Se pide al Congreso de los Diputados que investigue las denuncias sobre corrupción en el bingo
Jesús Sánchez Cañete, secretario general del SIJ, volvió lanzas ayer hacia el Ministerio del Interior. Jesús Sánchez Cañete amplió muy poco sus declaraciones anteriores, sobre las que volvió a ratificarse, y se negó en rotundo a «dar nombres, pues desvelar las responsabilidades concretas corresponde a las autoridades», aclaró. Sin embargo, se decidió a reseñar las infracciones más importantes, presuntamente cometidas por veintiuna empresas de bingo, según consta en la denuncia del SIJ al Ministerio del Interior, presentada el 23 de junio pasado.
Tales infracciones se refieren a irregularidades en el depósito del capital social reglamentado para la constitución de las empresas de bingo, a las altas y bajas del personal sin conocimiento de éste y a manipulaciones de bola y libro. Otras infracciones, también denunciadas, se refieren a contratos de las empresas con las entidades benéficas titulares de la licencia de. explotación del bingo y a la distribución de los beneficios a estas entidades.El señor Sánchez Cañete, a la pregunta sobre si es posible que las corrupciones que él denuncia tengan como causa la corrupción de personas de la Administración, contestó: «No puedo responder, pero por algo se ha presentado hoy la petición de que sea el Congreso de los Diputados quien investigue este tema».
El secretario del SIJ dio cuenta de reiteradas denuncias presentadas «antes de que el señor Rosón nos llamara para lo que creíamos que iba a ser un diálogo y sólo fue un dar órdenes por su parte». La primera, «que presenté a título individual, pues aún no se había creado el SIJ, fue al gobierno civil, el 14 de abril de 1978, sobre alteración y falsificación de documento público en el bingo de Mensajeros de la Paz, de la calle del Doctor Cortezo, y no he tenido respuesta». Posteriormente, el señor Sánchez Cañete reconoció haber trabajado en esta sala, así como que había sido clausurada, y aprovechó para dar más datos sobre esta empresa. Fueron los únicos nombres propios o jurídicos que se le oyeron. Manifestó en este contexto haber sido requerido por la Brigada Especial del Juego para ampliar diligencias «y hasta ahora, en que sigo sin saber nada».
Amenazas de muerte
Otras denuncias escritas, ya presentadas por el SIJ, las concretó su secretario general en las siguientes: sobre las amenazas telefónicas de muerte que había recibido, el 14 de agosto, a la Dirección de la Seguridad del Estado, y petición de protección o de concesión de licencias de armas; al gobierno civil, con copia al Ministerio del Interior, sobre qué pasó con la denuncia efectuada en 1978 contra el citado bingo; a la Delegación de Trabajo, el hecho de que a varios miembros de la directiva del SIJ se les prohíbe la entrada en bingos de empresarios que han firmado el convenio estatal; otro escrito sobre lo mismo, el pasado 6 de mayo, al gobierno civil; presentación, prevista para el día de hoy, de una denuncia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de violación de los derechos de los trabajadores del bingo; a Hacienda, el pasado día 30 de junio, solicitud de investigar la vida y actividades del señor Sánchez Cañete y su esposa, al tiempo qué las de los miembros de la junta directiva de la Asociación Empresarial del Juego (Aseju). «Mi esposa», precisó, «es titular de la empresa que regenta el bingo Sarabris, en Medina del Campo, cuya licencia nos fue concedida cuando alguien quiso que me apartara de la actividad sindical».
El señor Sánchez Cañete considera que los errores que dan origen al cúmulo de irregularidades que suponen una «adulteración del sistema, lo cual es lo que yo llamo corrupción» se deben a que la Comisión Nacional del Juego «carece del personal y los medios técnicos necesarios para inspeccionar las cuentas y controlar como es debido lo reglamentado». «La Brigada Especial del Juego debería estar integrada por inspectores de Hacienda y Trabajo, además de policías».
«Sabríamos todo, y todo quedaría claro», dijo, «si el ministerio fuera capaz de explicar las multas impuestas y sus pagos, la cantidad global de los beneficios obtenidos y las cantidades destinadas a las entidades benéficas, deportivas o culturales; el número de carnés concedidos y el número de puestos de trabajo ocupados durante un año. Hay entidades que están recibiendo 200.000 pesetas mensuales cuando en la sala de bingo, con licencia de asociación deportiva, se están vendiendo cartones por importe de setenta millones de pesetas al mes». Y añadió: «Sin embargo, el señor Rosón nos dijo que, en vez de denuncias en la Prensa, hubiéramos recurrido a los juzgados, y que basta de comunicación con la Prensa».
El señor Sánchez Cañete manifestó su alegría porque «UGT no haya firmado el convenio estatal que sí ha firmado CC OO, con el cual se pretende mantener la denigrante situación de los trabajadores y de cuya negociación fue excluido el SIJ».
Informes poco favorables
Fuentes oficiales consultadas por EL PAIS tras las manifestaciones del señor Sánchez Cañete apuntan la existencia de informes policiales «poco favorables sobre las actuaciones que, como trabajador y empresario en el bingo, ha desarrollado el secretario general del SIJ, por lo que no hay mucha confianza en que realmente pueda aportar pruebas que avalen sus denuncias».
