Novedades en el campo

EL CONSEJO de Ministros ha decidido una subida que en promedio representa un incremento para los precios agrícolas regulados del 6,5% en 1984. El Gobierno ha querido, de este modo, madrugar a la hora de fijar los precios agrícolas para el próximo año. Las tradicionales negociaciones de primavera se han adelantado a estas consultas de invierno de manera que agricultores y ganaderos conocerán con antelación los precios de garantía para programar con mayor información sus cultivos o producciones. Pero, sobre todo, el acuerdo del Gobierno en materia de precios agrarios confirma el propósito oficial de contener la inflación en 1984, por debajo del 8% y de igualar todas las rentas garantizadas por el Estado al mismo nivel del 6,5%. Naturalmente, ésto significa la aceptación de cuotas crecientes de impopularidad entre un electorado agrario que en las elecciones del 28 de octubre fue bastante favorable al PSOE.La fijación de precios para los productos agrarios regulados (cereales, remolacha, algodón, vino, aceite de oliva, carne de vacuno, porcino y leche) sigue ahora en España pautas equivalentes a las que rigen en la Comunidad Económica Europea (CEE). En Bruselas no hay una negociación propiamente dicha entre organizaciones agrarias y autoridades comunitarias sino un procedimiento de consulta e información. En última instancia, el Consejo de Ministros de la CEE, a la vista de las propuestas de la comisión, determina los precios de garantía para la próxima campaña.

Las organizaciones profesionales agrarias españolas se han quejado de la actitud poco o nada dialogante de las autoridades del Ministerio de Agricultura. Asimismo han argumentado, una y otra vez, la necesidad de discutir, con anterioridad a la fijación de los niveles de precios para 1984, las subidas de costes experimentadas en 1983, en base a que la evolución de los costes del año anterior determinaría o condicionaría, por lo menos, los precios finales de 1984. La Administración se ha limitado a repetir que el compromiso de contener las alzas de costes agrícolas (electricidad, fertilizantes y gasóleo B) por debajo del límite del 7%, en 1983, se ha cumplido, incluso a costa de congelar la del gasóleo B en la última subida de los carburantes. Por lo que se refiere al incremento en el coste de los piensos agrícolas, se programó en un 15% en la primavera del 83: el límite se ha rebasado. Sin embargo, las autoridades económicas españolas reaccionaron con rapidez ante la apreciación del dólar y el consiguiente encarecimiento del maíz y la soja. En primer lugar, a través, de una reducción total de los gravámenes a la importación y, luego, no tomando ninguna acción estabilizadora, cuando los precios de protección al consumidor se han rebasado en carne de vacuno o de porcino. Los ganaderos no han estado, en consecuencia, desasistidos o contrariados por la política de las autoridades económicas.

Si el Gobierno, como ha ocurrido en pasadas ocasiones, aceptase la fórmula del escandallo, es decir, indiciación de costes y precios, estaría aislando al sector agrario de las incertidumbres del mercado. Esta política supondría incrementar las subvenciones al campo en momentos en que un déficit público excesivo está comprometiendo al normal funcionamiento del sistema económico. Garantizar la compra de excedentes de trigo, aceite o vino a precios elevados o subir las subvenciones para gasóleo o fertilizantes es un lujo presupuestario que se ha convertido en prohibitivo para la Hacienda. Si el Gobierno intenta que la inflación no supere el 8% en 1984, resultaría paradójico aceptar un incremento de los precios de garantía para los productos agrarios intervenidos igual o superior al tope fijado para otras rentas también garantizadas por el Estado.

Un mínimo de solidaridad en la lucha contra la inflación exige sacrificios por parte de los diversos colectivos sociales, al tiempo que no puede, por otro lado, olvidarse que el alza propuesta se refiere a precios mínimos de garantía. Así, por ejemplo, si determinadas variedades de trigo o cebada, dada su mejor calidad, se cotizan en el mercado por encima del precio de garantía, los productores más eficientes verán mejoradas sus rentas.

El Gobierno enviará, por otro lado, al Parlamento un proyecto de ley de liberalización del mercado del trigo. Desaparece el monopolio SENPA-FORPPA y el mercado adquiere un mayor protagonismo. La experiencia en la liberalización del maíz y la cebada ha sidor satisfactoria, y más favorable para los intereses generales que cuando por obra y gracia del.comercio de Estado nuestros funcionarios del SENPA compraban soja a precios récords. Existen, así, indicios de que estamos asistiendo al tránsito de una política agraria basada en una negociación de precios, como elemento básico en la determinación de las rentas de los productores agrarios, a otra menos sometida al dirigismo de la Administración. Es incomprensible que la derecha económica, que se llena la boca de declaraciones de liberalismo, proteste por una política de mayor libertad económica y de menor dependencia respecto a los Presupuestos del Estado.

Naturalmente, la ruptura del círculo entre precios agrarios garantizados y rentas agrícolas no determina de por sí el éxito. Será preciso que el Estado sepa pilotar un tipo de desarrollo que, por un lado, estimule el crecimiento de las exportaciones agrarias y, por otro, ayude a satisfacer el máximo de necesidades internas con producción propia, a precios no subvencionados, y sin incurrir en la acumulación de excedentes onerosos para la Hacienda pública. Pero quizá habría que arriesgar algo más en la liberalización del comercio exterior. Todavía las carnes de vacuno y porcino están sometidas a un régimen de comercio de Estado que hace difícil regular estos mercados en favor de los consumidores españoles cuando los precios interiores se dispan. Posiblemente sólo una política agraria alejada de intervencionismo y de las subvenciones del Estado es capaz de garantizar un suministro de elementos baratos y de calidad a medio plazo.