La salida de presos a la calle, pendiente de la aplicación judicial de la reforma
"Es imposible evaluar el número de reclusos que se beneficiará de la reforma del Código Penal, que entrará en vigor dentro de 20 días, porque esto es competencia de los tribunales y los jueces, que deberán revisar las sentencias y pasar el dictamen al ministerio fiscal, tras lo cual las salas dictarán el auto correspondiente. Nosotros dependemos de una orden judicial y la única forma de saber el número de presos que saldrán en libertad o verán reducida su condena sería ir juzgado por juzgado, sala por sala", dijo ayer a EL PAÍS Juan José Martínez Zato, director general de Instituciones Penitenciarias. El mayor número de reclusos que se verán afectados está relacionado con delitos contra la propiedad no violentos.
Martínez Zato dijo también que ignora de dónde han podido sacar el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y el portavoz del mismo grupo en asuntos jurídicos, José María Ruiz Gallardón, el dato que dieron a Europa Press de que van a quedar en libertad más de 11.000 presos preventivos, "ya que, a 19 de junio, el número de preventivos en las cárceles españolas era de 7.796". También afirmó que, dado que la reforma se aplica con carácter retroactivo en beneficio de los reos, no cree que la revisión de condenas de los penados se retrase más de dos meses.A raíz de la reforma de los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en abril -éste último artículo no entra en vigor hasta finales de julio- ya han obtenido la libertad entre 1.500 y 2.000 internos, según fuentes del Ministerio de Justicia. Las disposiciones de esta ley relativas a los motivos de la prisión preventiva ya han empezado a aplicarse y en julio cobrarán vigencia las relativas al plazo máximo de prisión preventiva.
La reforma del Código Penal, calificada por el director general de Instituciones Penitenciarias de "importante y profunda y que nos aproxima a los códigos europeos más modernos", incluye la extensión de la posibilidad de aplicación de la redención de penas por el trabajo, junto a los condenados a prisión y reclusión, a los preventivos y a aquéllos que tienen condena de arresto mayor, modificación ésta última que se introdujo como enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Juan José Martínez Zato no cree, "como opinión personal, no profesional", que la salida en libertad de los reclusos que puedan beneficiarse de las reformas legislativas citadas pueda aumentar la inseguridad ciudadana, como pretenden algunos dirigentes de Alianza Popular. "Eso que se lo pregunten a otro ministerio", dijo el director general. "Nuestra competencia es lo que pasa en los establecimientos penitenciarios; y no puede olvidarse que son los parlamentarios quienes han aprobado la reforma".
Martínez Zato añadió que "nadie protestaba en tiempos del franquismo cuando por la muerte del Papa o por los 25 años de paz o 35 de guerra se daban indultos generales. Es de suponer que la policía dispone de medios para detener a los delincuentes y si los que salen ahora cometen delitos, allá ellos. El Código Penal no se va a estar reformando continuamente y si se ha hecho en esta ocasión es por adaptarlo a la Constitución y al derecho comparado y porque influye psíquicamente que un individuo encarcelado no sepa ni de qué se le acusa. El que salga gente en libertad es una consecuencia de lo anterior".
Los presos de la cárcel madrileña de Carabanchel y los de la de Valencia abandonaron ayer la huelga de destinos que llevaban a cabo, tras ser informados de la publicación de la reforma del Código Penal, cuya salida a la luz querían urgir con su protesta. La noticia no incidió en la cárcel Modelo de Barcelona, en tensión tras la fuga de cuatro reclusos el domingo último y la detención de otros cinco, uno de los cuales resultó gravemente herido.
