El convenio

LAS CORTES han votado, con escasa oposición, la ratificación del Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre EE.UU. y España. Los trámites legales están cumplidos. Pero el tema merece aún algunas reflexiones. No se ha dado una explicación convincente de por qué se ha aplicado un procedimiento de urgencia, soslayando un debate parlamentario en profundidad, que sólo se hubiese podido realizar en la Comisión de Exteriores de las Cortes. El Protocolo (último documento sometido a ratificación) fue firmado el 24 de febrero; había pues tiempo suficiente, sin poner en peligro el tope del 21 de mayo, para una discusión más seria. Lo que las Cortes acaban de votar, con evidente. precipitación, es una cuestión de suma importancia; riada menos que la permanencia, con uno u otro nombre (se ha pasado de facilidades a uso de instalaciones de apoyo) de las bases militares norteamericanas que existen desde 1953; incluída la de Torrejón, tan próxima a la capital. Los comentarios de Fernando Morán ante la Cámara, y los que hizo Felipe González concluido el debate, confirman que al Gobierno le era incómodo defender un texto heredado básicamente de la etapa Calvo Sotelo.No es plenamente válido el argumento de que la única opción para España era romper la negociación con EE.UU o aceptar el texto que habían firmado Pérez LLorca y Todman. El texto del Convenio, al no haber sido ratificado por las Cortes, estaba sujeto a la eventualidad de una renegociación; sobre todo al producirse un cambio, no sólo de Gobierno, sino de mayoría parlamentaria -la firma de los gobiernos se había producido en julio pasado- EE.UU. tiene una larga y admirable tradición parlamentaria y a nadie hubiese extrañado que España hubiera intentado al menos esa renegociación.

Si se compara el Tratado que Areilza negoció y firmó en 1976, y el Convenio firmado por Pérez Llorca en julio de 1982 (que acaba de ser ratificado) no está nada claro que el segundo sea mejor, como se ha pretendido decir por las autoridades españolas; en algunos casos parece lo contrario: se acentúan los aspectos directamente militares, incluso en el título del documento, al que se ha añadido la palabra defensa que no figuraba en el título del Tratado de 1976. Todo indica que el gobierno socialista optó por el máximo de continuidad y el mínimo de cambio en esta cuestión. Pero no hay de qué extrañarse si se tiene en cuenta que ya había adoptado la decisión poco frecuente de confiar la principal Embajada de España, la de Washington, a un alto cargo político del gobierno Calvo Sotelo: el antiguo Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gabriel Mañueco, que negoció el Convenio con EE.UU. en nombre del gobierno de UCD. Todo un ejemplo de incoherencia respecto a las promesas socialistas durante la campaña electoral.

Lo único que el Gobierno actual ha agregado al documento ha sido el protocolo firmado en febrero por los señores Morán y Todman, adicíón de escasísima sustancia: repite un artículo que ya figura en el Convenio sobre la posibilidad de iniciar un procedimiento de revisión y clarifica, punto este interesante, que la firma del Convenio no prejuzga la integración militar de España en la OTAN. Pero respecto al convenio mismo puede decirse que los diputados del PSOE no han hecho sino dar el visto bueno -hasta con expresiones de satisfacción- al trabajo realizado por Calvo Sotelo y Pérez Llorca.

Algunas otras cuestiones del texto merecen reparos: la garantía de que España siga siendo un país sin armas nucleares no está satisfactoriamente explicitada. Se dice que el almacenamiento e instalación de armas nucleares en territorio español "quedará supeditado al acuerdo del Gobierno español", pero ¿qué clase de país seríamos si se pudiesen colocar aquí armas nucleares sin acuerdo del Gobierno español? Sobre las armas nucleares en aviones, hay una declaración unilateral firmada por Pérez Llorca, en una carta al embajador Todman, diciendo que "es política del Gobierno español" que no sobrevuelen España aviones con armas nucleares, a lo que el embajador Todman contesta que los EE.UU. toman nota y respetan la política del Gobierno español... Esta serie de ambigüedades permite decir que la posición española, contraria a la existencia de armas nucleares en su suelo, no ha quedado definida de modo clarg y rotundo. Si a este hecho añadimos el más irritante de la presencia de una base de la OTAN en Gibraltar no sometida a desnuclearización, bien puede dudarse de la posibilidad de que en un futuro no lejano el despliegue o almacenamiento de cohetes tenga también lugar en nuestro país.

Todo ello plantea la conveniencia de que el Gobierno examine qué medidas puede adoptar para clarificar la posición de nuestro país. Un paso importante sería resolver la cuestión aún pendiente de la firma por España del Tratado de no proliferación de armamentos nucleares. Esa firma, favorecida por los Estados Unidos y otros países aliados, podría ser la ocasión de una declaración solemne, no sólo del Gobierno, sino del Parlamento, especificando que España rechaza la existencia de armamento nuclear en su territorio, o el tránsito por él. Una orientación de este género permitiría además estudiar con Portugal una iniciativa encaminada a garantizar la desnuclearización de la Península Ibérica. Cuestiones todas ellas que se han hurtado a un debate sereno y en profundidad en las Cortes españolas en ocasión de la ratificación del convenio con los Estados Unidos. Otra vez será.