Dinero público barato de la vivienda oficial, a punto de reprivatizarse

Una especial habilidad para la captación de fondos en su mayoría públicos y el amparo que dispensa la legislación sobre Viviendas de Protección Oficial, elaborada en plena época azul, cuando Arrese figuraba como titular de la cartera de Vivienda, pueden cristalizar en un fabuloso negocio Un negocio de varios miles de millones de pesetas a favor de un conjunto de inmobiliarias, fundadas por Agromán, que entre los años 50 y 60 construyó alrededor de 5.000 viviendas en toda España para trabajadores de grandes empresas.

Lo que en un principio debería haber sido una obra con fines exclusivamente sociales, para la que se concedieron todo tipo de subvenciones, podría convertirse en un negocio de la máxima rentabilidad si las inmobiliarias que hace veinte años construyeron viviendas sociales sin apenas aportaciones propias, consiguen ahora su propósito de, vender su patrimonio valorando los pisos alrededor de 1,5 millones de pesetas.Las ventajas que la, ley preveía para los inquilinos se volverían ahora a favor de los constructores, -inicialmente del grupo Agromán que preside el banquero José María Aguirre Gonzalo,- que además contarían con el amparo de la ley para asegurar la operación.

La historia de estas actividades se inicia a finales de los años 50 cuando varias empresas como Telefónica, Tabacalera, Banco Guipuzcoano, Siemens y algunas compañías eléctricas entraron en contacto con Agromán con el objeto & dar cumplimiento a las disposiciones legales que les obligaban a facilitar viviendas a sus empleados. Para llevar a cabo la operación, los hombres de Agromán constituyeron una docena de so, ciedades con el nombre de DARSA, con un pequeño capital social que oscilaba entre uno y cinco millones de pesetas cada una, en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga, San Sebastián, Cádiz, Gijón, Cornellá y otrai ciudades españolas, con el objeto de facilitar y canalizar la captación de subvencio nes, anticipos y préstamos estatales para la construcción de las,viviendas protegidas.

En un principio estas sociedades fueron constituidas por representantes de las empresas Vale, SA, Técnicas Especiales, SA, y Antares, SA. Pero cuando se designaron los consejos de administración, al menos de las sociedades más importantes, como DARSA de Praga, en Madrid, y, DARSA de Barcelona, se nombró para ocupar, el cargo de presidente de ambas a José María Aguirre Gonzalo, que lo es también de Agromán y Banesto, y como vocales a Felipe Elorrieta Artaza, consejero-delegado de Agromán; a Carlos Menáoza Gimeno, vocal de Agromán, y a Sabas Yagüe Muriel.

En total, las darsas construye

ron alrededor de 5.000 viviendas, de las cuales más de un millar fueron asignadas en alquiler a empleados de Telefónica. La fórmula de financiación no pudo ser más ventajosa para las inmobiliarias ya que los principales recursos los obtuvieron con anticipos del Instituto Nacional de la Vivienda y aportaciones de las grandes empresas, que adquirían obligaciones emitidas por lasidarsas, sin interés y amortizables en 50 años, En algunos casos, las grandes empresas concedierop otros apoyos financieros para facilitar la construcción.

Contrato tripartito

La fórmula de financiación, construcción y aprovechamiento de estas viviendas creaba unas singulares relaciones a tres bandas entre la inmobiliaria constructora, los inquilinos trabajadores y las grandes empresas obligacionistas que habían impulsado la construcción de las viviendas sociales.Así, la inmobiliaria construía con dinero prácticamente regalado del Estado y de las empresas obligacionistas, algunas de las cuales también eran estatales, y se constituían en propietarias y administradoras de las viviendas; las empresas obligacionistas tenían exclusivamente el derecho de asignar inquilinos en proporción a sus aportaciones económicas y los inquilinos se convertían en los arrendatarios más precarios del país, a consecuencia de la fragilidad de sus contratos, que expiraban al extinguirse la relación laboral, sin admitir ninguna subrogación, ni siquiera para los familiares más próximos.

Este último aspecto, la débil posición en que la ley y los contratos de arrendamiento ha situado a los inquilinos de las viviendas, es uno de los elementos claves para entender la dinámica de la operación que intentan ahora llevar a cabo las inmobiliarias. En efecto, cuando un inquilino de estas viviendas se jubila: o muere, sus familiares sólo tienen un plazo improrrogable de seis meses para seguir ocupándola. En esta, realidad de ocu paciones de. hecho y sin contrato se encuentran cientos de vecinos, que a partir de 1979 empezaron a recibir un tratamiento distinto por parte de las inmobiliarias. Las darsas, en efecto, empezaron entonces a instar procesos de desahucio contra los inquilinos que se hallaban en precario.

Desahucios paralizados

Este nuevo tratamiento a los in quilinos, que se argumentó en la escasa rentabilidad que arrojaban los alquileres, coincidió con significativos cambios en las cúpulas de las darsas: los hombres más significativos de Agromán cedieron sus, puestos en los consejos a personas menos conocidas en el mundo de las finanzas: Manuel Cabrera LLorente, Luis Villacañas Alvarez y José Ignacio Fernández Villa (en Madrid); y Antonio Navarro García, Eladio Chamorro Álvarez y Manuel Ramos Rodríguez (en Barcelona).Las acciones legales de desahucio han sido paralizadas por las compañías obligacionistas, que, como en el caso de los bancos, habían firmado en el convenio colectivo del sector acuerdos por los que estas entidades se comprometían a "no promover el desahucio de los inquilinos por cesación firme de la relación laboral". Ante esta oposición, las darsas han optado por presionar a los inquilinos para que adquieran las viviendas, a unos precios que se aproximan al millón y medio de pesetas. Hay que tener en cuenta que se trata de viviendas de más de 20 años de antigüedad, con una superficie media de 56 metros cuadrados y situados en las zonas periféficas de las grandes ciudades.

Hace tres años, aproximadamente, las darsas plantearon a las empresas obligacionistas su deseo de vender las viviendas. En el caso de Telefónica se llegó a un acuerdo verbal según el cual la formación del precio de venta de las viviendas vendría dado por el coste de construcción más una actualización del mismo consistente en aplicar el 50% que permitieran las sucesivas leyes del Presupuesto, sobre regularización de balances. Con este sistema se vendieron unas 250 viviendas. Sin embargo, la disparidad de criterios entre la Subdirección General del Instituto Nacional de la Vivienda (que calcula el precio multiplicando el módulo vigente en el momento de la venta por la superficie y un coeficiente según el número de habitantes), y la Delegación Provincial del MOPU en Madrid (que lo hace capitalizando al 5% la renta vigente) ha supuesto un nuevo elemento de confusión, que ha situado todavía en una mayor inseguridad, a los ya inseguros vecinos.