Informática: la contaminacion de las libertades
Haciéndose eco de una inquietud ampliamente difundida en la opinión pública, la Asociación Pro Derechos Humanos ha organizado las Primeras Jornadas sobre Informática y Derechos Humanos. Esta iniciativa debe juzgarse plenamente oportuna en un momento en el que una serie de circunstancias ha contribuido a sensibilizar a gran número de ciudadanos sobre la incidencia de la informática en el ejercicio de sus derechos.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania por la que se ha suspendido la elaboración de un censo de datos de carácter personal ha reavivado la polémica en torno a los peligros de las técnias de over-all computer, término con el que se designa a los sistemas informatizados dirigidos a posibilitar un control exhaustivo de la población. De este modo recobra actualidad el debate suscitado en Francia en 1970 por el proyecto del Instituto Nacional de Estadística del Sistéme Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Rèpertoire des Individus, por el que se atribuía a cada ciudadano un número de identificación único para todas sus relaciones con los diversos departamentos administrativos.La fatal coincidencia, para los autores del sistema, de que sus propias siglas SAFARI evocaran una imagen en sus destinatarios nada tranquilizadora sobre su ulterior repercusión en la esfera de sus libertades fue un factor determinante para impedir su realización. Pero ha sido, sin lugar a dudas, en EE UU, el país que cuenta con la tecnología informática más avanzada, donde sus repercusiones socio-políticas han alcanzado mayor incidencia en los sectores público y privado. Piénsese, por ejemplo, que una sociedad de información comercial de Detroit había almacenado en 1979 datos sobre más de 150 millones de personas que, tras su adecuada programación, pueden ser transmitidos a sus clientes en más de 10.000 aspectos diferentes (por edad, profesión, ingresos, automóvil o viviendas poseídos ... ). En su conjunto, las informaciones procesadas por las agencias de crédito afectan a más de 100 millones de personas, y la celeridad en la transmisión se halla garantizada mediante un convenio con la ITT.
Junto a estos bancos de datos privados tienen también una importancia decisiva los recogidos por el sector público, que afectan a circunstancias de especial relevancia para la intimidad (privacy) y las restantes libertades. Varios millones de informes sobre actitudes individuales y comportamiento político se hallan en manos de la CIA y del Departamento de Defensa. Para comprobar la progresión de los datos almacenados baste tener presente que el National Crime Information Center del FBI disponía en 1967 de 346.124 informes, que pasaron a ser 3.330.220 en 1971 y que se han multiplicado por diez.
Coincidiendo con las perfecciones aportadas, en el plano material de la existencia, por los avances tecnológicos, el ciudadano de las sociedades más desarrolladas se siente crispado o atemorizado porque presume que las conquistas del progreso se ven contrapuntadas por graves amenazas para su libertad, su identidad e incluso para su propia supervivencia.La ciencia y la tecnología han mantenido en los últimos años unritmo de crecimiento exponencial que no ha tenido siempre el correspondiente reflejo en la evolución de la consciencia ética de la humanidad.
Por ello las trampas liberticidas que subyacen a determinados empleos abusivos de la cibernética. o de la informática, el peligro de la catástrofe ecológica o la psicosis de angustia que genera la amenaza latente de un conflicto atómico son el trasfondo terrible que acecha con invalidar los logros del progreso.
En otros períodos históricos el progreso de la ciencia y de la técnica venía entendido, las más de las veces, como aportación al desarrollo de la humanidad en términos cuantitativos y, por ello, independiente respecto a los valores. Por el contrario, el signo distintivo de nuestra época es que en ella el progreso tecnológico se halla inescindiblemente ligado a elecciones y valoraciones éticas y políticas. Ello obliga a someter cada innovación tecnológica al correspondiente technology assessment, es decir, a la tasación crítica de sus consecuencias.Es evidente que para la opinión pública y el pensamiento filosófico, jurídico y político de nuestro tiempo constituya un problema nodal el establecimiento de unas garantías que tutelen a los cíudadanos frente a la eventual agresión tecnológica, en especial la informática, de sus derechos. Esta cuestión, que incide directamente en las estructuras jurídicas, tiene hoy interés prioritario en una sociedad en la que el poder de la información ha adquirido una importancia capital y en la que la facultad de comunicación y de acceso a la información aparece como una forma irrenunciable de libertad. Así, frente al totalitarismo que entraña la manipulación y el monopolio informativo por el Estado, la sociedad democrática reivindica el pluralismo informativo, el libre acceso y la libre circulación de informaciones.
Ahora bien, si la acción eficaz de los poderes públicos y la propia moralización de la vida cívica exigen la libertad para la recogida y transmisión de informaciones, no por ello deben quedar los ciudadanos inermes ante el proceso, utilización y difusión de noticias que pueden afectar directamente a su vida privada. En suma, se trata de impedir que el flujo de datos, necesario para el funcionamiento de la sociedad, avanzada de nuestro tiempo, se traduzca en una contaminación de los derechos fundamentales que relegue a sus titulares a meros 'suministradores de datos".En una sociedad como la que nos toca vivir, en la que la información es poder y en la que ese poder se hace decisivo cuando convierte informaciones parciales y dispersas en informaciones en masa y organizadas, la reglamentación jurídica de la informática reviste un interés prioritario. De ahí la urgencia que entraña el adecuado desarrollo del artículo 18.4 de nuestra Constitución, mediante una ley orgánica que discipline la incidencia de la informática sobre la intimidad y, sobre todo, el conjunto de derechos y libertades fundamentales. No en vano los principales problemas que suscita el empleo de la informática como nuevo instrumento de poder, esto es: si debe concentrarse en pocas manos o difundirse en toda la sociedad, si cabe sustraer de la espiral de acopio de datos o, al menos, someter a especiales garantías aquellos de carácter personal (especialmente los que pueden servir para prácticas discriminatorias o de control ideológico: datos sobre creencias religiosas, militancia política o sindical, raciales, sanitarios ... ) o hay que aceptar un proceso indiscriminado de informaciones, si van a establecerse formas de vigilancia y participación ciudadanas de los bancos de datos públicos y privados o éstos van a quedar al margen de cualquier control por parte de las personas o colectividades afectadas.
es catedrático de Filosofia del Derecho de la Universidad de Sevifia. Miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Análisis, Lógica e Informática Jurídica. Consejero científico de la revista internacional Informatica e Diritto.
