Exentos de los topes fijados para las pensiones los funcionarlos heridos en actos terroristas

El crecimiento medio de las pensiones en 1984 será del 9%, y la cantidad máxima a percibir por un pensionista queda establecida en 187.950 pesetas mensuales. Así lo aprobó ayer el Congreso de los Diputados durante la sesión plenaria de la mañana, dedicada a debatir los últimos artículos del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1984. Por la tarde se produjo una importante novedad: a iniciativa del minisitro del Interior, José Barrionuevo, los límites para las pensiones antes mencionados no se aplicarán a los funcionarios civiles y militares de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hayan sido heridos en atentados terroristas, propuesta que fue aprobada por unanimidad.

Se trata, dijo el diputado socialista Francisco Fernández Marugán, de una muestra de solidaridad para quienes son atacados por el terrorismo. Ésta es la única novedad reseñable que se produjo a lo largo de todo el día de ayer en los debates sobre los Presupuestos.Anoche el Pleno concluyó la votación de todas las enmiendas y disposiciones adicionales del proyecto de ley, y queda para hoy el estudio de los presupuestos que se destinan a cada uno de los ministerios y entidades públicas, tales como la Casa de su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, entre otros. Los portavoces de los grupos parlamentarios calculan que el proyecto de Presupuestos para el próximo año no se aprobará por el Pleno del Congreso hasta última hora del viernes de la próxima semana.

También se acordó ayer en el Congreso que todas las pensiones que superen la cifra máxima antes mencionada no podrán experimentar ningún aumento. No obstante, la cuestión que suscitó el debate más acalorado fue la medida, recogida en el texto del Gobierno y aprobada ayer, que recoge la integración en el régimen general de la Seguridad Social, entre otras, de la Mutualidad General de Previsión.

"Expropiación de derechos"

El diputado del Grupo Popular José Ramón Calero calificó esta disposición de anticonstitucional, "por cuanto se trata", dijo, "de una expropiación de derechos consolidados. Lo que está ocurriendo con dicha mutualidad", prosiguió, "es que se les niega el ingreso a los nuevos mutualistas desde el año 1981, y después se argumenta que no puede subsistir".También protestó Calero por considerar que la limitación de las pensiones discriminaba a los trabajadores del sector público respecto a los del privado.