50 reclusos de la cárcel de Valencia denuncian las "condiciones inhumanas" del centro
A raíz de los incidentes ocurridos en la prisión de Valencia el domingo día 3, al negarse parte de los reclusos de la segunda galería a coger el rancho de la prisión, unos cincuenta reclusos han denunciado ante el juzgado los malos tratos a que fueron sometidos por aquellos hechos y las deficientes condiciones de habitabilidad en que viven dentro del recinto penitenciario.La denuncia, que fue pasada por las galerías para su firma, a espaldas de los funcionarios, señala que «el hecho de haber sido sancionados con penas privativas de libertad no presupone en absoluto que esa privación de libertad, por sus circunstancias inhumanas, añadan un plus a la pena que el tribunal sentenciador haya dictado». En su preámbulo señala también: «Bastante penoso es de por sí el mero hecho de la privación de libertad, para que la falta de instalaciones adecuadas y la no aplicación de las reglamentaciones penitenciarias vengan a establecer una nueva pena no prevista en el ordenamiento jurídico español».
La denuncia apela al artículo 15 de la Constitución, que niega el uso de penas o tratos inhumanos o degradantes. Estos se producen en la prisión de Valencia, según los denunciantes, por las malas condiciones del recinto. «En la prisión de hombres de Valencia», dice el texto de la denuncia, «con capacidad máxima de cuatrocientos internos, se encuentran en este momento más de mil, siendo la situación absolutamente inhumana por falta material de literas, incluso de colchonetas, habiéndose dado casos de hacinamiento absolutamente inconcebibles. Instalaciones sanitarias, duchas, servicios higiénicos y patios se manifiestan totalmente insuficientes para la población interna». La denuncia continúa diciendo: «El problema se convierte en pesadilla en la cocina, por la falta de utillaje y vajilla, que es adecuada sólo para la capacidad máxima de cuatrocientos internos».
En otro momento la denuncia hace referencia a los hechos del domingo día 3 y la necesidad de llamar la atención ciudadana. «Forzados a permanecer semidesnudos, con intervención de la policía antidisturbios, recluidos en celdas de castigo la mayor parte de los que consideran cabecillas, porque hemos agotado los medios reglamentarios a nuestro alcance en petición de que se mejorase nuestro sistema de vida, sin la menor reacción por parte de las autoridades carcelarias, queremos llamar la atención de la ciudadanía». Se pide el esclarecimiento de los hechos, y circunstancias, así como su comprobación, para que se cumpla la ley orgánica general penitenciaria de 26 de septiembre de 1979, que no está en vigor «por carecer de reglamento de desarrollo».
Opinión de la dirección
En relación al contenido de la denuncia y frustrado motín, el director de la cárcel, Juan Salcedo, accedió a efectuar unas declaraciones después de haberlo intentado sin éxito días atrás. Según informó, la actual población reclusa, de 975 presos, supera más del 100% la capacidad del recinto, que se proyectó en 1903 para cerca de quinientos reclusos repartidos en cuatro galerías. En la actualidad las cuatro están ocupadas, si bien, con un presupuesto facilitado por la dirección general de instituciones penitenciarias, se van a reparar la primera, de menores, y la segunda, de preventivos sin trabajo. «Colchones no nos han faltado nunca», asegura. «Camas nos faltaban cuando llegaban conducciones periféricas». Reconoce que en las celdas conviven varios presos por falta de espacio y ello hace que «los insanos creen problemas a los presos normales».El señor Salcedo, que antes de ocupar este puesto, en octubre de 1978, se encontraba en la prisión de Málaga, asegura que no se han tomado represalias especiales contra los presos implicados en los incidentes reseñados. «Fue un estallido un tanto inesperado, y además organizado por una minoría. El hecho es que cuando se dijo "no tomar comida", la inmensa mayoría lo ignoraba. Hubo un grupo que coaccionó». Asimismo manifiesta que sólo veintidós, de cerca de cuatrocientos reclusos, han sido separados a la tercera galería, la más segura porque cuenta con puertas de hierro, «cabe el error humano de que incluso se nos haya pasado alguno de los que realmente participó».
Por otra parte señala que la policía antidisturbios «se limitó a respaldar a los funcionarios», quienes fueron repartiendo la comida celda por celda al haber sido boicoteado por los reclusos el reparto colectivo de la paella dominical. Juan Salcedo reconoce que la plantilla de 98 funcionarios, incluidos servicios administrativos, es insuficiente para atender a mil presos. «Ha habido domingos que nueve funcionarios debían cuidar todo el recinto».
En relación con las represalias denunciadas familiares de los presos aseguran que una madre lleva ocho días sin poder comunicar con su hijo, aquejado de desequilibrios psíquicos, sin que se le explique la razón de esta incomunicación que podría estar relacionada con los incidentes últimos.
