mismo, 64.
El Ayuntamiento de este último lugar ha presentado un contencioso-administrativo y se ha dirigido al Defensor del Pueblo para anular tal decisión. La titular de Transportes, Dolores Palliser, se niega a revocar la orden por entender que San Miguel tiene derecho a ser compensado por las servidumbres que le ocasiona la proximidad del aeropuerto
