El Gobierno acuerda una línea provisional de crédito oficial de 120.000 millones para el sector privado

La apertura, la próxima semana, de una línea de crédito oficial de 120.000 millones de pesetas para el sector privado, como aportación provisional para compensar los daños ocasionados por las recientes inundaciones en el País Vasco, fue el principal acuerdo adoptado ayer en Madrid por los representantes del Gobierno Central y del ejecutivo autónomo vasco. En la reunión, se acordaron también diversas ayudas, sin cuantificar, para paliar los daños ocasionados por la riada en la agricultura, en bienes públicos y en las viviendas de particulares.

El encuentro entre una delegación interministerial del Gobierno Central y otra del Gobierno vasco, celebrado ayer en el ministerio del Interior, era continuación del celebrado la semana pasada en Bilbao, para evaluar los daños de las inundaciones registradas en el País Vasco los días 26 y 27 de agosto y desarrollar las medidas para paliar aquellos incluidas en el decreto-ley aprobado cuatro días más tarde en Consejo de Ministros.El acuerdo más importante adoptado es la apertura de una línea de crédito oficial por valor de 120.000 millones de pesetas con destino al sector privado. De ellos, 90.000 millones se destinarán a ayudar a la industria; 25.000 se dedicarán a las áreas comerciales dañadas; 1.500 a personas que han perdido sus viviendas y el resto, 3.500 millones, a los sectores de servicios, pesca y agricultura afectados.

En una conferencia de prensa a la que asistieron los ministros del Interior y de Administración Territorial, José Barrionuevo y Tomás de la Quadra, y el secretario de Estado de Hacienda, José Sevilla, por parte del Gobierno Central, y el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Mario Fernández y Pedro Luis Uriarte, se insistió mucho en que tanto la cifra del crédito acordado como su distribución tienen un carácter provisional hasta tanto no exista una definitiva cuantificación de los daños.

Avance "significativo e importante"

Las condiciones de la línea de credito oficial acordada son 7% de interés, 6 años de plazo y dos años de carencia, aunque se apuntó en la conferencia de prensa que, por parte del presidente del Instituto de Crédito Oficial, existe una disposición favorable a valorar aquellos supuestos excepcionales para que puedan aplicarse condiciones de flexibilidad asimismo excepcionales. La cuantía de los préstamos se calculará restando de los daños evaluados el importe del seguro o de las ayudas de otro tipo que hayan podido recibirse. Con respecto a las garantías, se aceptarán las generales de la empresa o, en su caso, las hipotecas sobre los bienes que se adquieran a partir de los créditos.Las solicitudes de crédito por parte de las industrias pequeñas y medianas podrán formalizarse en una oficina operativa que va a abrir en Bilbao el Banco de Crédito Industrial. En la sede oficial de esta institución se recibirán las peticiones de las grandes industrias. Los representantes del Gobierno vasco valoraron como un "avance significativo e importante" el acuerdo con respecto a la mencionada línea de crédito, y ambas partes destacaron en todo momento el "espíritu de colaboración y voluntad de entendimiento" que reina en las reuniones negociadoras.

José Barrionuevo adelantó las medidas que se están instrumentando para afrontar los daños que han sufridos los bienes públicos. A los bienes de las entidades locales y diputaciones se ha acordado aplicarles un tratamiento equivalente al que se dió a las corporaciones de Valencia y Cataluña afectadas en su día por graves inundaciones, es decir, subvención del 50% con cargo a los fondos existentes para este fin en el Ministerio de Administración Territorial y créditos del 50% con cargo al Banco de Crédíto Local.

En este punto hay discrepancias con el Gobierno vasco, que considera que la repercusión relativa del volumen de daños con respecto a los presupuestos de las corporaciones locales de la comunidad autónoma vasca es considerablemente superior al de las de Cataluña y Valencia. Por ello piden medidas adicionales de apoyo, "que se adoptarán", matizó Barrionuevo, "de acuerdo con el articulo 11 del decreto-ley de inundaciones del Gobierno, si se estima que son necesarias".

Con respecto a los bienes públicos traspasados ya a la comunidad autónoma, será ésta la que deberá asumir la reparación, restitución o mejora, "aunque cabe también la posibilidad", dijo Barrionuevo, "de que existan ayudas con fondos del Estado".

Con respecto a las ayudas a la agricultura (hay 8.000 expedientes de damnificados), se ha acordado que las industrias agrarias obtengan subvenciones del 20% a fondo perdido y financiación del 80% con créditos del Banco de Crédito Agrícola. Las industrias cuyos titulares sean cooperativas, sociedades agrarias de transformación y sociedades anónimas laborales recibirán el 20% de subvención a fondo perdido y el 80% de financiación, con dos años de carencia, al 4% de interés y 20 años de amortización, por parte del Iryda. El Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) ha aceptado la recepción de cereales con un 2% más de humedad de la habitual.

La Dirección General de Producción Agraria subvencionará al 50% a fondo perdido la resposición del censo disminuido en la catástrofe y habilitará ayudas por pérdidas habidas en la producción de patatas. El Iryda financiará al 100% y a fondo perdido obras de recuperación de infraestructura y suelos arrasados, y establecerá subvenciones a fondo perdido del 40% de costos de obras de acondicionamiento de suelos anegados.

En la reunión de ayer se acordaron también ayudas a las familias damnificadas. Se han establecido mecanismos financieros para quienes perdieron su casa en las inundaciones, al 12% de interés y plazos de 15 años. Asimismo se han previsto ayudas de hasta 250.000 pesetas a familias que se encuentren en situación de emergencia.