Bignone asegura que podría adelantarse la entrega del poder a los civiles
El Gobierno militar argentino estaría en condiciones de adelantar el traspaso del poder, previsto en principio para el 30 de enero de 1984, al mes de diciembre de este año, si así lo piden las nuevas autoridades que surjan de las próximas elecciones.El anuncio -aunque aclaró que se trataba de "una idea personal"- lo hizo el presidente del Gobierno militar, general Reynaldo Bignone, en un almuerzo ofrecido en la residencia presidencial de Olivos a los periodistas acreditados en la casa de gobierno.
Bignone dijo que se había pensado en el 30 de enero de 1984 como una fecha tope, pero admitió que "si los candidatos electos nos piden que adelantemos el traspaso podríamos hacerlo, aunque no demasiado, puesto que ellos necesitan a su vez de algún tiempo para que sus equipos puedan informarse de los asuntos del Estado. Técnicamente no es improbable".
Durante el informal diálogo mantenido con los periodistas mientras paseaban por los jardines de la quinta, el presidente aseguró que algunos jefes políticos le habían dicho que "no era conveniente que el plazo entre las elecciones y la entrega del poder fuera demasiado breve. Hasta el momento ninguno de ellos propuso que adelantemos la fecha prevista".
Por otra parte, trascendió ayer que, al parecer, ya hay acuerdo entre los comandantes en jefe de las tres armas que componen la Junta Militar para que la proyectada ley de Amnistía o de Pacificación Nacional rija desde el 25 de mayo de 1973, fecha en que accedió al poder el Gobiemo peronista que presidía el doctor Cámpora, hasta el 18 de junio de 1982, cuando el general Nicolaides reemplazó al general Galtieri al frente del Ejército de Tierra, después de la derrota en la guerra de las Malvinas.
La ley, considerada "amplia", comprenderá incluso los casos de reciente condena por hechos delictivos vinculados con la subversión. Hasta el momento, la demora se debía a la resistencia de los militares en admitir que la ley beneficie por igual a "los delincuentes terroristas que viven en el exterior". A pesar de que una vez concluido el estudio del proyecto se informará del mismo a los líderes políticos, entre los dirigentes y en la opinión pública nadie duda de que esa ley será una de las primeras que deberá revisar y derogar el Parlamento en cuanto se ponga en funciones.
El Informe de las Malvinas
El futuro nuevo Gobierno deberá cargar además con la decisión militar de no dar a conocer ahora el informe sobre la investigación de la guerra de las Malvinas. La Junta estima que la divulgación de sus resultados podría favorecer los intereses ingleses, y se aspira antes a conseguir el respaldo internacional en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se obligue al Reino Unido a iniciar una nueva negociación sobre la posesión de las islas Malvinas.
El documento sería dado a conocer entonces, cuando se instale el nuevo Gobierno, y sus conclusiones servirán como un antecedente más para la comisión parlamentaria que investigará por su propia cuenta el origen político y el desarrollo militar de la guerra.
