La abstención de los socialdemócratas escindidos de UCD provoca una derrota del Gobierno en el Congreso

La abstención de cinco diputados de Acción Democrática, grupo socialdemócrata escindido de UCD hace algunas semanas, provocó ayer la primera derrota del partido del Gobierno en el Pleno del Congreso que debate el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1982.

La actitud adoptada por los diputados fieles a Francisco Fernández Ordóñez fue considerada como la primera advertencia seria de este grupo al Gobierno de Calvo Sotelo y a su partido, y plantea serias dudas sobre su comportamiento inmediato en los debates relativos a las modificaciones que pretende introducir UCD en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este impuesto es una pieza clave de la reforma fiscal efectuada por el líder de los escindidos en su etapa de ministro de Hacienda.El Gobierno pretendía prorrogar hasta Finales de 1982 la suspensión de los efectos económicos previstos por una ley de 1978. Esta ley reconocía a los funcionarios, a efectos de trienios, los servicios prestados a la Administración con anterioridad en calidad de personal contratado. Nada más aprobarse la ley, en la época de Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda, mediante un decreto-ley, se suspendió la entrada en vigor de los efectos económicos de la misma hasta agosto de 1982. UCD pretendía ahora prorrogar hasta final de año tal suspensión. El triunfo de las enmiendas de supresión, patrocinadas por comunistas y socialistas, supondrá la descongelación de estos trienios y un incremento de gasto -según fuentes de Hacienda- de unos 8.000 millones para el próximo año.

La derrota de UCD, que causó consternación y nerviosismo difícil de disimular en el banco azul (en el que se encontraban el presidente, Calvo Sotelo, y el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros) se produjo por un margen de cuatro votos. Minutos antes, en un ambiente de confusión por la continua entrada y salida de diputados, el marcador electrónico daba un escrutinio ligeramente favorable al Gobierno: 140 votos a su favor, 137 en contra y 5 abstenciones. La repetición de la votación a petición de los socialistas, que se hizo con las puertas del hemiciclo cerradas y haciendo recuento directo (levantándose los diputados por filas de escaños) deparó la sorpresa: UCD, con el apoyo de Minoría Catalana, sólo consiguió 129 votos a favor del proyecto de ley, mientras que las tesis de socialistas y comunistas conseguían un respaldo de 133 votos (minoría vasca y andalucistas los apoyaron) y ocho diputados se abstuvieron.

Entre éstos estaban Alfonso Osorio y Antonio Senillosa, por Coalición Democrática; Díez Piniés, por el Grupo Mixto, y los socialdemócratas Javier Moscoso, Carmen Solano, Antonio Fernández Quirós, María Dolores Pelayo y Eduardo Moreno.

Los diputados socialdemócratas que se abstuvieron explicaron a EL PAIS que no lo hicieron con intención de derrotar al Gobierno -a este respecto, recordaron las numerosas ausencias de diputados de UCD-, sino únicamente por coherencia con sus posiciones políticas, ya que UCD congelaba de hecho una ley aprobada cuando Francisco Fernández Ordóñez era ministro de Hacienda.

Aviso para futuros temas

El Gobierno, según fuentes próximas al mismo, tampoco se mostró excesivamente disgustado por el asunto en sí, aunque sí por lo que podría suponer de aviso para otros temas importantes del debate de los presupuestos, especialmente en las modificaciones que pretenden introducirse en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

El grupo socialdemócrata considera que esta medida va en contra del espíritu progresivo de la reforma fiscal, por lo que en principio «estamos inclinados a votar con la izquierda, que se opone a la medida propuesta por el Gobierno». El diputado Eduardo Moreno, en concreto, manifestó que no sabía lo que harían, pero que su corazoncito estaba con las tesis socialistas. El temor, a la vista de la derrota del Gobierno, se reflejó en las conversaciones que a lo largo de la tarde mantuvo el Ejecutivo con los diputados socialdemócratas escindidos.

Concretamente, el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, y el ponente centrista en los presupuestos, José Manuel García Margallo, mantuvieron en los pasillos del Congreso una conversación con varios miembros del grupo socialdemócrata, entre ellos Javier Moscoso y Carmela García Moreno. Esta última manifestó después que les habían explicado las razones técnicas de la propuesta del Gobierno. El tema sigue abierto.

Al margen de la derrota mencionada, el pleno dictaminó, prácticamente sin ninguna modificación sustancial, los artículos referentes a las retribuciones de funcionarios y personal laboral al servicio de la Administración.Las retribuciones de funcionarios, según el proyecto de ley, se incrementarán en 1982 en un 8 %,más un 1%.correspondiente a productividad. Alfonso Osorio, en nombre de CD, pretendió infructuosamente un mayor incremento de las retribuciones básicas, en detrimento de las complementarias. Carlos Gasoliva, portavoz de Minoría Catalana, tampoco consiguió una autorización excepcional para incrementar los salarios de funcionarios de las Corporaciones locales por encima del 9%, cuando sus niveles actuales de retribución sean inferiores a los de igual categoría al servicio del Estado.

Fernando Pérez Royo, por el Grupo Comunista, propuso una nueva tabla de retribuciones básicas para adecuar éstas, en su extremo inferior, al salario mínimo interprofesional. También propuso una racionalización de las retribuciones complementarias, eliminando conceptos que no corresponden a la realidad y congelando sus cuantías.

Retribución de los altos cargos Enrique Barón, por parte de los socialistas, propugnó que los ministros, altos cargos y miembros de los organismos constitucionales que perciban complementos de dedicación absoluta «no ejerzan ninguna otra actividad pública o privada remunerada, ni perciban las retribuciones correspondientes, que éstas procedieran de arancel». Para las personas citadas y para los funcionarios con dedicación absoluta, añadió que «cuando por razón de cargo deban ocupar puestos en consejos de empresas públicas u otros organismos, en representación de los . intereses generales, la remuneración que pudiera corresponderles se ingrese directamente en el tesoro».

Ninguna de estas enmiendas prosperó y tampoco la pretensión socialista de terminar con las pensiones vitalicias de los ex ministros. UCD defendió la concesión que ya había hecho en la Comisión de Presupuestos de congelar la cuantía de estas pensiones y fijar un plazo de dos años para su desaparición.

A la hora de cerrar esta edición, el Pleno del Congreso debatía los artículos correspondientes a las Corporaciones locales, y socialistas y centristas aguardaban la redacción de una enmienda transaccional sobre uno de los puntos más controvertidos de este Presupuesto: la fijación de un tope del 7,5% para los gastos de los municipios en 1982. Socialistas, comunistas y minorías nacionalistas estiman que este tope es inconstitucional y atenta contra la autonomía municipal.