Cooperación de la acción pública y privada en el campo social
En el capítulo del programa de UCD dedicado a reformas se contempla la mejora de la Administración pública, el perfeccionamiento de un sistema educativo que conjugue oferta pública y privada, protagonismo cultural de la sociedad y el individuo, con apoyo del Estado, y un sistema sanitario mixto, de entidades públicas y privadas. El programa contiene tam bién un amplio apartado de medidas sociales, sobre la familia, la mujer, el medio rural, la juventud y los sectores marginados.Se pretende hacer una Administración pública moderna y eficaz, mediante la reorganización de la existente, modificando, fusionando o suprimiendo organismos de bajo rendimiento o escasa utilidad. Se propone mantener los cuerpos nacionales de funcionarios en el marco de la regionalización, aplicar "con firmeza" la ley de Incompatibilidades, celebrar inmediatamente elecciones sindicales, simplificar el sistema retributivo y profesionalizar los cargos hasta el nivel de director general, inclusive.
El sistema educativo propuesto parte de "un gran acuerdo nacional, que supondría asumir positivamente la participación del sector privado" y "asegurarle una financiación adecuada, con los necesarios controles que los poderes públicos establezcan. Se garantiza la autonomía universitaria y la existencia de universidades privadas, "exentas de privilegios, pero no discriminadas".
En el sistema sanitario deberán integrarse entidades públicas y privadas, organizando la inspección del Estado. Se promete fomentar la medicina preventiva, la posibilidad de elegir médico y le educación sanitaria.
El programa propone también potenciar la solidaridad, en primer lugar frente a los efectos de la crisis económica. Así, se propone una política de protección de la familia en los ámbitos educativo, de sanidad, consumo, de vivienda y legal. Entre otras medidas, se plantea modificar el tratamiento fiscal a la familia y establecer el derecho de la mujer a crear derechos pasivos de Seguridad Social. La planificación familiar es competencia privada, aunque el Estado crearía una red de orientación.
Otros proyectos son proteger el modo de vida del agricultor y elevar su nivel de rentas; construir más de 350.000 viviendas al año y permitir su adquisición con el 25% del salario familiar; protección del consumo mediante, entre otras medidas, la aprobación de una ley del Estatuto del Consumidor; lucha contra la discriminación de la mujer, atención a los jóvenes, emigrantes, tercera edad -tendencia a equiparar las pensiones al salario mínimo-, minusválidos, menores y marginados.
