Ex directora del diario "Egin", juzgada por apología del terrorismo
Mirentxu Purroy, ex directora del diario Egin, de San Sebastián, compareció ayer a juicio ante la Audiencia Nacional, acusada de un delito de apología de terrorismo, por el que el fiscal solicita un año y un día de prisión. La causa contra la ex directora del citado diario vasco tiene su origen en un anuncio publicitario hecho público en la edición de Egin del 9 de agosto de 1979. Según el ministerio fiscal, en el anuncio se vertían frases de exaltación de grupos de carácter organizado e incluso se animaba al pueblo vasco a la lucha armada.
En el interrogatorio, la periodista declaró que el anuncio publicitario fue insertado en el periódico sin su conocimiento y que provenía del departamento de publicidad de Bayona (Francia). Agregó, asimismo, que no tuvo conocimiento del asunto hasta que en enero de 1980 fue citada por el juzgado de San Sebatián y que, tras cesar como directora de Egin, decidió trasladarse a vivir a Pamplona, ciudad de la que es natural.Indicó también que se encontraba en esta ciudad cuando fue decretada su busca y captura por el juez de San Sebastián y que, tanto la policía como los jueces de instrucción de Navarra, conocían su paradero en Pamplona, debido a la protección que había solicitado a raíz de un intento de ametrallamiento por parte de grupos ultraderechistas y a las denuncias por amenazas que presentó en el juzgado.
Después de la vista del juicio, la ex directora de Egin declararía a los periodistas que Ias amenazas provenían del Batallón Vasco Español y de la Triple A.
El abogado defensor solicitó, por su parte, la libre absolución de su patrocinada y destacó la importancia de este juicio para la profesión periodística, por enjuiciar la cuestión de si el director de un periódico es responsable de todo lo que se publica en su interior, aun en el caso de que no hubiera accedido a la inserción de un texto determinado. Con anterioridad, la procesada había hecho hincapié en la dinámica diaria de la elaboración de un periódico, que impide conocer el contenido completo de todos los textos, anuncios comerciales incluidos.
Tras excluir la voluntad de su defendida en la publicación del anuncio comercial, el abogado defensor citó el artículo 32 del proyecto de Código Penal remitido por el Gobierno al Congreso, que en síntesis señala que la responsabilidad criminal por autoría, en relación con un escrito impreso, depende del conocimiento que los autores tengan del contenido.
Durante su interrogatorio, la procesada no concretó nunca la persona o personas que gestionaron directamente desde Bayona la inserción del anuncio.
