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Investigación oficial sobre los sucesos de Puerto Serrano

El gobernador civil de Cádiz, Salvador Domínguez, ha iniciado, a petición del ministro del Interior y del director general de la Guardia Civil, una investigación sobre las circunstancias en que se produjo la disolución por la Guardia Civil de una concentración de jornaleros que cortaban la circulación, el pasado martes, en la carretera nacional Jerez-Cartagena, en las afueras de Puerto Serrano, con un saldo de unos 30 heridos y 15 detenidos. El gobernador reconoció ayer que jóvenes que realizan el servicio miliitar en el Cuerpo Auxiliar de la Guardia Civil participaron en la carga y se mostró sorprendido ante las pruebas de que la fuerza pública utilizó armas de fuego. El Gobierno andaluz ha lamentado lo sucedido a través de una nota oficial, aunque se sabe que sus miembros están más preocupados por los incidentes de lo que se trasluce en dicho comunicado.

Salvador Domínguez recibió ayer por la mañana al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Puerto Serrano, Francisco Soria, militante del PSOE y diputado provincial, quien le proporcionó una información directa de los hechos que vivió con excepcional protagonismo. Según Soria, el gobernador civil se manifestó muy sorprendido al conocer que los guardias civiles habían hecho fuego real contra los manifestantes, lo que se evidencia por la existencia de numerosos casquillos de bala, e insistió en preguntar si la fuerza había sido agredida previamente a pedradas, lo que fue rotundamente desmentido de nuevo por el teniente de alcalde.Por su parte, el Pleno del Parlamento autonómico aprobó anoche una propuesta de resolución presentada por el Grupo Comunista de la cámara, en la que se exige una investigación a fondo y que el vicepresidente de la Junta informe a la cámara sobre las conclusiones de la misma. Posteriormente, el gobernador gaditano declaró que sus primeras informaciones, procedentes de la propia Guardia Civil, negaban el citado uso de fuego real y aseguró que un equipo de balística se desplazará al lugar de los hechos para comprobar este extremo. Domínguez admitió, por el contrario, que jóvenes soldados que cumplen su servicio militar como auxiliares de la Guardia Civil participaron en la disolución de los manifestantes.

La petición de una, investigación exhaustiva con delimitación de responsabilidades ha sido asumida por todas las fuerzas sociales y políticas. El vicepresidente del Gobierno andaluz, José Rodríguez de la Borbolla, solicitó al líder del SOC, Francisco Casero, un informe detallado, al tiempo que se sorprendía de los casquillos de bala que el sindicalista aportaba como prueba del uso de armas de fuego por la Guardia Civil.

Mientras tanto, continúan internados en centros sanitarios de Jerez de la Frontera y Cádiz los dos heridos de mayor consideración, uno de ellos que ha perdido definitivamente el ojo derecho y el otro que ayer fue intervenido por segunda vez de una herida en la mano. El alcalde de Puerto Serrano y varios concejales prestaron declaración ayer en el juzgado de instrucción.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de diciembre de 1983

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