El PSOE denuncia la infrautilización de la ley de trasplantes
Las Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) han denunciado últimamente el "grave problema sanitario que sufre el país ante la situación de más de 6.000 insuficiencias renales en tratamiento de hemodiálisis periódica". Sobre este mismo problema ha sido presentada una pregunta parlamentaria al Gobierno sobre la "congelación del número de riñones artificiales de la residencia sanitaria de la Seguridad Social de Avila en beneficio de la instalación de riñones artificiales en la clínica privada Santa Teresa". Y el PSOE informará hoy sobre su alternativa de partido ante la situación de los enfermos renales, "en medio de una infrautilización de la ley de trasplantes y negocios relacionados con la hemodiálisis".Veinte mil millones de pesetas supondrá a la Seguridad Social en 1982 el coste de esta enfermedad, según cifra ALCER, que ya en 1976 reivindicó un Plan Nacional para la racionalización de la hemodiálisis.
Según esta entidad asociativa, la concentración de puestos de diálisis en unas cuantas ciudades obliga a continuos desplazamientos de los enfermos y a considerables gastos; no se han fijado normas de estandarización de la calidad mínima de las prestaciones, ni de los precios concertados con el sector privado, ni se ha fomentado la diálisis dimiciliaria.
Entre tanto, y desde que en 1979 se promulgara la ley de trasplantes, las cifras de trasplantes son bajas en España, comparativamente con otros países. Así, en 1980 se realizaron 283 trasplantes de riñón, que cubren un tercio de las necesidades de nuestro país. El cómputo de ocho extracciones de riñón por millón de habitantes en España, frente a 16 en Francia, 20 en Italia y 25 en Suiza, no es achacable, según Alcer, a falta de generosidad de los españoles, sino a que están peor informados. El Ministerio de Sanidad, así como la Comisión Asesora de Trasplantes, se muestran hasta ahora incapaces de potenciar la calidad y cantidad de trasplantes, así como de evitar que la diálisis siga siendo tan rentable para algunos sectores, manteniendo en conjunto una situación perjudicial para los, casi siete mil enfermos de este tipo que se cuentan en España.
Un informe recientemente elaborado a instancias de la citada asociación señala que un trasplante renal cuesta aproximadamente 600.000 pesetas, mientras que el coste de la diálisis oscila entre 15.000 y 20.000 pesetas por sesión, precisando cada enfermo tres sesiones a la semana, lo que arroja una cifra de 2.400.000 pesetas por enfermo al año en gasto de diálisis.
Hay 32 centros hospitalarios en España capacitados para realizar trasplantes. Sin embargo, su actividad en este campo es muy escasa.
Frente a la situación del trasplante, el desarrollo de la diálisis ha abocado a la situación denunciada por ALCER y el PSOE. Una situación, al parecer, ribeteada de irregularidades, sobre la que ahora salta el caso concreto de una presunta congelación en el suministro de riñones artificiales a la residencia sanitaria de la Seguridad Social de Avila, según plantea en una pregunta parlamentaria al Gobierno el diputado socialista Ciriaco de Vicente. Dicha congelación parece estar relacionada con el hecho de que una clínica privada de esa ciudad, la clínica Santa Teresa, vaya a contar próximamente con la instalación de un riñón artificial. La demanda de los enfermos renales a los que se da tratamiento en la residencia sanitaria de la Seguridad Social es superior a la capacidad de ésta para llevar a cabo el tratamiento.
No obstante, la junta de gobierno de la citada residencia no aceptó la petición de los médicos adjuntos de la Unidad de Hemodiálisis de ampliar en ocho el número actual (cuatro) de riñones artificiales de que dispone, sino que la redujo a cuatro. Pese a esta reducción, tampoco se han realizado las obras para dar acogida al nuevo instrumental.
