La Comunidad de Madrid aprueba la suspensión de la ley de recargo del 30

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer el proyecto de ley por el que se suspende la aplicación de la popularmente llamada "ley del 3%", debido a que la interposición de diversos recursos de inconstitucionalidad "ha producido una generalizada confusión en la ciudadanía que puede afectar a intereses nacionales entre los que se encuentra la misma acción recaudatoria del Estado".

El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras afirmar su carácter progresista, decidió ayer suspender la aplicación de la ley del Fondo de Solidaridad Municipal "hasta la resolución por el Tribunal Constitucional de los recursos de inconstitucionalidad formulados contra la referida ley". El consejo advierte que dicha ley recobrará su eficacia en los siguientes supuestos: desestimación de los recursos de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional o que los recursos no prosperen por desestimiento o incidencia procesal. En el caso de que se dieran estos dos supuestos, el consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid hará público mediante decreto la recuperación de la eficacia de la ley del Fondo de Solidaridad Municipal "con referencia al día 1 de enero del año siguiente a aquel en que se determine bien la constitucionalidad de la ley impugnada, bien la finalización de los procesos como consecuencia de las incidencias antes expresadas".

Sin embargo, en el caso de que la sentencia del Tribunal Constitucional fuera estimatoria parcial o totalmente de las pretensiones de inconstitucionalidad "el consejo de Gobierno remitirá en un plazo no superior a seis meses a contar desde la comunicación de la sentencia, una notificación a la Asamblea de Madrid, conteniendo la sentencia recaída, así como la armónica adecuación a la misma de la ley del Fondo de Solidaridad Municipal".

'Confidencialidad'

Por otra parte, la Mesa de la Asamblea de Madrid estudiará hoy la propuesta de los dos miembros del Grupo Popular que la integran, Isaac Sáez y José Ramón Pin, en la que se pide "confidencialidad" para los escritos en contra del 3%. que se están entregando al presidente de la Asamblea, Ramón Espinar. En virtud de esta propuesta, sólo se enviarán al Ejecutivo los resultados globales, y no individuales, para proteger "los derechos de los ciudadanos" del uso informático, de acuerdo con el artículo 18.4 de la Constitución.