Los enfrentamientos entre el PSOE y el PCE se deben a la política del Gobierno, según los comunistas

Los enfrentamientos registrados en los últimos meses en varios pueblos madrileños entre militantes y cargos públicos del PSOE y del PCE han señalado un aparente deterioro de las relaciones entre ambos partidos en la esfera municipal provincial madrileña -donde comparten el gobierno en algunos casos-, que ha sido confirmado por responsables de política municipal de ambos partidos, si bien señalan causas diferentes. Mientras el PCE considera que el deterioro es debido a la negativa repercusión de la política general del Gobierno en el ámbito municipal, el PSOE entiende que se ha producido por las convocatorias de movilización de masas del PCE. No obstante, las ejecutivas provinciales de estos partidos parecen dispuestas a entablar un diálogo que reconduzca la situación.El pacto de izquierdas en los ayuntamientos de Madrid corre el riesgo de quebrarse, en caso de continuar los enfrentamientos de ambos partidos. La ejecutiva de la Federación Socialista Madrileña (FSM) aprobó el lunes pasado un acuerdo por el que se ha remitido a su homóloga provincial del PCE una invitación a reunirse para tratar el tema. "Para que nadie pueda echarnos en cara que no hemos buscado el diálogo", ha explicado Joaquín Leguina, secretario general de la FSM.

Juan Francisco Plá, responsable nacional de política municipal del PCE, explica la situación como "un enfrentamiento a dos niveles". Según Plá, "todo el PCE está en contra de la política del Gobierno, que tiene una concrección especíalmente negativa, respecto a los municipios, en materias como el traspaso de competencias, la política económica de restricción del gasto público...". Asimismo, Plá sostiene que "el enfrentamiento en el ámbito municipal se origina a consecuencia de lo anterior, y no tanto por las actuaciones municipales proplamente dichas". En su opinión, "no hay un deterioro específico, y no se ha generado un grado mayor de conflictividad entre los cargos públicos de uno y otro partido".

Denuncias de inspecciones

Joaquín Leguina, por parte del PSOE, señala que "en los cuatro años transcurridos desde 1979, las relaciones han estado bastante bien, y este enfrentamiento actual tiene que ver más con las movilizaciones que intenta el PCE que con problemas de la política municipal". Leguina recuerda varios incidentes ocurridos en Pinto, Arganda del Rey, Getafe y San Fernando de Henares, y apunta que "es grave el resultado del análisis; parece que tiene que ver con la posicion de CC OO y su visión de la política del Gobierno, así como su intento de arrastrar a UGT en la misma dinámica, cosa que no va a suceder".El grupo de concejales socialistas de San Fernando de Henares ha denunciado las inspecciones que policías municipales vienen realizando en las viviendas de la urbanización Parque Henares en busca de obras menores ejecutadas sin licencia municipal. La inspección fue ordenada por el equipo de gobierno municipal, encabezado por el comunista Enrique Guerra, y, según los concejales socíalistas, ha creado un fuerte malestar entre los vecinos afectados.

Para los socialistas, esta actitud supone un abuso de autoridad y un trato vejatorio para los vecinos, sobre todo, según afirmó un portavoz del grupo, "porque el ayuntamiento no tuvo en su día el coraje de obligar a la empresa constructora, Sanfer, a construir los pisos con los materiales que figuraban en el proyecto, de mejor calidad que los que se utilizaron luego realmente".

Enrique Guerra, alcalde de San Fernando de Henares -localidad en la que habitan 21.127 personas, según el censo de diciembre de 1982, situada a unos 20 kilómetros de Madrid- afirmó que la inspección se refiere a la realización de obras menores, como puedan ser acristalamientos de terrazas, o movimiento de tabiques de separación, y que los policías municipales piden autorización a las personas para entrar en las casas. Aunque se podrían poner sanciones económicas de hasta 5.000 pesetas, el ayuntamiento, afirmó Guerra, no tiene intención de sancionar, sino que advierte a los propietarios de que deben pedir la licencia para regularizar su situación. El costo de las licencias oscila entre las 500 y las 1.000 pesetas. El objetivo de esta inspección se limita a acabar con el descontrol urbanístico en la localidad y acostumbrar a los vecinos a solicitar la obligatoria licencia cuando quieran realizar obras de mejora en sus domicilios.

Guerra declaró también su estupor por la denuncia del grupo de concejales socialistas, ya que, según el alcalde, la concejalía de Urbanismo en la anterior corporación estuvo precisamente en manos del PSOE. Sólo desde mayo de 1983 la concejalía en cuestión está administrada por el PCE. El portavoz del grupo socialista rebatió, a su vez, las afirmaciones del alcalde, en el sentido de que la presencia de los policías municipales constituye, de hecho, una coacción moral, puesto que en la mayoría de los casos las personas que reciben su visita no se atreven a impedirles el paso. Los vecinos desconocen también que las infracciones por obras menores sin licencia prescriben en un año. Respecto a la responsabilidad por los desmanes urbanísticos en el pueblo, los socialistas afirmaron que, en concreto, el plan parcial del Olivar, donde está situada la urbanización Parque Henares, así como el convenio de urbanización, fueron firmados por el propio Guerra.