Los centros privados de enseñanza rechazan las acusaciones del Ministerio de Educación
La Confederación Católica Nacional de Padres y la de Centros de Enseñanza -esta última agrupa a la mayoría de los empresarios de enseñanza del sector privado- negaron ayer, en sendas conferencias de prensa, que su protesta conjunta contra la congelación de las subvenciones a los centros de iniciativa no estatal de formación profesional de segundo grado (FP2) forme parte de la estrategia de su campaña, frente a la LODE. Dicha protesta se concretará esta mañana en una manifestación ante la sede del Ministerio de Educación y Ciencia.
Los dirigentes de las dos confederaciones, que rebatieron con duras afirmaciones recientes declaraciones del subsecretario de Educación y Ciencia, José Torreblanca, y del director general de Enseñanzas Medias, José Segovia, manifestaron que lo que sí tiene que ver con la filosofía de la LODE es la decisión gubernamental de congelar las subvenciones a la FP2, en la medida en que el proyecto de ley del Gobierno es visto por aquéllos como el comienzo de una estrategia que a largo plazo conduce a la asfixia de la iniciativa privada.Carmen de Alvear, presidenta de la Confederación Católica de Padres, manifestó que las declaraciones de José Torreblanca en el sentido de que esta confederación no es interlocutor válido en la cuestión de la congelación de las subvenciones a la FP2 privada, sólo podía interpretarlas como una "pérdida de nervios", y lo argumentó con citas textuales de la Constitución en favor de los derechos individuales de las personas. La presidenta de la Confederación Católica considera bastante significativo el hecho de que en la LODE el Gobierno haya optado por una regulación de la financiación del sector privado de la enseñanza mediante conciertos con los centros, lo que en la práctica, según su punto de vista, representa obviar la interpretación del derecho a la educación como un derecho de los individuos.
Honorabilidad
En la conferencia de prensa de la CECE, su presidente, Angel Martínez Fuertes, reiteró gran parte de los argumentos de Carmen de Alvear. En este sentido, denunció que la Administración esté sembrando dudas sobre la honorabilidad de todo el sector de FP2 privada, compuesto por 1.387 centros, sobre la base de presuntas irregularidades encontradas en diez de esos centros, cuando sólo a tres de ellos se les ha incoado expediente.Las devoluciones de dinero que, según las autoridades ministeriales, son consecuencia de un uso injustificado de las subvenciones, se deben, según lit versión de los empresarios de la CECE, a que algunos centros, aunque los justificaron debidamente, habrían sopesado los gastos realizados en determinadas partidas, que el Ministerio valora por debajo de sus costes reales.
Martínez Fuertes calificó las declaraciones del subsecretario de Educación y Ciencia de "bochornosas" y de ser una "tomadura de pelo, e impropias de un Gobierno serio, que dice inspirarse en la justicia distributiva". En cuanto a los problemas concretos de la FP2, el presidente de la CECE y sus colaboradores aportaron una abrumadora lista de agravios contra la Administración, a la que acusaron de dilapidar el dinero en los centros públicos de este nivel, prácticamente vacíos de alumnos, mientras los de iniciativa privada están llenos, precisamente por su prestigio, y de proyectar, con esta congelación de las subvenciones y su casi segura supresión futura, el trasvase de los alumnos de un sector a otro.
Asimismo, los dirigentes de la CECE acusan a la Administración de incurrir en el mismo defecto que asegura intenta corregir en lo que concierne a las especialidades de FP que deben potenciarse, puesto que ahora mismo se están inaugurando centros públicos dedicados a enseñanzas administrativas que, contradictoriamente, el Ministerio califica de obsoletas. También acusan al departamento de tener a la formación profesional, tanto pública como privada, en una situación caótica, y de contradecir las valoraciones del coste del puesto escolar realizadas por la anterior Administración.
