El nombramiento de catedráticos de universidad, un revulsivo para el Parlamento
La convivencia y buen hacer de todos los órganos de la comunidad universitaria están gravemente afectados por problemas de origen político y administrativo, y el potencial académico continúa siendo mutilado por incompatibilidades de escuela y actitudes gremialistas que encuentran en nuestra universidad actual un rico caldo de cultivo para su desarrollo. Connotaciones de esta enfermedad han podido ser apreciadas recientemente en el curso del expediente de nombramiento directo de catedráticos, con síntomas en los que, una vez más, la prueba de las raíces políticas, más que de las científicas, parece haber sido positiva. Esto, al tiempo que es extremadamente desesperanzador, debe servir para aleccionar a quienes, alguna vez, hayan confiado en que la capacidad endógena de cambio de nuestra universidad es suficiente.El caso del profesor Castilla del Pino, que es el que mejor conozco, ilustra la dificultad para franquear las puertas de la universidad a determinadas escuelas de pensamiento y pone de manifiesto la dureza con que han cristalizado unos mecanismos de control capaces ya de reproducirse dentro del recinto universitario e incompatibles con las aspiraciones democráticas tanto de una buena parte de la universidad, que no participa en ellos, como de la sociedad, a la que también se mantiene al margen.
El prestigio del profesor Castilla ha sido públicamente reconocido por su Universidad de Córdoba, tanto por parte de cargos unipersonales, el decano de la facultad de Medicina, como por parte del órgano colegiado de máxima responsabilidad en el distrito, la junta de gobierno. El profesor Castilla no ha rehuido el sistema de oposiciones para alcanzar por vía ordinaria el grado de catedrático numerario, y las pruebas que realizó han venido a significar, al cabo de los años, una demostración palpable de los peores vicios de dicho sistema. Sorprende por ello su tenacidad para luchar contra tal monstruo, creado y mantenido por cancerberos en posesión de la verdad, dueños de los controles que aseguran la pureza del estamento y protegidos por una legislación que les asegura el ejercicio de todos los cargos directivos de importancia, incluidos los de representación de las universidades ante el Consejo de Rectores.
Un reciente real decreto ha querido lubricar el mecanismo de acceso por vía extraordinaria, pero los controladores de la máquina conocen bien el procedimiento de pararla allí donde no se cumple un criterio de calidad de cuarenta años. Tan largo túnel de tiempo explica que débiles rayos de luz nos hayan podido deslumbrar, pero al cabo volvemos a tropezar con la cruda realidad de que los mecanismos que creíamos disponibles están demasiado oxidados. Ataduras bien trenzadas han dado al traste con las esperanzas que el Ministerio de Universidades e Investigación y algunas universidades habían depositado en la vieja máquina, que no ha logrado que la categoría académica y la toma de posición política puedan seguir sendas independientes.
Organos de difusión pública se han hecho eco en estos días del informe que el Consejo de Rectores ha dado sobre destacados científicos y personalidades del mundo de la cultura propuestos por diversas universidades para ser nombrados catedráticos. Como se sabe, cinco fueron favorablemente informados y otros cinco no. Quizá no es del dominio público que tan esquelético resultado no está en pro porción con el laborioso y voluminoso expediente que algunas juntas de gobierno, en particular la de la Universidad de Córdoba, han estimado oportuno tramitar para, en primer lugar, hacer uso responsable del real decreto que depositaba en ellas la confianza para pre sentar tal tipo de propuestas y, en segundo lugar, para demostrar con serios argumentos de peso ante el Consejo de Rectores y, en su caso, ante el Gobierno que las corres pondientes propuestas alcanzaban el nivel de dignidad que debe convenir a la institución universitaria.
Cuando, ante el mencionado consejo, me correspondió el honor (y ruego me perdonen la grandilocuencia de tan desgastado tipo de expresión) de presentar la propuesta para el nombramiento de catedrático al profesor Castilla del Pino, hablé de deuda o deber moral por parte de la universidad española. También expuse que la satisfacción de tal posible deuda no podría fácilmente alcanzar el nivel de reciprocidad a que el profesor Castilla se ha hecho sin duda acreedor en el desempeño de las tareas académicas que le han sido encomendadas; asimismo, que el beneficio neto, si cabe hablar en términos económicos, de su función como catedrático será para la Universidad de Córdoba, en primer término, y para la española, en, general. Apoyé mis palabras en el expediente tramitado, que contenía tanto el currículo del profesor Castilla como el juicio crítico que el mismo merecía para autoridades nacionales e internacionales del más elevado prestigio en el campo de la Psiquiatría. Hice observar el largo y minucioso análisis (toda una fuente de investigación sociológica para investigadores del futuro) que la Universidad de Córdoba, a la que, como rector, yo estaba representando, había promovido. En consideración a que tales antecedentes pudieran ser desconocidos, informe de las garantías exigidas por la Universidad de Córdoba para el planteamiento de propuestas en general, rigurosamente cumplidas en el caso particular tratado. Asimismo, me ofrecí a profundizar en los detalles del currículo del profesor Castilla, si así fuera requerido. Al parecer, toda la información que aporté carecía de valor para mostrar la altura científica del profesor Castilla, o fui incapaz de transmitirla con suficiente convicción. O bien se tuvieron en cuenta otros factores.
Quizá los ponentes de algunas propuestas hubiéramos debido prever que, en muchas ocasiones, el concepto de deuda moral no se comprende con facilidad. Quizá, también, que en algunos sectores universitarios han circulado públicos recelos: se ha interpretado que las propuestas de catedráticos por nombramiento directo se convertirían en pruebas de cómo el escalafón llegaría a ser fijado por la Prensa, se ha temido que razones de orden político fueran la base de alguna propuesta y hasta se ha dudado que una iniciativa de profesores no numerarios pudiera dar un fruto de calidad.
Propuesta motivada y negativa arbitraria
Con independencia de lo anterior, que ojalá no haya sido tomado en consideración a la hora de decidir, lo importante es que la propuesta presentada por la Universidad de Córdoba estaba amplia y sólidamente motivada y documentada, lo que contrasta con el escueto resultado que ha conocido la opinión pública. El Consejo de Rectores no ha previsto otra justificación que el gana-pierde de su votación, sin ofrecer ninguna pista sobre la razón de sus decisiones, que sería interesante se diera a conocer a la opinión pública -que, asimismo, debiera conocer el porqué de tantas otras decisiones que afectan a servicios públicos- para que ésta adquiera conciencia cabal de los criterios que presiden esta y otras medidas sobre la universidad. Conocido el resultador de la votación, no es difícil presumir, como ya se ha expuesto en repetidas ocasiones, que el factor prevención fue decisivo para descalificar la mitad de las propuestas. La destreza para producir resonancia a la hora de votar podrá explicar la sintonización necesaria para segregar propuestas que tenían por rasgo común cierta afinidad con sectores ideológicos que no se dejaron enranciar durante los cuarenta años antes aludidos. Hubiera sido preferible que estas interpretaciones a posteriori fueran innecesarias, lo que sólo sería posible si la decisión del Consejo de Rectores hubiera ido acompañada de razones iguales, al menos en número y peso a las que aportamos quienes defendimos cada caso. Creo que la junta de gobierno de la Universidad de Córdoba demostró su capacidad para utilizar el decreto en cuestión mediante un procedimiento abierto, racional y crítico y, por justa reciprocidad y en beneficio de la transparencia, su propuesta debería haber recibido un tratamiento similar en el Consejo.
Ahora que se pide que el Consejo de Rectores reconsidere su decisión (no sólo en sentido positivo, para los casos rechazados, y la Universidad de Córdoba así lo ha hecho, sino incluso en sentido negativo, para alguno de los ya nombrados), es importante que, sí se llegaran a reexaminar los casos. se dote al proceso de decisión de las garantías que requiere.
Al margen de! camino que pueda seguir este asunto, la forma en que hasta ahora ha sido seguido debe hacernos reflexionar sobre la potencialidad de cambio de la propía universidad. La oportunidad de que la universidad española actual pueda resolver con su propia estructura académica el problema de renovación que tiene planteado parece alejarse: los tribunales de opósición y el alto tribunal del Consejo de Rectores así parecen certificarlo. La fábrica capaz de reproducir estructuras ortodoxas ha cristalizado durante demasiado tiempo y no se dispone de diamantes tallados que la rayen. Abandonada a sus propias fuentes de energía, nuestra universidad carece de capacidad de cambio y va camino de convertirse en un cuerpo muerto en el que toda vitalidad acabará por extinguirse a menos que algún agente externo intervenga. Hoy no se vislumbra otro que un Parlamento sensible a los valores permanentes de una auténtica esencia universitaria.
