El PNV asegura que la actuación de sus concejales en Tolosa no se ajustó a las órdenes del partido
Los concejales del PNV de Tolosa que se abstuvieron en el pleno que acordó, con los exclusivos votos de Herri Batasuna, considerar "no deseable" la presencia de la bandera española, y remitir ésta al ministro Barrionuevo, "no respetaron las instrucciones del Partido", según indicó ayer el vicepresidente del Consejo Regional del PNV en Guipúzcoa, Gerardo Bujanda. La actuación de los concejales fue, a juicio del dirigente nacionalista, "errónea pero disculpable".
Según Bujanda, los concejales nacionalistas de Tolosa (ocho sobre un total de 16 corporativos) pidieron instrucciones a la dirección regional y el propio vicepresidente les indicó que votasen en contra de la propuesta de HB. A la hora de la verdad, sin embargo, se abstuvieron -al igual, por lo demás, que los corporativos de Euskadiko Ezkerra, PSE-PSOE y Partido Carlista-, con lo que prosperó la moción de la coalición abertzale, dando origen a una polémica en la que, tras una progresiva escalada dialéctica, han acabado por verse implicados el consejero vasco de Interior, Retolaza, el lendakari Garaikoetxea y el ministro Barrionuevo.Es disculpable la actuación de los concejales del PNV, según Bujanda, "porque de alguna manera se vieron impulsados a expresar la frustración e indignación de gran parte del pueblo vasco ante la actual situación autonómica". Dada esta situación, "que puede considerarse como atenuante de su actuación", el PNV "no ha pensado abrir expediente a esos concejales".
En contraste con esta actitud, la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi acordó abrir expediente disciplinario a su concejal en Tolosa, Julio Turrientes. Este ha explicado, sin embargo, que su abstención se debió a un error motivado por la confusión del momento, y que su intención era haber votado negativamente.
Por su parte, Jon Idígoras, miembro de la Mesa Nacional de HB, criticó la "inhibición del PNV, cuyos concejales se limitaron a abstenerse, adoptando una actitud pasiva, de claudicación y de humillación", en contraste con la "actitud digna y valiente de los corporativos de HB".
El delegado del Gobierno en Euskadi, Ramón Jauregui, considera "muy signficativa" esta reacción de HB, ilustrativa, a su juicio, de la táctica actual de la coalición abertzale, consistente en "provocar una permanente puja con el PNV en un terreno en el que es este partido el que necesaria y sistematicamente acaba siendo desbordado". En una importante resolución adoptada a fines del mes pasado en Alsasua (Navarra) por una asamblea de electos de HB se fijó como eje de la estrategia de la coalición para el período inmediato el "desenmascaramiento de la demagogia seudo-abertzale del PNV, arriconándole en su estéril vía estatutaria para obligarle a descubrir las cartas que oculta".
En opinión de Jauregui, la secuencia de los acontecimientos, a partir del momento en que el PNV apoyó una primera moción de HB solicitando la retirada de la bandera española del ayuntamiento durante las fiestas patronales, resulta ejemplar para entender "hasta qué punto el PNV está cayendo en la celada tendida por la coalición abertzale". Que a partir de aque incidente local se haya llegado al intercambio de desabridas notas entre Barrionuevo y Garaikoetxea que ha caldeado la semana, y precisamente en vísperas de la cumbre entre el lendakari y Felipe González, indicaría, a juicio de Jauregui, "quien debe estar frotándose las manos en estos momentos".
Mientras tanto, el Ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, confirmó ayer que la cumbre entre ambos presidentes tendrá lugar entre el 23 y el 26 de julio. Es posible que para entonces se conozca ya la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA. De confirmarse las impresiones de que se hacía eco Garaicoechea en la entrevista concedida el viernes a Efe, en el sentido de que dicha sentencia podría considerar inconstitucional todo el título primero de la mencionada ley -sobre intervención del Estado en la regulación de las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas-, el terreno para un entendimiento entre ambas administraciones puede ser mucho más amplio.
